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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) transmitió el jueves una audiencia en la cual un ciudadano solicitaba información a la Universidad de El Salvador (UES) sobre el procedimiento de asignación de tres plazas de la Facultad de Ciencias Económicas. Los comisionados terminaron por declarar desierto el recurso de apelación luego de que el ciudadano apelante se retirara de la audiencia.

La audiencia fue presidida por Ricardo José Gómez Guerrero, presidente del IAIP.

En el caso, el apelante pidió información a la UES sobre detalles de procedimientos, los funcionarios involucrados en la asignación de plazas registradas bajo las partidas 2804, 2811 y 2819 de la ley de salarios de la Facultad de Ciencias Económicas durante el periodo 2021-2023. La oficial de información de la UES denegó la información porque «no ha sido generada».

El demandante propuso introducir dos documentos como pruebas pero el IAIP no se los aceptó. “Yo estoy proponiendo otros dos documentos, uno emitido por el secretario general de la UES, donde hace referencia sobre el procedimiento y otro documento emitido por el fiscal donde también alude al procedimiento que tiene que ver con las plazas”, explicó el demandante.

Nelson Boanerges López Carrillo, representante de la UES en la audiencia, indicó que el apelante «solicitaba prácticamente un detalle del procedimiento, copia del expediente de ese procedimiento y una nómina de las personas que participaron» y solicitaron agregar como prueba un informe emitido por el rector de la UES en el cual «establecía que no estaba generada dicha información».

Sin embargo, el IAIP decidió no aceptar las pruebas del demandante. «No coincide con la información requerida. No admite la prueba por no considerarse útil ni pertinente al presente proceso», dijo el presidente del IAIP.

«En vista que me han violentado mi derecho de defensa, paso a retirarme», respondió el demandante y se retiró.

El comisionado presidente del IAIP anunció que la «acción quedaría desierta» pero pidió salir de la transmisión pública para que los comisionados deliberaran y luego cerraron la audiencia.

«Se le estaba dando el derecho de defensa. Por abandono de audiencia de manera injustificada, el pleno da por finalizado el presente recurso de apelación», dijo el comisionado presidente del IAIP, quien citó el artículo 518 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gómez Guerrero dijo que incluso en redes sociales habían comprobado que el demandante iba a abandonar la audiencia si no le aceptaban las pruebas.

Posteriormente, este viernes, el demandante sostuvo que la Ley de Procedimientos Administrativos «no habilita» para declarar desierto un recurso de apelación, tras mensajes enviados a El Mundo a través de X.

En X, el solicitante de información señaló que los comisionados del IAIP «no les habilita para declarar desierta la apelación» porque la audiencia oral «no es acto indispensable en sede administrativa». «El incumplimiento de deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado», señaló.

El IAIP bloqueó al demandante, cuando mencionó la inclusión de tres comisionados en la Lista Engel.

Los comisionados del @iaip_elsalvador olvidan que el artículo 17 de la LPA establece que el incumplimiento de los deberes no puede ser invocado para desestimar el derecho reclamado…

Así como hacen en el proceso NUE 35-A-2024, así que por este tipo de cosas son lista #Engel

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 11, 2025

Me retiré de la audiencia ref. NUE 35-A-2024 por violación a mi derecho de defensa por parte de los comisionados del @iaip_elsalvador, favoreciendo así la opacidad de las #AutoridadesUES de la @UESoficial

— Fredis Pereira (@FredisPereira) April 10, 2025

Esta fue una de las audiencias que han sido transmitidas por el IAIP, una institución pública encargada de dirimir las diferentes entre las instituciones del Estado y los ciudadanos que les solicitan información pública.

Durante los dos años más recientes, el IAIP únicamente ha transmitido cinco audiencias durante dos años desde su cuenta de Facebook:

1. Contra la Alcaldía de Santa Tecla Norte. 31 de octubre de 2024.
2. Contra la Alcaldía de La Libertad Norte, 16 de octubre de 2024.
3. Contra el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, 12 de marzo de 2024.
4. Contra Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 7 de septiembre de 2023.
5. Contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de julio de 2023.

Fe de errata: Esta noticia fue corregida el mismo día de su publicación, ya que la información solicitada por el demandante fue sobre promoción o asignación de plazas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, no sobre contratación de plazas como inicialmente se había divulgado por error involuntario.

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este viernes que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador «han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria» y exhortó a las autoridades a «poner fin a la detención en régimen de incomunicación», sobre los más de 238 venezolanos deportados en marzo y acusados por el gobierno estadounidense de ser miembros de la pandilla declarada terrorista «Tren de Aragua» y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En un comunicado en el cual hace ver que no han recibido respuestas de funcionarios estadounidenses ni salvadoreños, HRW argumentó que la «desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero», lo que «hace probable la comisión de nuevos abusos» sin una protección legal.

La organización internacional pidió públicamente al gobierno estadounidense «hacer pública la identidad de los venezolanos» y al gobierno salvadoreños informar sobre «el paradero específico de los detenidos». Según HRW, familiares de los deportados les han dicho que autoridades estadounidenses «afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares» y que el comisionado presidencial de derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, no les ha respondido.

“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

HRW reveló que envió una carta, el 5 de abril, a «autoridades salvadoreñas» para pedir información sobre la identidad, condiciones de detención en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) y «el fundamento jurídico» de la detención de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador.

«El gobierno de El Salvador no ha respondido», indicó.

Detalló que familiares enviaron correos al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. «Pero solo recibieron una respuesta automática de acuso de recibo o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las 'instituciones competentes”, relató la organización.

«El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos». Human Rights Watch.

La organización internacional dijo haber entrevistado a 40 familiares de deportados que revelaron que las autoridades estadounidenses de migración no informaron a sus familiares que serían enviados a El Salvador.

El gobierno de los Estados Unidos ha deportado a más de 200 venezolanos señalados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, 137 fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y 101 bajo la norma migratoria Título 8 según la Casa Blanca. Funcionarios estadounidenses han dicho expresamente que todos los deportados son miembros de la pandilla, aunque no han publicado las condenas y los delitos correspondientes o procesos penales pendientes.

Estados Unidos logró un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele para deportar a criminales extranjeros a El Salvador a cambio de $20,000 por detenido por un año renovable.

Un alto funcionario de los Estados Unidos aseguró que el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos no es un «quid pro quo» o «dando y dando», cuando se le preguntó si de este acuerdo se derivaba un trato preferencial a migrantes salvadoreños en Estados Unidos.