Blog

En el informe «El estado de la educación en América Latina y el Caribe: Evaluaciones de aprendizaje», presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, muestra las realidades de la educación en América Latina.

En esta ocasión analizaremos también el caso salvadoreño.

A modo de introducción, el informe nos dice sobre qué investigan y cómo puede mejorarse. El informe manifiesta que las evaluaciones de rendimiento académico son fundamentales para mejorar la calidad de la educación. Los educadores pueden identificar lagunas en la comprensión y áreas que necesitan mejorar, evaluando el aprendizaje de sus estudiantes. En este informe hay un enfoque basado en datos, el cual permite intervenciones específicas y apoya la mejora continua de las prácticas docentes y el rendimiento estudiantil.

En el informe existe un rezago de cinco años en los aprendizajes en los países de América Latina y el Caribe; solamente el 16% de jóvenes asisten a la universidad; el promedio de PIB para educación es del 4 al 6% en Latinoamérica.

El físico y matemático británico William Thomson Kelvin asevera: «Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar». La evaluación no es el fin: es el medio para centrarse en el uso de los resultados para mejorar y, por lo tanto, ayudar a los sistemas educativos a desarrollar las habilidades y el conocimiento que los estudiantes necesitan para tener éxito en el mundo laboral, vivir en sociedad y llevar una vida plena.

Muchos estudiantes no desarrollan las habilidades matemáticas fundamentales necesarias para continuar aprendiendo y alcanzar su potencial. Además, persiste una desigualdad considerable, que perjudica a los estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica (Arias Ortiz et al., 2023b).

En más de la mitad de los países, los estudiantes de las categorías de NSE más bajas presentan un rezago de al menos seis años con respecto al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el mayor rezago se observa en Paraguay (8 años), El Salvador (8 años) y Guatemala (8 años).

Quince países también participaron en el cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), pero El Salvador. El ERCE 2019 evaluó el desempeño de los estudiantes de 3.º y 6.º grado en matemáticas, lectura y escritura. Además, el desempeño en ciencias naturales se evaluó solo en 6.º grado.

Según Tobin, Nugroho y Lietz (2016), varias barreras clave pueden obstaculizar este proceso: (a) problemas con la calidad y el análisis de los programas de evaluación; (b) limitaciones financieras para realizar evaluaciones de alta calidad o mantener programas en marcha; (c) agencias de evaluación débiles, susceptibles al cambio y con relaciones frágiles con el gobierno, y (d) capacidad técnica insuficiente del personal para interpretar y comunicar los resultados eficazmente.

Tomemos de referencia a Hoyos, Ganimian y Holland (2019), quienes investigan sobre la retroalimentación, la cual es una estrategia de enseñanza que ayuda a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. Para que sea efectiva, debe ser formativa, oportuna y propositiva. Los estudios se realizaron específicamente en Argentina.

En el caso salvadoreño, es oportuno que las pruebas se realicen de forma física, es ahí, donde se evalúa la verdadera realidad de la educación en El Salvador. La PAES era un termómetro para saber la realidad de la poca calidad educativa. Con la prueba AVANZO, no se tienen detalles al respecto.

Mediciones sobre la educación son abundantes. Ya he analizado sobre lo que sucedió en la prueba internacional PISA, en donde El Salvador obtuvo los últimos lugares en el 2022. El informe que analizo, habla sobre la escolaridad, la retención de alumnos, el uso de computadoras en las escuelas, etc. Es importante evaluar las políticas educativas con la que cuenta El Salvador a través del MINED.

Los resultados de la prueba de matemáticas PISA 2022 para analizar el éxito educativo en términos de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Estos resultados han revelado dos desafíos importantes en la región. La educación salvadoreña, específicamente en el año 2025 tiene más retos que oportunidades, el MINED cerró 44 escuelas, disminuyó el presupuesto a educación y tal parece que la educación seguirá la misma. Se estancará. La deserción escolar persiste.

Con respecto a unas soluciones, a medida que los docentes dedican más tiempo a la instrucción y utilizan más actividades de aprendizaje en el aula. De igual manera, cuando los directores tienen acceso a esta retroalimentación, es más probable que utilicen los resultados para tomar decisiones de gestión, como establecer objetivos de aprendizaje a nivel escolar, actualizar el currículo y tomar decisiones sobre la dotación de personal (Clarke y Lune-Bazaldua, 2021).

Diferentes aspectos de los sistemas escolares, como la competencia docente, las características de las escuelas y las políticas educativas, pueden optimizarse para mejorar las oportunidades de aprendizaje de grupos de estudiantes. Y, como siempre, Chile, Uruguay y Costa Rica tienen el mejor sistema educativo.

Fidel López Eguizábal. Docente investigador Universidad Francisco Gavidia
flopez@ufg.edu.sv

El proyecto «Mi Nueva Escuela» en El Salvador, una iniciativa inédita, ambiciosa destinada a transformar el sistema educativo, se enfrenta a un desafío inesperado: la disminución de la población infantil.

