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La Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, calificó este martes como «moralmente inadmisible» la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de intercambiar a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos por igual número de los considerados «presos políticos» del país caribeño.

A través de una carta enviada a la Cancillería de El Salvador, la Administración chavista indicó que la propuesta de «canje ilegal» y «moralmente inadmisible», pretende condicionar la liberación de «personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».

«Tomando en cuenta adicionalmente que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos», añadió.

Asimismo, dijo que la propuesta de Bukele constituye una «aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana».

La Administración venezolana exigió nuevamente la liberación «inmediata e incondicional» de los 252 migrantes deportados por Estados Unidos hasta El Salvador por presuntamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño, y responsabilizó al Gobierno salvadoreño «por cualquier afectación a su integridad física y psicológica».

Igualmente, exigió al Gobierno de El Salvador dar respuesta «inmediata, veraz y completa» a un cuestionario enviado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), «el cual contiene requerimientos fundamentales para la investigación en curso y para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad».

Este martes, Bukele reiteró su propuesta a Maduro de intercambiar a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por igual número de «presos políticos», y reveló que el planteamiento fue trasladado formalmente mediante la Cancillería salvadoreña.

«Le reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería», indicó Buke en X, donde compartió la misiva supuestamente enviada por los canales diplomáticos.

El documento, fechado este 22 de abril, indica que los 252 venezolanos, acusados por Estados Unidos de ser miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua, se encuentran «bajo custodia del sistema penitenciario salvadoreño» y están encarcelados en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Se indica que estas personas «están siendo procesadas por la comisión de varios delitos», sin detallar los mismos y si es bajo jurisdicción de Estados Unidos o de El Salvador.

«En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores (de El Salvador), traslada formalmente una propuesta de repatriación total de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos, condicionada a la liberación y entrega, por parte de Venezuela, de un número igual (252) de personas privadas de libertad por razones políticas en territorio venezolano», indica la nota.

Bukele, además, cuestionó a Maduro en ese mensaje en X: «¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?, ¿No fue usted quien afirmó que haría 'todo lo que fuera necesario' para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?».

Para el Ejecutivo de Maduro, dicha nota constituye «una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales», entre las que mencionó «criminalización colectiva y xenofobia institucional», «negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia», además de «secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal».

El féretro del papa Francisco fue trasladado este miércoles desde la capilla de Santa Marta hasta la basílica de San Pedro, donde permanecerá expuesto hasta la misa funeral prevista para el sábado 26 de abril. La ceremonia fúnebre arrancó a las 9:00 de la mañana (1 am de San Salvador) con una procesión solemne encabezada por cardenales, escoltada por la Guardia Suiza y acompañada por miles de fieles.

El ataúd, de madera y con diseño sencillo, fue llevado a hombros por los sediarios pontificios desde la residencia del pontífice, recorriendo la plaza de Santa Marta y la de los Protomártires Romanos hasta ingresar a la basílica por la puerta central. Durante el trayecto, los asistentes coreaban salmos y las campanas doblaban, mientras más de 20,000 personas aplaudían al paso del cortejo fúnebre, según cifras del Vaticano.

En el interior del templo, el féretro fue ubicado sobre una pequeña plataforma frente al altar de la Confesión, junto a la tumba de San Pedro y bajo el emblemático baldaquino de Bernini.

El cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, esparció agua bendita sobre el féretro con los restos mortales y después leyó: «Con gran conmoción acompañamos los restos de nuestro querido papa Francisco desde esta capilla a la basílica vaticana, donde ha ejercido su ministerio como obispo de la iglesia de Roma y apóstol de la iglesia universal».

El sencillo féretro de madera de Francisco se ha ubicado a nivel casi del suelo, sobre una pequeña plataforma, en el altar de la Confesión y ha sido bendecido con agua bendita. Posteriormente, el cardenal camarlengo presidirá la Liturgia de la Palabra, al final de la cual comenzarán las visitas al cuerpo del Pontífice, que será velado hasta la misa funeral el próximo sábado 26 de abril, a las 10.00 horas, y será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re.

A partir de las 11:00 de la mañana (3:00 a. m., hora de El Salvador), se permitió el acceso de los fieles al interior de la basílica para rendir homenaje al Santo Padre, cuya vida pastoral concluyó el 21 de abril. En el acto estuvieron presentes cardenales, arzobispos, obispos, miembros del Coro Pontificio, y funcionarios del Vaticano.

El funeral de Francisco será presidido por el cardenal Giovanni Battista Re y contará con la presencia de líderes internacionales. Entre los jefes de Estado y de Gobierno que han confirmado su presencia se encuentran el presidente estadounidense, Donald Trump, sus homólogos argentino y francés, Javier Milei y Emmanuel Macron, respectivamente, además de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, reconoció este martes que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las elecciones judiciales del 1 de junio se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes.

«Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)», declaró Fernández Noroña a medios, aunque no precisó cifras ni nombres.

Ante este escenario, Fernández Noroña llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) de México a cancelar sus registros.

«Y no deberían esperar a que haya sido la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen», añadió.

Además, consideró que “sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática (llegue a ser juez o magistrado)».

Por ello, remarcó que «debería ser antes de la elección cuando tomen esas determinaciones».

Fernández Noroña aceptó que los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo fueron los responsables de hacer esa revisión «y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla (doble intención), pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo».

«Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral», finalizó.

La elección judicial del 1 de junio, a la que están llamados un récord de 99,7 millones de votantes, permitirá a 3,422 ciudadanos competir en unos comicios por uno de los 881 cargos en juzgados, tribunales, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las campañas para la polémica elección están en marcha, durarán 60 días hasta el 28 de mayo, en medio de alertas de la oposición, de organismos internacionales, de actuales jueces y de asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.