Una nueva Dirección de Mercados Nacionales se encargaría de adjudicar puestos de venta en los llamados «mercados nacionales» que estén bajo su administración, según el nuevo proyecto de «Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos» en manos de la Asamblea Legislativa.
Tal como está redactado el proyecto, esta ley aplicaría a «todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad comercial, como adjudicatario de puestos de venta de los mercados o de los locales» ubicados en plazas, parques y espacios públicos con infraestructura construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo.
A la hora de adjudicar los puestos de venta en estos mercados, la Dirección tendría que dar “prioridad” a la población vulnerable y los comerciantes que ya han tenido puestos de venta en dichos mercados. Las tarifas serán definidas por la misma Dirección, que también podrá conformar sociedades mercantiles.
Es el artículo 31 del proyecto que define dos prioridades para la adjudicación de puestos: los «comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».
El concejal de San Salvador Este Cayetano Cruz, del FMLN, cuestionó quién definirá si una persona está en situación de vulnerabilidad. «Estoy seguro que mucha gente que vende a la orilla de los mercados, porque no les alcanza para pagar la infraestructura de un local (quedarán fuera)», indicó.
Sin embargo, el concejal Hernán Carrasco, del CD, cree que se puede garantizar la asignación de puestos a grupos vulnerables, con «criterios claros y públicos», como ingresos bajos, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad.
Estos contratos de arrendamiento, que tendrían un plazo temporal, no darían derecho a los arrendatarios para vender, ceder, donar o subarrendar sus puestos o locales.
Sin ventas ambulantes
En los mercados regulados por esta nueva Dirección que pretende crear el Gobierno no podrá haber ventas ambulantes en un perímetro de cien metros y se multaría a los arrendatarios de puestos que no estén completamente limpios, que obstruyan los pasillos o que almacenen productos en condiciones antihigiénicas. Las multas oscilan entre $5 y $50.
También, los empleados de estos puestos de venta o locales comerciales no podrán tener un salario inferior al salario mínimo, es decir, $365 mensuales, según el artículo 38 del proyecto.
Visiones encontradas
La creación de una nueva Dirección de Mercados no es bien vista por concejales del FMLN, que prevén un aumento de precios por el cobro de las nuevas tarifas de adjudicación que establecería la Dirección según el proyecto, y porque creen que el Gobierno busca quitarles los mercados a las municipalidades, algo que aseguran viola la autonomía municipal.
Sin embargo, uno de los concejales de San Salvador Este, Hernán Carrasco, del Cambio Democrático (CD), cree que la nueva ley podría ayudar a ordenar los mercados en el país que considera sufren de muchas deficiencias como corrupción, desorden e insalubridad. «Existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad, esto ayudaría a que más personas prefieran ir a comprar a los mercados», indicó.
Por el contrario, Simón Paz, concejal de San Salvador Centro por el FMLN, cree que la pretensión es una «clara injerencia en el quehacer municipal de parte de Ejecutivo» en donde la nueva Dirección tendría toda la potestad sobre los mercados, cuyos inmuebles pasarán a la Dirección. «El día de mañana no van a haber concejos municipales», auguró. Tanto Paz como Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN, no dudan de que los precios de los productos subirán si se aprueba la normativa.
Una de las disposiciones polémicas del proyecto es que los municipios que soliciten inversión para obras en los mercados «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble».