Este fenómeno, impulsado por decisiones de planificación familiar, cambios sociales, decisiones de las parejas y matrimonios jóvenes, está generando cambios que deben de analizarse de manera multidisciplinaria, dejando todo tipo de fanatismos.

El declive demográfico y sus posibles causas:

• Cambios en la planificación familiar: Las parejas y matrimonios salvadoreños, al igual que en muchas otras partes del mundo, están optando por tener menos hijos o no tenerlos. Factores como la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, el aumento del costo de vida, una vida más enfocada a turismo, búsqueda de éxitos profesionales y el acceso a diversos métodos anticonceptivos están influyendo en esta tendencia.

• Migración: La emigración, especialmente de jóvenes en edad reproductiva, también contribuye a la disminución de la población infantil. La búsqueda de mejores oportunidades económicas y la reunificación están llevando a muchas familias a migrar a otros países en el presente siglo.

• Factores socioeconómicos: niveles de pobreza, marginación, exclusión y oportunidades de larga data también pueden influir en las decisiones de planificación familiar. Las parejas con menos recursos pueden optar por tener menos hijos para poder ofrecerles mejores oportunidades en una sociedad que tiene otras dinámicas.

El impacto en la educación:

• Menos estudiantes matriculados: La disminución de la población infantil se traduce en una menor cantidad de niñas y niños en edad escolar, lo que afecta directamente la matrícula en las escuelas, pero no es equivalente a deserción y que están en casa sin estudiar.

• Agrupación de escuelas: En algunas zonas rurales, cantones, caseríos y algunas ciudades donde la población infantil es aún más baja, se está desarrollando un plan, un interesante, y necesario ejercicio de agrupación de escuelas, enfocado en los centros escolares que solo cuentan con uno, dos y tres docentes, por lo que tienen multiplicidad de grados, donde por una consecuencia lógica no hay calidad en la educación. Pero también estimado lector porque esas edificaciones, esos lugares o instalaciones con mucho respeto no se les puede denominar escuelas, sin condiciones mínimas para recibir a las y los alumnos. Debe de existir un cambio de paradigma. Los padres de familia, alumnos y maestros han sido beneficiados.

• Desafíos y grandes oportunidades para el programa «Mi Nueva Escuela»: estos escenarios que son una realidad en El Salvador, América Latina y el mundo, le permiten en mi opinión que el MINEDUCYT pueda desarrollar una planificación estratégica que se gestó durante la pandemia y posterior, y que ha iniciado en el año escolar 2025.

Durante los meses de febrero y marzo he desarrollado trabajo de campo para hacer algunos estudios sobre cómo se encuentran las comunidades y en especial niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la ausencia de los pandilleros criminales, investigar las nuevas dinámicas en colonias, barrios, comunidades, cantones y son impactantes en positivo los resultados. En este esfuerzo he podido encontrar varias escuelas en un espacio de un kilómetro cuadrado, muy cercanas y con un promedio de alumnos que no es equivalente a los metros cuadrados, pero saben lo más lamentable instalaciones que les denominamos escuelas que fueron construidas hace décadas con un estilo tipo galera, corte y clavo, con poca ventilación e iluminación natural, con sus ventanas “protegidas” por malla ciclón, y grandes limitaciones. Al conversar con padres de familia me compartieron historias que vienen desde que ellos estudiaban allí en las mismas escuelas. No podemos, ni debemos continuar así. Mi Nueva Escuela representa la gran oportunidad de ver transformaciones en cinco y diez años, pero que según los padres de familia ya con las nuevas instalaciones que avalan por cierto están con grandes ilusiones. Les seguiré compartiendo más de estas experiencias en próximas entregas.

Corolario:

La reducción de la población infantil en El Salvador está transformando el panorama educativo, con una menor matrícula y la necesidad de reorganizar escuelas, especialmente en zonas rurales, donde históricamente han existido escuelas pero no educación y mucho menos, educación de calidad. Muchas de estas instituciones carecen de infraestructura adecuada, lo que afecta la calidad del aprendizaje. Ante este desafío, el proyecto Mi Nueva Escuela representa una oportunidad clave para modernizar y optimizar el sistema educativo, garantizando espacios dignos, funcionales y adaptados a las nuevas realidades demográficas del país.

El desafío demográfico que enfrenta El Salvador es complejo y requiere soluciones integrales, pero a la vez creativas. La educación, como pilar fundamental del desarrollo, debe adaptarse a esta nueva realidad para garantizar un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Que Dios bendiga a toda nuestra comunidad educativa desde educación inicial, parvularia hasta bachillerato.

Por Ricardo Sosa, Doctor en Criminología, docente superior certificado

arias semanas antes de que el primer avión estadounidense con deportados aterrizara en El Salvador, el alto asesor de la Administración de Trump, Elon Musk, y el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvieron un muy revelador intercambio de opiniones en la red social X, propiedad del primero. Justo cuando varios jueces federales empezaban a frenar algunas órdenes expedidas por la Casa Blanca, el también dueño de Tesla afirmó: «Es la única manera», en respuesta directa a un ex candidato republicano al Congreso que pedía imitar al régimen de Bukele y destituir «a todos los jueces corruptos».

