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El Ministerio de Vivienda y la Fiscalía General de la República (FGR) están trabajando en reformas a la

Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, por «casos duros» que han enfrentado en el proceso de regularización de lotificaciones.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que los equipos técnicos y legales de ambas instituciones se encuentran trabajando en un pliego de reformas a la normativa salvadoreña para casos complicados que han encontrado en las mesas de diálogo con las comunidades.

Uno de los casos «duros» que aún no han podido resolver se refiere a una comunidad que compró lotes en el terreno de un señor que al mismo tiempo les cobraba cuotas por los lotes e hipotecó el terreno al contratar un préstamo en un banco.

«Estamos trabajando en nuevas reformas, ya los equipos técnicos y legales del Ministerio de Vivienda, con los equipos técnicos y legales de Fiscalía para hacer reformas porque tenemos casos duros que resolver».

Michelle Sol, ministra de Vivienda.

Ahora, las autoridades tienen la dificultad para escriturar lotes que pagó la comunidad y que se encuentran en un terreno hipotecado por un préstamo al dueño original del terreno.

La ministra Sol indicó que las reformas irán orientadas a «poderle solucionar a las familias» afectadas por el uso «para dos fines» de ese terreno. «En el pasado, la gente actuaba de mala fe, a propósito para engañar, para robar», afirmó.

Las funcionaria explicó que hubo otras personas y funcionarios involucrados para permitir la hipoteca y señaló al anterior Centro Nacional de Registros (CNR): «Se prestaba a eso».

El Ministerio de Vivienda estima que más de 57,000 lotificaciones se han regularizado, de 350,000 familias afectadas por falta de escrituras de sus terrenos, es decir, el 16.2 %. En 2023, la Asamblea Legislativa reformó la ley para ampliar el plazo de los desarrolladores parcelarios para poder regularizar sus lotificaciones. La organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) aseveró que las reformas «desafortunadamente benefician más a los lotificadores».

La Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 30 de la «Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos», que establecía criterios de priorización para asignar tejidos u órganos a trasplantar a los pacientes, entre ellos la «urgencia clínica» y el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes».

El artículo 30 derogado establecía siete criterios para priorizar la asignación de órganos, pero algunos de estos se retomaron en la reforma al artículo 29 de la normativa, que establece que los trasplantes serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante de cada establecimiento de salud bajo los criterios de «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».

En la ley aprobada en 2022 se detallaba como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó que se modificara el artículo 9 para revivir el criterio de prioridad en niños y adolescentes, por lo que propuso agregar en el artículo 9 de la reforma: «Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes«.

Argumentó que si el criterio se mantiene la ley sería «más garantista para esta población especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables». No tuvo votos.

El Ministerio de Salud emitió, el 15 de noviembre de 2024, su «Política nacional de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos», publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 2024, según la cual uno de los principios será la «equidad», por lo que no atenderá a «consideraciones económicas o de otra índole».

«Las reglas de asignación definidas deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes, valorando a la persona humana, sin importar diferencias económicas, culturales, sociales o de género», indica.

Según el Ministerio de Salud, el país tiene 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases, un 84.7 % en las fases 3, 4 y 5; y se tienen 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, considera que no existe una ley que avale la deportación y posterior reclusión de extranjeros de Estados Unidos a El Salvador, como ambos países practican desde el pasado 15 de marzo, cuando deportaron a 238 venezolanos que se mantienen en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“No hay una legislación aprobada que avale estas actividades. Hoy por hoy no ha venido a la Asamblea Legislativa que le dé un sustento jurídico a esa actividad que el Ejecutivo está realizando con personas extranjeras”, respondió el martes ante preguntas de periodistas sobre las respuestas del vicepresidente Félix Ulloa a un medio francés que lo entrevistó y en la cual aseguró que se trataba de un servicio de alojamiento penitenciario disponible en El Salvador para países extranjeros.

La legisladora también opinó sobre la entrevista que hizo El Faro a dos pandilleros del Barrio 18 que fueron liberados luego de ser arrestados durante el régimen de excepción. «La entrevista vierte información que teníamos previamente por otras fuentes. Quiero mencionar un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando funcionarios del gobierno salvadoreño habían ayudado a escapar a (Élmer) Canales Rivera. Yo insisto en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves», aseveró.

Se refirió a la afirmación que le habría realizado un funcionario a uno de ellos sobre ‘sin cuerpo no hay delito’.

«Vimos durante el 2022, ustedes mismos lo vieron, un incremento de casos de desapariciones alarmante y aunque pedían ayuda del Estado para buscar a los desaparecidos había una gran indiferencia, entonces, cuando menos esto hay que investigarlo. Si a la gente se le han llevado con una llamada anónima cuando no han tenido nada que ver, por un tatuaje artístico, porque es joven, porque andaba en esa comunidad pero no ha tenido nada que ver, bueno, aquí hay más que una llamada anónima, aquí hay señalamientos bien graves que se suman a otros que han estado previamente», insistió la diputada.

Ortiz exigió «justicia para las víctimas de las pandillas, justicia para las víctimas del Estado y justicia para los que son responsables de estos hechos».

¿Qué dice sobre los 900 días sin homicidios según el gobierno?

Un youtuber le preguntó a la diputada qué pensaba de los 900 días sin homicidios durante el gobierno de Nayib Bukele según cifras oficiales.

“Lo que deseamos es que esa tranquilidad y ese menor índice de criminalidad sea sostenible, que no sea frágil como son los pactos entre grupos de crimen organizado, que son cosas que han pasado en otros países y que han pasado en nuestro país con otros gobiernos. Queremos una paz sólida, que no exista violencia, pero también que exista justicia e instituciones que la defiendan de forma independiente y al mismo tiempo políticas de desarrollo para que las causas de la violencia y el crimen no se sigan reproduciendo y las podamos parar de tajo”, respondió la diputada

También le preguntó si estaba contenta con el pasaje de transporte colectivo gratuito anunciado por el Gobierno: “Yo estaría bien contenta si quitan la reserva del proyecto de Los Chorros porque así podríamos servir por qué estamos sufriendo todo este gran relajo que está afectando a toda la población», indicó.