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  • Emiten la primera ordenanza municipal sobre población afrodescendiente

    Emiten la primera ordenanza municipal sobre población afrodescendiente

    Una ordenanza municipal sobre la población afrodescendientes fue aprobada para los distritos de San Alejo y Meanguera del Golfo, en La Unión Sur, a inicios de año y fue dada a conocer esta semana, previo a la festividad del día de la Hispanidad.

    La ordenanza municipal, una normativa de carácter municipal, busca reconocer a los miembros de esta comunidad que habitan en los distritos de San Alejo y Meanguera del Golfo, preservando y promoviendo sus manifestaciones culturales.

    Es la décimo tercera ordenanza municipal ligada a los pueblos indígenas que se aprueba en El Salvador, pero es la primera enfocada en la afrodescendencia.

    El marco regulatorio consta de ocho artículos redactados con el acompañamiento técnico y comunitario de la asociación salvadoreña Azul Originario (AZO), quienes además desarrollaron una versión ilustrada de la ordenanza.

    Ivy Gutiérrez, coordinadora interdisciplinaria de AZO, explicó que una ordenanza municipal es “un elemento jurídico que, a nivel local, es impulsado por una municipalidad” y es implementado en los distritos que le corresponden.

    Gutiérrez afirmó que su organización considera que la articulación de esfuerzos puede “tener resultados muy buenos, como esta ordenanza afro”.

    ¿Qué plantea la ordenanza?

    AZO y la Organización Negra Centroamericana (ONECA) explicaron en conferencia de prensa los ocho artículos de la ordenanza. Estos pueden agruparse en tres ejes: reconocimiento histórico, protección de derechos culturales y educación y transmisión cultural.

    Los dos primeros artículos tienen por objetivo reconocer la existencia de las poblaciones afrodescendientes desde la época colonial, así como la herencia cultural que aportan al territorio de aplicación de la ordenanza (Distrito insular de Meanguera y Distrito de San Alejo).

    Con su segundo grupo de artículos (del 3 al 5), la nueva normativa busca garantizar los
    derechos de la afrodescendencia y fomentar la continuidad de sus tradiciones, incorporándolas al turismo y al emprendedurismo local.

    En estos artículos la municipalidad establece que asumirá la preservación de la identidad cultural de este grupo étnico, como una manera de reconocer y reparar la invisibilización histórica que ha sufrido.

    Para Ingrid Gamboa, segunda vicepresidenta de la ONECA, es importante que la ordenanza resalte esa “deuda histórica que tiene el Estado” con los y las afrodescendientes.

    La inclusión de este artículo y la ordenanza misma, constituyen “el primer paso fundamental para el reconocimiento del Estado de El Salvador a la afrodescendencia”, afirmó Gamboa, que además resaltó la “especial” herencia afro del distrito de San Alejo.

    Con los artículos 6 y 7, la municipalidad define cómo se implementará la ordenanza,
    coordinará con el Ministerio de Cultura y las escuelas para proteger y promover la cultura, historia e identidad afrodescendiente.

    En conferencia de prensa, Wendy Morales, directora de Azul Originario y Mirtha Colón, presidenta de ONECA, anunciaron la publicación de la ordenanza / Amir Galeano.

    El 15 de octubre del presente año, en los distritos en los que se aplicará la regulación, se realizará el lanzamiento oficial de la ordenanza, que puede leer completa a continuación:

    Ordenanza municipal sobre la población afrodescendiente y sus expresiones culturales

    Artículo 1
    La presente ordenanza tiene como objetivo reconocer a la población afrodescendiente y
    preservar y promover las manifestaciones culturales de dicha comunidad en el distrito de San Alejo y en el distrito insular de Meanguera del Golfo.

    Artículo 2
    Los distritos de San Alejo y Meanguera del Golfo por sus características etnográficas son multiculturales y dentro de esto, se reconoce a la población afrodescendiente. Dicha población tiene presencia en el municipio desde la época colonial y de ahí es que es importante resaltar tanto a dicha población como a sus manifestaciones historiográficas.