Así dio inicio una serie de mensajes cruzados que permiten descubrir la estulticia con que ciertas figuras públicas perciben la democracia. En su cuenta personal, el pasado 11 de febrero, Bukele fue explícito al referirse a la manera en que apartó a la entera Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021, una vez que su partido obtuvo mayoría en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Insinuando que los magistrados habían abusado de sus facultades constitucionales –algo que jamás se ha dignado en probar–, Bukele expresó tajante: «Así que los destituimos a todos y procedimos a arreglar el país».

Ante esta insólita confesión de parte, misma que delata la absoluta discrecionalidad con que el salvadoreño ha manejado el poder desde entonces, la reacción de Elon Musk fue entusiasta: «¡Bravo! Debemos destituir a los jueces que socavan gravemente la voluntad popular y destruyen a Estados Unidos».

Este espaldarazo público al cesarismo bukelista no es el primero que ofrece el multimillonario de origen sudafricano. Musk, de hecho, parece tener en Bukele una especie de referente político, al que elogia con frecuencia por haber emprendido el vaciamiento de la autoridad judicial y concentrar todo el mando en su persona.

El 25 de febrero, en inglés, el gobernante de facto de El Salvador publicó en X lo siguiente: «Dato curioso: Los ‘controles y equilibrios’ no existen realmente a menos que el poder judicial también pueda ser controlado y equilibrado». Elon Musk volvió a secundar con alborozo: «La única manera de restaurar el poder del pueblo en Estados Unidos es procesar a los jueces. Nadie está por encima de la ley, incluyendo a los jueces. Eso fue lo que se necesitó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos». He aquí a dos personas con excesiva autoridad alimentándose mutuamente en una sola idea: los límites legales a la voluntad ejecutiva deben ser suprimidos en virtud del mandato recibido por los electores.

Para políticos como Trump o Bukele, en efecto, la separación de poderes resulta incómoda si el actor principal, el que ha sido elegido en las urnas, no consigue que todas sus acciones sean avaladas por quienes imparten justicia. Al descalificar a estos últimos como «lunáticos izquierdistas» o «cómplices del crimen» –epítetos usados por el estadounidense y el salvadoreño, respectivamente, para desacreditar a la judicatura–, lo que en realidad hacen es contraponer a su conveniencia dos tipos de autoridad: la delegada por vía electoral y la que nace por delegación indirecta. Esto les permite hacer creer a la gente, en un alarde demagógico, que la delegación directa otorga mayor poder a un presidente que a un juez.

La realidad es que ningún funcionario (magistrados judiciales incluidos) debe creerse por encima de la ley. La diferencia estriba en quién establece el criterio para juzgar las acciones de unos y otros. Los titulares de la rama ejecutiva son elegidos para ejercer un poder grande, enorme, pero siempre limitado por el marco legal, cuya creación depende del órgano legislativo (pluralista y deliberante por definición) y cuyo criterio de aplicación depende de la judicatura (técnica e imparcial por naturaleza); a esta última, desde luego, también se debe aplicar la ley, pero jamás bajo el criterio –estrictamente político– de quien ejerce facultades ejecutivas por delegación directa. Esto es así porque los mandatarios, amén de razones partidarias obvias, se encuentran expuestos a intereses y tentaciones que solo la estricta justicia puede frenar. Sin ese contrapeso, los presidentes serían reyes.

Por consiguiente, cuando Trump exige que un juez sea destituido por «lunático izquierdista», en realidad se está atribuyendo la facultad de determinar quiénes y bajo qué criterio deben convertirse en aplicadores de la justicia, poder que la Constitución no le otorga a él para evitar, precisamente, que se convierta en autócrata. En El Salvador, Bukele no solo desplazó en cuestión de horas al máximo tribunal del país, sino que luego determinó el perfil de quienes debían ser jueces, usando criterios tan «técnicos» como la edad. El resultado, para efectos prácticos, es la inexistencia del Estado de derecho: hoy cualquier salvadoreño puede terminar en la cárcel sin haberse probado su culpabilidad.

La Administración estadounidense envió a El Salvador a 238 venezolanos acusándolos de ser miembros de la estructura criminal Tren de Aragua. Sin ninguna prueba en su contra y despojados de toda posibilidad de defenderse ante un tribunal, estos deportados fueron ingresados a la desmesurada cárcel salvadoreña como auténticos delincuentes: humillados ante cámaras y bajo reflectores, esposados y de rodillas, en un despliegue escenográfico típico del régimen de Bukele. Pero más allá de este exhibicionismo propagandístico, debemos preguntarnos qué pasaría si uno o varios de estos presos resultaran inocentes. ¿Quién les compensaría por todo el daño sufrido? ¿Qué puede hacerse cuando dos Gobiernos tratan a personas como criminales por encima del orden jurídico?

Ninguna ofensiva contra el Estado de derecho acaba bien. En El Salvador, todo el poder se ha concentrado en una persona, que ejercerá el control del país hasta que la gente se canse. Pero en Estados Unidos, por mucho que el bukelismo haga salivar a Elon Musk, lo que se viene es una crisis constitucional con final previsible: el debilitamiento de Donald Trump.