La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta denunció,
que la vivienda de Saúl Agustín Rivas Ortega, uno de los procesados en el caso Santa Marta fue custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la denuncia, la presencia de los agentes policiales a las afueras de la residencia del imputado ocurre luego que el Tribunal de Sentencia de San Vicente declarara la rebeldía para seis de los procesados en el caso, entre ellos, Saúl Rivera.
El pasado 2 de abril de 2025, el referido tribunal declaró la rebeldía luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados, debido a su incomparecencia a la audiencia.
Ante ello, el tribunal giró oficios para notificar la resolución sobre la rebeldía y que la notificación de la audiencia de vista pública fuera publicada por medio de edictos judiciales.
“Como los procedimientos son por edictos judiciales, es decir que tienen que notificarse y esos edictos si ya llegaron a las viviendas de los compañeros, sin embargo, a excepción de la casa de Saúl Rivas, que es uno de los compañeros si estuvo custodiada por policías por varios días”, manifestó el representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva.
Según explicó Leiva, dicha situación solo ha sido reportada en la residencia de Saúl Rivas, ya que aseguró que en el resto de las viviendas de los imputados “no tenemos conocimiento que hayan llegado”.
En el caso Santa Marta se procesa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, por el presunto asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
Desde enero del presente año, la comunidad Santa Marta denunció la militarización del lugar y con ello, han temido de nuevas capturas previo a la realización del juicio repetido que enfrentan los acusados.
En su momento, integrantes de la comunidad Santa Marta manifestaron sobre la presencia de fiscales, agentes de inteligencia y militares para la supuesta supervisión de los hogares donde viven las personas que están “en la lucha de la liberación definitiva de los cinco ambientalistas».
Los cinco procesados son líderes comunitarios que a principios de los años 2,000 encabezaron la lucha antiminera en El Salvador.
La nueva vista pública en contra de los acusados corresponde a la apelación que ordenó la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque absolviera de los cargos a los imputados en un primer juicio.
Esta semana fue notificado que el juicio previsto del 9 al 11 de abril fue reprogramado para desarrollarse del 26 al 28 de mayo del presente año, cambio que fue anunciado un día previo a la fecha prevista.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta que han encabezado la lucha contra la minería metálica en El Salvador.
Cuando el caso comenzó, la comunidad sostuvo que el caso tenía fines de persecución debido a su lucha antiminera, no obstante, el gobierno desacreditó esta versión; sin embargo, durante el proceso judicial, el gobierno salvadoreño confirmó su deseo de retomar la minería en el país aprobando una Ley General de Minería.
El presidente Nayib Bukele incluyó la zona de la mina El Dorado, en Cabañas, dentro del «cinturón de oro» como uno de los lugares de posible explotación minera.