    Artículo 3
    La municipalidad de La Unión Sur apoyará el conocimiento y promoción de los derechos de los afrodescendientes en el municipio y de manera especial a sus derechos culturales.

    Artículo 4
    La afrodescendencia reviste de un carácter especial por cuanto pertenecen a un grupo que ha sido invisibilizado en el pasado y que por tanto es importante que se promuevan en orden a preservar la identidad cultural de dicho grupo étnico.

    Artículo 5
    Las manifestaciones culturales relacionadas con la población afrodescendiente será objeto de la correspondiente protección y promoción tanto en Meanguera y San Alejo.
    Lo anterior incluye la promoción del emprendedurismo y de ser posible que formen parte de las actividades turísticas en ambos Distritos.

    Artículo 6
    La municipalidad, en coordinación con el ministerio de Cultura y las instancias que se
    consideren pertinentes, promoverán procesos para la salvaguarda de manifestaciones culturales afrodescendientes.

    Artículo 7
    Se promoverá el conocimiento de la historia y la cultura de la población afrodescendiente en el municipio haciendo especial énfasis en los centros educativos y el sector de la niñez y la adolescencia.

    Artículo 8
    La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial

    XVIII Conferencia de ONECA será en El Salvador

    Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la ordenanza y su publicación, las organizaciones Azul Originario y ONECA anunciaron también la realización de la edición número dieciocho de la Conferencia de mujeres afrocentroamericanas y de la diáspora, que tendrá como sede la ciudad de Sonsonate.

    Este ciclo de ponencias y mesas de diálogo se desarrollará del 7 al 10 de octubre 2025 con la participación de expertas internacionales y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.

  • Descentralizadas aumentan 3,135 plazas para 2026 con cinco nuevas instituciones y Red Nacional de Hospitales

    Descentralizadas aumentan 3,135 plazas para 2026 con cinco nuevas instituciones y Red Nacional de Hospitales

    El conjunto de instituciones descentralizadas del Gobierno aumentará en 3,135 plazas en 2026 según el proyecto de presupuesto, con un aumento de $51.7 millones en el monto destinado de salarios respecto a la ley presupuestaria de 2025.

    Son 91 instituciones descentralizadas que tiene el Gobierno.

    Cinco nuevas instituciones suman 518 plazas que no estaban en 2025 y el gasto de planilla en las mismas implicará una erogación de $9,580,775. Estas son:

    Las 5 nuevas instituciones descentralizadas

    1. Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): 174 plazas.
    2. Autoridad Nacional de Residuos Solidos (ANDRES): 171 plazas.
    3. Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem): 45 plazas.
    4. Dirección de Mercados Nacionales: 66 plazas.
    5. Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción: 62 plazas.

     

    La Red Nacional de Hospitales, que dependerá de Presidencia de la República, tiene asignadas 3,229 plazas, más de las 1,818 plazas que se disminuyen con la supresión del Hospital Rosales de las entidades descentralizadas del Ministerio de Salud, lo que deja un aumento de 1,411 plazas.

    En el proyecto de presupuesto, detalla que la nueva Red Nacional de Hospitales recibirá $177 millones que le transferirá el Ministerio de Hacienda.

    Más plazas en DOM y menos en Seguridad, ANDA, CEPA

    Otra de las instituciones descentralizadas que aumentan plazas en 2026 es la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

    Las instituciones que más recortan plazas son: Seguridad Pública (1,226 plazas menos), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados o ANDA (503), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma o CEPA (379), Instituto de Bienestar Animal o IBA (216), entidad que fue suprimida, y también el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o ISSS (133 plazas menos).

    El Gobierno Central –que incluyen los tres poderes del Estado con instituciones de control– recortó 775 plazas en sus presupuestos aunque aumentó su gasto en planilla.

    En síntesis: aumentos o recortes de plazas en el Estado en 2026

    Gobierno Central

    • 2025: 128,649 plazas. Salarios: $1,527,169,135.
    • 2026: 127,874 plazas. Salarios: $1,539,046,025.
    • Diferencia: 775 plazas menos y aumento de $11,876,890.

    Empresas públicas

    • 2025: 7,768 plazas. Salarios: $106,469,700.
    • 2026: 6,863 plazas. Salarios: $94,042,555.
    • Diferencia: 905 plazas menos y disminución de $2,427,145.

