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El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) salió en las últimas horas en defensa de la Universidad de Harvard en su pulso con la Administración Trump, que en la noche del lunes congeló $2,200 millones de fondos federales para la institución académica después de que ésta se negase a plegarse a las exigencias del gobierno sobre programas de diversidad o antisemitismo.

En su cuenta de X, Obama reposteó un mensaje del presidente de Harvard, Alan Garber, que decía que «ningún gobierno, del partido que sea, puede dictar a las universidades privadas qué enseñar, a quién admitir, a quién contratar y qué materias de investigación seguir».

Para Obama, Harvard «ha brindado un ejemplo para otras instituciones educativas superiores: rechazar las tentativas torpes e ilegales de sofocar la libertad académica», y en lugar de eso ha preferido garantizar a sus estudiantes «un entorno de curiosidad intelectual, debate riguroso y respeto mutuo».

Y concluye: «Esperemos que otras instituciones sigan su ejemplo», una alusión apenas velada a otras universidades también amenazadas con retirada de fondos federales y que, en algunos casos llamativos con el de la Universidad de Columbia en Nueva York, han adoptado una actitud mucho más complaciente con las exigencias del gobierno de Trump.

La Universidad de Harvard aseguró este lunes a la Administración Trump que seguirá combatiendo el antisemitismo en su campus como ha reclamado pero no aceptará sus demandas para evitar el recorte de fondos, que «invaden libertades universitarias reconocidas desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema».

Abogados de la universidad enviaron ayer una carta a los miembros del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por el presidente Donald Trump mediante orden ejecutiva, en la que describen la universidad está dispuesta a erradicar el antisemitismo pero «no está preparada para aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legal de cualquier Administración».

El gobierno de Trump tiene en su punto de mira a las universidades por tolerar el año pasado las protestas contra la guerra de Gaza, que tilda sistemáticamente de antisemitas -aunque la presencia de grupos judíos de izquierda fue habitual-, así como por sus políticas consolidadas durante décadas de «discriminación positiva» para dar entrada en sus campos a personas de minorías raciales según los criterios DEI (diversidad, equidad, inclusión).

Las autoridades de

Costa Rica emitieron este martes una alerta de la Interpol como parte de las labores de búsqueda de un hombre de nacionalidad nicaragüense sospechoso de quemar con un químico la cara y el cuerpo de una mujer.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al sospechoso como un nicaragüense de apellidos Calero Peña, de 37 años de edad, ante lo cual emitió una alerta de Interpol y a la Policía de Fronteras costarricense, en caso de que el hombre pretenda huir hacia su país.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en Agua Caliente, provincia de Cartago (centro), cuando la víctima, de apellido Vallejos y de 30 años de edad, regresó a Costa Rica después de un viaje a su país, Nicaragua, pero al parecer se encontró en su casa con el agresor, quien tenía una orden de alejamiento por violencia doméstica.

El OIJ indicó que se sospecho que después de una discusión el hombre lanzó un químico en la cara, brazos, pecho y piernas de la víctima.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde los médicos determinaron que tiene quemaduras en el 20 % de su cuerpo.

En enero pasado la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una ley que aumenta hasta en un tercio las penas de cárcel para quienes cometan delitos de violencia contra las mujeres utilizando ácido u otras sustancias corrosivas.

El texto reforma un artículo de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres para agregar como agravantes el uso de agentes o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, ácidas u otras sustancias similares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno se está preparando para recibir a los connacionales devueltos desde Estados Unidos, tras la intención del Gobierno de Donald Trump de aumentar las deportaciones, según detalló el diario The Washington Post.

“Ahora hay una cuestión especial del Gobierno de los Estados Unidos que dice que va a haber más deportaciones, entonces nosotros necesitamos tener todo lo necesario para poder recibir a nuestros connacionales y también todo el apoyo que les tenemos que dar en los consulados”, apuntó la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana dijo que ha instruido que se mantengan los 10 centros de atención en los estados fronterizos del norte del país para atender a las personas deportadas de Estados Unidos, ante la probabilidad de que Trump cumpla su meta de expulsar a un millón de personas este año.

De acuerdo con lo publicado el fin de semana por el diario The Washington Post, el mandatario tendría como objetivo la deportación de ese número de personas, lo que sería más del doble que el número récord de 400,000 deportaciones efectuadas en 2011 por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

El endurecimiento de la política migratoria es una de las medidas en las que más énfasis está poniendo desde que llegó al poder en enero Trump, que en campaña prometió deportar a «millones» de personas.