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La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Marta Solis, confirmó ante la

Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa que la entrega en comodato de los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales será un requisito para que el Gobierno, específicamente el Órgano Ejecutivo, haga una inversión en el mercado.

La representante detalló que a partir del artículo 22 del proyecto de

Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales se establece el régimen de dichos mercados.

En primer lugar, indicó que la normativa declara de

utilidad pública y de interés social las inversiones del Órgano Ejecutivo en el diseño, construcción o remodelación de los mercados municipales.

Luego confirmó el traspaso de los inmuebles municipales cuando una institución del Poder Ejecutivo intervenga el mercado municipal, incluido en el artículo 23 del proyecto.

“Existe una entrega en comodato, como prerrequisito las municipalidades deberán formalizar el contrato de comodato para que el Órgano Ejecutivo proceda a realizar la inversión”.

Marta Solis, directora de Asuntos Jurídicos del Minec.

Agregó que también “existe también la posibilidad de solicitud municipal, donde los municipios podrán solicitar inversión al Órgano Ejecutivo para diseñar, construir o remodelar los mercados y locales en espacios públicos, manifestando su intención de entregarlos en comodato a la Dirección”.

Así mismo, los mercados que actualmente estén siendo intervenidos por el Ejecutivo serían requeridos por la Dirección a las respectivas municipalidades.

“Por solicitud de la Dirección podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente,

tal como es el caso de los mercados que actualmente están siendo intervenidos”, agregó.

Los diputados de la Comisión no realizaron preguntas a las representantes del Ministerio de Economía y decidieron continuar estudiando el proyecto.

La representante de Economía también detalló las fases de la adjudicación de puestos de venta y locales según el proyecto, que se resumirán en tres: solicitud de adjudicación de puestos de mercados administrados por la Dirección, presentación de documentación requerida, y la evaluación y aprobación. Por el arrendamiento habrá una tarifa que será definida por la Dirección, cuyo director será nombrado por el presidente de la República.

La

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las instituciones de gobierno por el despido de más de 450 directivos sindicales desde octubre de 2024.

La UNT ya había reportado en diciembre que 58 sindicatos habían sido desarticulados.

El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, exigió el lunes al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que «inicie las inspecciones por los más de 4,450 directivos sindicales» despedidos desde el 19 de octubre, fecha en que se realizó la primera marcha blanca contra la reducción de presupuesto y plazas en instituciones de gobierno.

Zelaya aseguró que se trata de «persecución sindical» generalizada y reprochó al ministro Castro que haya iniciado inspecciones de oficio en empresas privadas y de construcción y cuestionó: «¿Por qué no ha hecho de oficio las inspecciones por todos los despedidos, directivos sindicales en el Estado que son cientos».

«Exigimos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que inicie las inspecciones por los más de 450 directivos sindicales que han sido cesados de sus trabajos a partir del 19 de octubre que se organizó la primera marcha blanca del año pasado. Esta persecución sindical se está generalizando, tenemos dos compañeros procesados del Sindicato de Trabajadores de salud, de Fosalud, que están siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil».

Erick Zelaya, secretario general de la UNT.

Zelaya indicó que han registrado dos casos de sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud), que estarían siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil del Tribunal de Servicio Civil. Al respecto, la secretaria de Sitrasalud, Silvia Navarrete, explicó a Diario El Mundo que los dos fueron acusados «de haber trabajado en otra institución con el tiempo que tenían para la labor sindical».

Navarrete dijo que ese proceso se desarrolló y que había demostrado que «no se había cometido esa falta» y había quedado «como cosa juzgada» pero que, luego de haber denunciado el despido de mujeres embarazadas, les caso se habría vuelto a abrir en su contra.

El lunes, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM) denunciaron violaciones a derechos laborales y sindicales, pues les restringen el tiempo de organización sindical y presionan para desafiliaciones.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa finalizó la noche de este lunes las entrevistas a ocho candidatos al procurador general de la República que dirigirá la institución del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028, y aprobó un dictamen favorable.

Al finalizar las entrevistas que faltaban, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política, propuso aprobar el dictamen favorable, que podría ser recibido por el pleno legislativo este martes para elegir a uno de los ocho candidatos.

Hasta esta noche, ninguna fracción ha propuesto –públicamente– un candidato. Las propuestas son realizadas públicamente en el pleno por el representante de cada grupo parlamentario. Las propuestas de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, en las elecciones de funcionarios de segundo grado pasado, siempre han coincidido.

René Escobar Álvarez fue el primer candidato entrevistado este lunes. Es el procurador general actual, fue presidente de la directiva de la Oficina para Adopciones, inició como auxiliar jurídico y defensor público.

Presentó como logros de su gestión la supresión de unidades innecesarias, el Centro de Atención Virtual (Caval) con 100,000 atenciones al año, la línea «Estamos contigo» y la línea «Lesa», coordinación interinstitucional con el Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, renovación de infraestructura, ampliación de oficinas de atención, donación de terreno en La Libertad Costa; creación del Centro Integrado de Atención Psicosocial para Niños y Niñas Adolescentes.

El funcionario informó que han tenido la declaratoria de 61 casos de adoptabilidad y la Oficina para Adopciones (OPA) ha alcanzado desde junio de 2022 un total de 104 adopciones autorizadas, 87 bajo su administración, «un incremento del 84 % respecto a años anteriores». Indicó que el país pasó de una adopción en 2009 a 37 en 2024 y 12 en 2025. «Tenemos seis casos de adopciones internacionales», detalló.

Aseguró que han atendido a más de 67,000 mujeres en el último año.

Sara Nohemy García Leonardo, secretaria de actuaciones en Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, felicitó a la actual procurador y dijo que no podría señalarle falencias. Ofreció “poner en primer lugar a la personas y a la familia”. Agregó que “probablemente se podrá encontrar” un punto de mejora o “a lo mejor no” aunque mencionó que haría mejoras en la atención al usuario y prevención de violencia intrafamiliar.

García Leonardo también ha sido jueza suplente en San Juan Tepezontes, Ereguayquín, exfiscal electoral en Zaragoza de marzo de 2013 a junio de 2016

Sara Yolanda González Alfaro, quien fue jefa del departamento legal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador de 2019-2020 y asesora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de 2005-2006, destacó que ha regresado a El Salvador, ya que residió en Doha, Qatar de 2006 a 2010, entre otros países.

Ante la pregunta del diputado Raúl Chamagua sobre qué traería de todo lo que ha visto desde el exterior a El Salvador. “Tenemos que simplificar las funciones de la PGR, humanizar la PGR a través de sus empleados, no es el titular, no podemos tener un sentimiento de autoridad, ser autoritarios ante alguien que busca los servicios”, respondió.

Ante otra pregunta de la diputada Cesia Rivas sobre qué acción haría ante tardanza en los procesos laborales cuando la PGR ejerce la representación de los trabajadores, respondió que en materia laboral las conciliaciones son básicas y ofreció una sistematización de casos en el sitio web para evitar lentitud de los procesos. “Así como somos ahora, el país de la seguridad, de la amabilidad, también nuestros empleados tienen que reflejar eso. Alguien de la PGR no debe salir diciendo ‘voy a buscar abogado’, debe salir diciendo ‘tengo abogado”, contestó.

Karina Jeanette Martínez Guevara, magistrada propietaria de la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador, ofreció mejorar los tiempos de solución porque “hay mucha queja en la mora”. Aseguró que la medida provisional no se puede tomar de manera apresurada y que la estandarización de los procedimientos es urgente.