    Descentralizadas

    • 2025: 57,184 plazas. Salarios: $775,060,300.
    • 2026: 57,090 plazas. Salarios: $767,727,505 sin la Red Nacional de Hospitales.
    • 2026: 60,319 plazas. Salarios: $826,777,105 con la Red Nacional de Hospitales.
    • Diferencia: 3,135 plazas más y aumento de $51,716,805.

    Total en todo el Estado

    • 2026: 195,056 plazas. Planilla: $2,408,699,135.
    • 2025: 193,601 plazas. Planilla: $2,459,865,685.
    • Diferencia: 1,455 plazas más y aumento de $51,166,550.

     

  • Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    Gobierno prevé más de $620 millones en subsidios, becas y pago de pensiones en 2026

    El anteproyecto del presupuesto general de la nación de 2026 contempla más de $620.9 millones para los subsidios al gas y la energía eléctrica, así como para las becas y el pago de pensiones.

    El Ministerio de Hacienda tiene a su cargo las transferencias para el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), que para 2026 mantiene la misma asignación de 2025, en un poco más de $114.64 millones.

    Hacienda también es la encargada de las transferencias de recursos al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (Finet), para financiar el subsidio al consumo de energía eléctrica residencial, con una partida de $64.12 millones. Al igual que en el presupuesto de 2025, no hay cambios para el próximo año.

    Estas subvenciones representan un 28.8 % del total estimado en subsidios para 2026, las cuales también son más sensibles para el bolsillo de los salvadoreños. Además, Hacienda contempla $1.2 millones para atención y administración de subsidios.

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte incorporó $62.3 millones para el subsidio al transporte colectivo, al menos $20.6 millones adicionales en comparación con los $41.6 millones de 2025.

    El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha presupuestado $52.7 millones para “abastecimiento y seguridad alimentaria”. Esta asignación aumenta en $29.9 millones frente a 2025, pero el concepto de la partida cambió. El año pasado describía que era para la entrega de paquetes agrícolas (bono) para asegurar la producción, mientras que para 2026 incorpora el funcionamiento de agromercados y centrales de abasto.

     

    Pensiones y becas

    Hacienda también la responsabilidad de transferir recursos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) para cubrir las obligaciones del régimen de pensiones, con una asignación de $123 millones para 2026. Esta partida aumentó en $30.8 millones frente al presupuesto de 2025, cuando se estimaron $92.1 millones.

    Además, contempla una asignación de $7.3 millones para el “pago de pensiones al personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA, así como el pago de pensiones y montepíos de exescoltas militares, subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros compromisos”.

    El Ministerio de Desarrollo Local tiene $24.8 millones para 2026 que se destinarán al programa de pensiones para adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad severa. La partida es de $1.5 millones menos que los $26.4 millones de 2025.

    El monto más oneroso lo tiene presupuestado el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) por $170 millones, los cuales se entregarán en concepto de beneficios y prestaciones económicas mediante un fondo rotativo, así como financiamiento para mejora de vivienda y programas de reinserción productiva.

    La Universidad de El Salvador (UES) mantiene un presupuesto de $205,715 para el aporte económico por medio de becas a los estudiantes de escasos recursos. En tanto, el Ministerio de Educación incorpora una asignación de $100,000 ($25,000 más que en 2025) para el programa de Becas Bicentenario, que se otorgan a los estudiantes de tercer ciclo y educación media en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Unión.

    De esa manera, Educación tiene $305,715 en presupuesto para becas, que se suman a $374,170 incorporados a la Presidencia de la República para un programa de apoyo de educación superior en la población de extrema pobreza.

    Estos tres programas de becas suman $679,885.

  • Cambios de recorrido en el centro de San Salvador causa incertidumbre en usuarios por tiempos de llegada

    Cambios de recorrido en el centro de San Salvador causa incertidumbre en usuarios por tiempos de llegada

    La implementación del cambio de recorrido de al menos 21 rutas del transporte colectivo de pasajeros en el centro de San Salvador, que entró en vigencia el martes, causó incertidumbre y preocupación entre los usuarios, ante el posible impacto que tendrá en sus tiempos de llegada.

    El Viceministerio de Transporte (VMT) informó, la noche del lunes, que las ruta de autobuses AB 1, AB 2-B1, AB 2-B2, AB 10, AB 11, AB 22, AB 26, AB 38-A, AB 38-B, AB 5, así como microbuses: MB 5, MB 11, MB 11-B, MB 11-C y MB 26, que conducen de norte a sur en el Centro Histórico de la capital cambiarían su trayecto a partir del 7 de octubre de 2025.

    Desde tempranas horas del martes, personas que esperaban su autobús frente al mercado Ex-cuartel expresaron su sorpresa ante los cambios de recorrido, debido a que algunos señalaron que desconocían sobre los nuevos cambios y ahora los obliga a reorganizar sus tiempos de viaje.

    Una de las personas identificadas en el lugar fue Guadalupe Ávila, usuaria habitual de la ruta 10, afirmó que se enteró de los cambios hasta la mañana del martes. La mujer criticó que la decisión fue dada conocer con muy poco tiempo de anticipación.

    «Yo no sabía nada, hasta ahorita que me están contando y este cambio me afectaría porque uno tiene hora de entrada (en su trabajo) y de la noche a la mañana cambian, afecta bastante el recorrido que han hecho».
    Guadalupe Ávila, usuaria de la ruta 10.

    Ávila explicó que todos los días viaja hacia su lugar de trabajo, ubicado en las cercanías del sector conocido como «El Paso del Jaguar», un trayecto que antes tomaba entre 45 minutos a una hora. Sin embargo, con el nuevo recorrido teme no saber cuánto tiempo tardará en llegar a su destino.

    «Yo tengo dos trabajos, salgo a las 11:00 (de la mañana) del primero y a la 1:00 (de la tarde) debo estar en el otro. No me permiten salir antes, así que no sé cómo le voy a hacer. El tráfico en el centro ya es pesado y con estos cambios ellos mismos hacen el caos»,  agregó la mujer.

    Otra usuaria identificada como Gloria Ramos, quien esperaba la ruta 22, expresó que la carga vehicular en las calles del centro de San Salvador es pesada, y ahora con los cambios de rutas de varias unidades del transporte colectivo podrían causar contratiempos en los tiempo de llegada, ya que para la mujer, cuando hay cambios en los recorridos de las rutas el tráfico «es peor».

    «Las trabazones lo hacen a uno un contratiempo para todo lo que uno puede hacer en el centro o el trabajo y cuando les cambian su ruta por otro lado eso es peor».
    Gloria Ramos, usuaria de la ruta 22.

    Las rutas de buses que recorren San Salvador de Norte a Sur y viceversa tuvieron un cambio en su recorrido desde este 7 de octubre. / Alexander Montes.

    Una tercera persona identificada como Claudia Torres, que esperaba la unidad de la ruta rumbo al barrio San Jacinto, comentó que previo al cambio del recorrido, solía tardar de 10 a 15 minutos del mercado Ex-cuartel hacia la Plaza El Trovador, pero ahora desconoce sobre los nuevos tiempos, por lo que decidió conocer el nuevo trayecto.

    «Ahorita me he venido aquí (mercado Ex-cuartel) para saber cual va hacer el nuevo trayecto, a aventurarme porque no se por donde se iría ahora», dijo Torres.

    ¿Cuánto tiempo durará?

    Por su parte, transportistas de las rutas intervenidas con el cambio de recorrido, declararon que la notificación del nuevo trayecto fue dado el pasado lunes, un día antes de su implementación, el cual corresponde a futuros trabajos de cableado subterráneo, pero sin detallar cuánto tiempo permanecerán con el cambio de recorrido.

    «Avisaron ayer (lunes) a las 10:00 de la mañana para que todas las rutas comprometidas se presentaron al VMT a las 2:00 de la tarde para una reunión de cambio de recorrido, entonces en la tarde entregaron un instructivo en donde decían que iban hacer un cableado subterráneo que no se sabe cuánto va a durar», dijo uno de los transportistas que prefirió no ser identificado por temor a represalias.

    Según el transportistas, no se realizaron reuniones previas, ni se dieron espacios para discutir alternativas, sino que solo fue para dar a conocer de las decisiones de cambio de ruta. “Solo nos citaron, nos entregaron el documento y nos indicaron el nuevo recorrido. Incluso nos dijeron que algunas calles cambiarían de sentido, así que hubo que instruir rápidamente al personal”.

    A pesar de los inconvenientes en el tráfico, dijo que se realizaron trabajos previos de las autoridades de Transporte por facilitar el paso de las unidades, esto al retirar los vehículos estacionados en las zonas con poco espacio de circulación. En total, el transportista estimó que han sido alrededor de 400 unidades las afectadas por la modificación de ruta, entre ellas autobuses y microbuses.

    Así lucen los trabajos de reconstrucción del Cine Libertad, a un costado de la plaza con el mismo nombre, en el centro. / Alexander Montes.

    Según el mapa oficial, difundido por el VMT, las unidades del transporte colectivo tendrán cambio de recorrido desde la 3a calle Poniente, siguiendo por la 8a avenida Norte (frente al mercado Ex-cuartel), hasta llegar a la 2a calle Oriente rumbo a la calle Delgado hasta la 18 avenida Sur, para incorporarse a la 4a calle Oriente y retornar en el bulevar Venezuela. Posteriormente, las unidades del transporte público se incorporarán sobre el mercado Belloso hacia la plaza El Trovador, en el barrio San Jacinto.

    Ante este nuevo panorama, Diario El Mundo realizó un recorrido a bordo de una de las unidades con el objetivo de verificar los tiempos de desplazamiento y los posibles inconvenientes a lo largo de la ruta.

    El recorrido partió desde el mercado Ex-Cuartel; sin embargo, una vez en la calle Delgado, la unidad realizó un desvío no contemplado en el esquema oficial. El conductor giró hacia la 16a avenida Norte, luego se incorporó a la avenida Independencia, cruzó por el Reloj de Flores y continuó por la avenida Peralta. Posteriormente, salió por la 38a avenida Sur y retomó el bulevar Venezuela hasta llegar a El Trovador. Este trayecto alternativo tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

    Este desvío podría atribuirse al tráfico pesado que afecta la zona por la que deben transitar las rutas modificadas. Sin embargo, tambien podría deberse a una falta de claridad con la que los motoristas han iniciado la implementación del nuevo recorrido.

  • TSE tendría $12.3 millones en presupuesto ordinario de 2026 con 89 plazas más

    TSE tendría $12.3 millones en presupuesto ordinario de 2026 con 89 plazas más

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió $12,397,722 al Ministerio de Hacienda como presupuesto ordinario para el año fiscal 2026, es decir, $4 millones más que lo aprobado para 2025. El presupuesto tendría 89 plazas más por contrato.

    El proyecto de presupuesto 2026 del Tribunal detalla que la institución destinaría $10,227,332 al área de dirección y administración institucional y $2,170,390 para organización, actualización y capacitación electoral.

    La entidad electoral reduciría el monto para organización, actualización y capacitación electoral porque en 2025 tenía asignado $2,173,610 y, el próximo año, tendría $3,220 menos en su asignación.

    El ramo que presenta más asignación de fondos es «bienes y servicios» que para 2026 tendría $2,968,107 y para este año fiscal tenía $1,757,035. Mientras que, en «Impuestos, tasas y derechos» tenía asignado $5,000 y para el otro año se ha pedido $22,000.

    La asignación de fondos prevista para 2026:

    • Dirección superior: $809,690.
    • Dirección, asesoría y administración general: $9,417,642.
    • Organización, registro y capacitación electoral: $1,355,670.
    • Fiscalización electoral: $814,670.

    El 72 % de los fondos serían destinados para «dirección, asesoría y administración general», que según el proyecto de presupuesto se encarga de llevar los acuerdos de los magistrados a las unidades correspondientes «velando por el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos» para contribuir «al cumplimiento de las metas y objetivos» del TSE.

    Aumentan 89 plazas por contratos

    En cuanto a las plazas, el Tribunal prevé abrir 89 nuevas plazas bajo la modalidad de contratos que significaría $1,343,440 en pago de salarios.

    En 2025 se destinaron $5,205,070 en salarios, monto que subiría en 2026 a $6,548,510.

    La cantidad de plazas por ley de salarios se mantendrían en 35 y las plazas por contratos aumentarían a 413 según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Para el pago de salarios de los 10 magistrados, ha presupuestado $363,070 para el próximo año.

    Para 18 empleados ejecutivos ha pedido $688,095 para salarios; $1,854,155 para 125 empleados técnicos; otros $3,410,405 para 234 empleados administrativos y $232,785 para trabajadores de servicio.

    En total, la entidad busca destinar $6,548,510 en el pago de salarios de «personal por actividad a tiempo completo» según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

  • “Futbolistas profesionales” y deudas salariales

    “Futbolistas profesionales” y deudas salariales

    Trabajar y recibir una remuneración es un derecho sagrado constitucional que todos los ciudadanos tenemos. Quien trabaja de manera honrada tiene derecho a recibir un salario o una remuneración. En el plano ideal todo trabajador debe tener firmado un contrato para desempeñar sus labores y ser protegido por el Estado y su tejido legal.

    Ser “futbolista profesional” es un trabajo que conlleva un servicio y una remuneración. El futbolista juega representando a un equipo y por ello recibe un salario establecido en un contrato que es avalado en un marco jurídico que pasa por la Federación de Fútbol y que de ninguna manera está fuera del estamento y control jurídico nacional.

    El futbolista se prepara de la mejor forma (entrena a conciencia) y adopta un estilo de vida adecuado para mantener su desempeño como profesional (mantiene en buen estado su organismo y su salud mental). En su labor el futbolista persigue objetivos y busca rendir de tal manera que genera espectáculo y buenas sensaciones a quienes observan su desempeño (aficionados).

    La labor del futbolista es jugar de la mejor manera en la posición que el director técnico considere, para ello debe estar listo y preparado a conciencia. En su desempeño el futbolista y su equipo deben procurar obtener una victoria frente al equipo rival, pero en la lógica del juego el resultado puede ser perder, empatar o ganar.

    En El Salvador alrededor de 250 hombres se desempeñan como futbolistas profesionales en los 12 equipos de la primera división. Todos han firmado contrato y cada uno por un salario mensual que varía de acuerdo a su trayectoria y al equipo en el que trabajan. Al no haber tope salarial ni salario mínimo para los futbolistas, cada jugador es libre de negociar su salario.

    Un futbolista de un equipo de oriente me mostró su contrato anual, donde se estipula que su salario mensual es de $1,000, sin derecho a aguinaldo o bono intermedio. A este muchacho no le han pagado desde hace un mes y medio, bajo la excusa que no hay suficientes fondos en las arcas del equipo. Algunos de sus compañeros ganan menos que él y otros ganan más.

    En su contrato, ni en ninguno de los tres que leí, de diferentes equipos, está estipulado que la directiva puede dejar de pagar, reducir un porcentaje o poner a medio sueldo a los jugadores, dependiendo de los resultados. Ganar, perder o empatar es parte de su trabajo y por perder y empatar nadie puede ser sancionado trastocándole su salario mensual.

    Una directiva puede perfectamente despedir, mediante un debido proceso, a jugadores que no demuestran capacidad o violan lo estipulado en un contrato.  Hay futbolistas que se emborrachan, que consumen drogas, que trasnochan, que sin justificación no asisten a sus entrenos, que simulan lesiones, que pierden su estado físico, que irresponsablemente juegan en equipos de barriada o cantonales, que a propósito no rinden o cometen errores descarados, que con su conducta cotidiana dañan la imagen del equipo y que son expertos en intrigas. Pues a ellos se les debe seguir expedientes disciplinarios en busca de rescindir sus contratos.

    Esta semana, el presidente del Club Deportivo Fuerte San Francisco, Paul Guzmán, señaló que tras la derrota de su equipo ante el C. D. Cacahuatique, ha decido dejar de pagar a sus jugadores hasta que ganen. Al equipo de Morazán le faltan ocho juegos para terminar  este torneo regular y existe la posibilidad que en ninguno obtengan victoria, es decir ¿no les volverán a pagar?

    Guzmán culpa directamente a los jugadores por los malos resultados, al asegurar que algunos de ellos trasnochan en las redes sociales y no dan lo mejor de sí en cada juego. Según él, su equipo cuenta con futbolistas que por nombre son superiores a los de otros clubes que están en mejores posiciones. Guzmán sostiene que el futbol salvadoreño no mejora por la forma en que están “redactados los contratos” y es de la idea que jugador que no rinda se le pague y que se vaya (despida) del equipo sin recibir indemnización.

    En lo personal creo que una de las causales por las que el futbol salvadoreño no mejora es por la mentalidad de muchos de sus dirigentes incapaces de entender que es un proceso futbolístico y que actúan con insensatez, culpando por los fracasos a sus futbolistas, que en efecto son culpables por la falta de formación en todo sentido.

    Se da el lujo, el señor Guzmán, de decir que el dinero para pagar lo tienen, pero que los jugadores no se merecen el pago a tiempo por no ganar sus partidos. La Federación de Fútbol, pero sobretodo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe intervenir cuanto antes y obligar a la directiva del Fuerte San Francisco a cancelar los salarios y de una vez verificar si pagan renta y cotizan en el ISSS y las AFP por sus trabajadores (futbolistas, cuerpo técnico y administrativos).

    El Ministerio de Trabajo debe aprovechar la coyuntura y verificar el cumplimiento de los contratos en los doce equipos de la Primera División, para evitar los atrasos salariales y las descaradas injusticias como la anunciada por el señor Guzmán, a quien nadie obligó a ser directivo, pero tiene la obligación de cumplir con honor el cargo que desempeña al igual que sus otros compañeros directivos.

    Escuché decir a algunos periodistas deportivos que es un caso menor porque al final los directivos siempre pagaran para poder inscribir a sus equipos en el próximo campeonato, incluso periodistas de la zona oriental que elogian la medida del señor Guzmán, sabiendo que al finalizar un campeonato los equipos pagan una nimiedad a los futbolistas para finiquitar sus contratos.

    Yo siempre he insistido que doce equipos en la primera división son demasiados, basta con diez, aunque idealmente ocho serían suficientes, para que el campeonato tenga mejor competencia, que las aficiones tengan más identidad y presencien mejores espectáculos, que los futbolistas tengan mejor nivel, que los patrocinios generen mejores ingresos y que los directivos tengan más conciencia y no jueguen con los salarios de sus empleados.

    Trabajar es un derecho al igual que recibir un salario justo el cual debe estar acordado en un contrato que solo puede ser roto con base a los estipulado en el mismo contrato. Perder, empatar o ganar es parte del juego en el futbol, no de un contrato que cualquiera puede cambiar de manera caprichosa.

    *Jaime Ulises Marinero es periodista

  • Polémica entre Vamos y Nuevas Ideas por supuesta prohibición de exclusión financiera a personas “con antecedentes”

    Polémica entre Vamos y Nuevas Ideas por supuesta prohibición de exclusión financiera a personas “con antecedentes”

    En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.

    La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».

    «Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.

    Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.

    Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.

    La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.

    Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.

    «Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.

    «No tergiversemos el artículo»

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.

    «No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.

    El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».

    «Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.

    «Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».

    Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».

    No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».

    Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».

    «Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».

    «Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.

    Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»

    Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.

    «Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.

    La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.

    «En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.

    Vamos señala «presunción de culpabilidad»

    Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.

    «La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.

    Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.

    «Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.

    La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.

  • El Salvador registró inflación positiva de 0.36 % en septiembre tras cinco meses de caída de precios

    El Salvador registró inflación positiva de 0.36 % en septiembre tras cinco meses de caída de precios

    Tras cinco meses de caída de precios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) regresó a terreno positivo y se colocó en 0.36 % en septiembre pasado, informó este martes el Banco Central de Reserva (BCR).

    La economía salvadoreña se mantuvo en deflación entre abril y agosto -entre 0.11 % y -0.21 %-, un término económico que hace referencia a una caída generalizada de precios. Según el BCR, la tasa del pasado mes es la más alta desde septiembre de 2024 (0.58 %).

    El salto de la inflación responde principalmente a que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas regresó a terreno positivo tras dos años en caída. El Banco Central reporta que en septiembre este rubro tuvo una tasa de 0.53 %, un panorama no visto desde octubre de 2024, cuando cayó en deflación.

    El IPC está conformado por 12 divisiones que representan una canasta de 238 bienes y servicios de mayor consumo en la población salvadoreña. De estas, cinco se mantienen en deflación y siete positivas.

    Te puede interesar: El Salvador en deflación: ¿qué significa para la economía?

    De las divisiones en negativo, el Banco Central reporta que transporte tiene la mayor tasa en -4.29 %. También está en deflación el rubro de prendas de vestir y calzado, en -0.57 %; muebles y artículos para el hogar, en -0.67 %; comunicaciones en -0.21 %; y recreación y cultura en -0.78 %.

    La división de restaurantes mantiene la inflación más alta

    Según el BCR, la división de restaurantes y hoteles tiene la tasa inflacionaria más alta de la economía salvadoreña, en 3.17 %, la cual mostró un ligero incremento en comparación con el 2.86 % de agosto pasado.

    El sector de bebidas alcohólicas y tabaco tuvo una inflación de un 2.14 %, mientras que la división de alojamiento, agua y electricidad, así como salud registraron una tasa de un 1.78 %, respectivamente.

    Educación tuvo una inflación de un 0.46 %, y la división de bienes y servicios diversos de un 1.16 %.

  • Shriners y Ministerio de Salud realizan jornada de cirugías ortopédicas en Hospital Bloom

    Shriners y Ministerio de Salud realizan jornada de cirugías ortopédicas en Hospital Bloom

    Shriners El Salvador, en alianza con el Ministerio de Salud y con el respaldo del hospital Shriners Children’s de Greenville, Carolina del Sur (EE.UU.), inició el martes una jornada de cirugías ortopédicas de alta complejidad en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. 

    La jornada fue inaugurada en el Bloom, con la presencia del viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Dr. Carlos Alvarenga; el presidente de Shriners El Salvador, Juan Carlos Otaegui Cañas; y el médico jefe de la delegación internacional, Dr. John Frino, cirujano ortopeda pediátrico. La jornada concluirá el jueves.

    Cinco niñas salvadoreñas fueron seleccionadas para recibir intervenciones quirúrgicas especializadas, enfocadas en corregir enfermedades graves relacionadas con la columna y las extremidades inferiores. Además de mejorar su calidad de vida, el evento fortalece la formación médica nacional en ortopedia pediátrica.

    Entre las patologías tratadas destacan dos casos de escoliosis, que fueron abordados mediante fusión espinal con barras y prótesis ortopédicas. También se realizaron procedimientos para tratar genu valgo bilateral, exostosis hereditaria múltiple, genu varo y osteogénesis imperfecta. Estas complejas cirugías se llevaron a cabo bajo la dirección del Dr. Frino, junto al Dr. Marcus T. Cox, del equipo Shriners, y el Dr. Odir Amaya, jefe de ortopedia del Bloom.

    El valor estimado de las cinco operaciones realizadas en El Salvador oscila entre $275,000 y $420,000, si se hubieran practicado en hospitales privados en Estados Unidos. Además, se evaluaron a 13 niños con patologías como escoliosis congénita, parálisis cerebral y kyphosis para optar a tratamientos en hospitales Shriners en EE.UU.

    Durante la jornada, el personal del Hospital Bloom también recibió capacitación técnica en manejo de tracción de halo, un método utilizado en pacientes con escoliosis severa. Este entrenamiento fue liderado por Flor Russello, enfermera especializada del equipo Shriners.

     

  • Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Oposición dice procuradora no debe ser reelecta y no ve elegibles al resto de candidatos

    Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».

    «La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.

    El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.

    «Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».

    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».

    «Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.

    La diputada  también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.

    «Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.

    Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».

    Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.

    «Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».

    Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.

    «Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.

    Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».

    Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».

    La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.