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«Esto no es para nosotros», le dijo Michael a su hijo en un supermercado estatal en La Habana que solo acepta dólares.

En su última estrategia para captar divisas, el gobierno revive su histórica relación de amor y odio con el billete verde, y acentúa las desigualdades.

El primer ministro Manuel Marrero anunció en diciembre la apertura de esas tiendas como «un proceso necesario» para «adquirir las divisas» que se mueven «de manera ilegal» y alimentan un mercado cambiario informal, donde el dólar se cotiza a 350 pesos, casi el triple de la tasa oficial (120).

Sometida desde 2017 a un endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos, Cuba enfrenta serios problemas de liquidez y busca por esta vía captar las divisas que sus ciudadanos reciben por remesas familiares, segunda entrada de moneda dura del país, después de los servicios médicos que exporta a otras naciones.

La gran novedad de estos mercados es que reciben dólares en efectivo, lo que no sucedía en el país desde 2004.

Michael, de 40 años, que no quiso dar su apellido, contó a la AFP que al pasar por el acomodado barrio de Miramar, entró en un flamante supermercado situado en la planta baja de un hotel de lujo, que en enero se convirtió en el primero en ser dolarizado.

«Nada más que entré, me dijeron (que el pago era) en dólares», explicó Michael, que salió del mercado con las manos vacías, pues solo tenía algunos MLC (moneda libremente convertible), que cambió por pesos en el mercado informal.

El MLC es una divisa virtual creada por el gobierno en 2019, cuando comenzó la dolarización parcial de la economía, y depreciada en el mercado negro.

Entonces «fue complicado explicarle eso al niño» y le dijo: «Vámonos, porque esto no es para nosotros», comenta Michael, quien colgó su título de profesor de matemáticas y trabaja como auxiliar de carga en un negocio privado, que le paga mejor.

El príncipe y el mendigo

En una isla enfrentada a su peor crisis económica en 30 años, con escasez de alimentos, medicinas y recurrentes apagones, sorprende ver a personas saliendo de estos supermercados con carritos repletos de alimentos, un lujo para la mayoría de la población.

«Aquí siempre que hemos venido, hemos encontrado lo que buscamos», explica a la AFP Enzo Puebla, un ingeniero industrial de 24 años.

«Sacan huevos, el aceite que estábamos buscando y venden muchos cárnicos», precisa el joven, que recibe remesas de su familia.

En Cuba, donde el salario promedio ronda los 5.000 pesos ($42), quienes no tienen acceso a esa divisa encuentran difícil comprarla, incluso a la tasa de cambio oficial.

Para el economista Mauricio de Miranda, «el problema más grande de la dolarización cubana es que es parcial, porque solo se dolariza una parte importante de los gastos de consumo de la población, incluso en bienes básicos para la sobrevivencia, pero no se dolarizan los ingresos».

«Esto lleva necesariamente a la exclusión de las personas que no tienen opciones de obtener dólares», precisa De Miranda, académico de la Universidad Javeriana de Cali.

La amplia oferta en las tiendas dolarizadas, que se multiplican en la isla, contrasta con los estantes vacíos o llenos de un mismo producto en los comercios en MLC, abiertos en 2019.

Frente al Supermercado de Tercera y 70, otro comercio opera en MLC. Con sarcasmo, los cubanos los bautizaron como «El príncipe y el mendigo».

Amor y odio

La relación del gobierno comunista con el billete verde ha sido una montaña rusa. El dólar se prohibió por primera vez en 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, y su tenencia implicaba hasta un año de cárcel.

En 1993, el líder Fidel Castro (1926-2016) despenalizó el dólar y se abrieron las primeras tiendas en esa moneda para la población, como parte de las medidas para enfrentar la crisis económica que generó la implosión del bloque soviético, entonces principal aliado económico de la isla.

En 2004, Castro retiró el dólar de la circulación directa, al reemplazarlo por una moneda local indexada.

De hecho, la nueva estrategia recaudatoria oficial «es una copia casi al carbón de la dolarización parcial de los años 1990», asegura la economista cubana Tamarys Bahamonde, investigadora asociada de la Universidad Americana en Washington.

La pandemia, la caída del turismo y una fracasada reforma monetaria en 2021, que incluyó una fuerte devaluación del peso, representaron un cóctel explosivo que disparó el precio del dólar en el mercado negro, mientras el Estado buscaba desesperadamente recuperar su liquidez.

El gobierno defiende su ofensiva dolarizadora como un paso transitorio hacia la desdolarización del país.

«Ningún proceso dolarizador se ha revertido, y Cuba es casi un caso de estudio que evidencia las dificultades que se enfrentan cuando se intenta desdolarizar», advierte Bahamonde.

Marwa huyó de Afganistán porque quería estudiar, trabajar, usar jeans e ir al parque sin la compañía obligada de un hombre. Ahora, encerrada en un refugio en Costa Rica con un centenar de deportados por Estados Unidos, teme que la hagan volver: «Me matarán los talibanes.»

Tras las rejas del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá, esta afgana de 27 años dice, fuera de cámaras y bajo nombre ficticio, que su esposo también corre peligro y que su niña de dos años no tiene futuro en Afganistán.

«Si vuelvo, moriré. Me matarán los talibanes. Perdí a mi padre y a mi tío allí. Escuché explosiones y vi muertos. No quiero perder a mi marido ni a mi bebé», confía a un equipo de AFP que, entre matorrales en un punto sin vigilancia policial, habló con varios deportados en inglés.

Marwa, su esposo Mohammad Asadi y su hija son parte de 200 migrantes -unos 80 de ellos niños- de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos y algunos africanos que Estados Unidos envió hace un mes en dos vuelos a Costa Rica.

El gobierno de Donald Trump cerró las vías legales de entrada a Estados Unidos, suspendió planes de refugio e inició una cacería de migrantes para deportarlos.

Además de a Costa Rica, mandó 300 asiáticos a Panamá y 238 venezolanos a El Salvador, que fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad, alegando, sin pruebas, que integraban la banda criminal Tren de Aragua.

Limbo tropical

De quienes llegaron con Marwa, 74 fueron repatriados, 10 regresarán pronto y más de un centenar espera en un limbo: rechazan retornar a su país pero ningún otro, incluida la Costa Rica de larga tradición de refugio, les ha dado asilo.

«No podemos volver y tampoco quedarnos aquí. No conocemos la cultura ni hablamos español. No tenemos familiares como en Canadá, Estados Unidos o Europa», dice Marwa, que lleva un hiyab de tejido ligero por el calor húmedo del trópico.

A su esposo Asadi, de 31 años, vender materiales de construcción a compañías estadounidenses lo puso en la mira cuando los talibanes volvieron al poder en 2021.

Ambos salieron hacia Irán, donde todo fue también difícil. Dos años y medio después viajaron a Brasil y emprendieron por tierra la travesía por una decena de países -incluida en Panamá la peligrosa selva del Darién- hasta llegar a Estados Unidos.

«Hay muchos cárteles por el camino que nos quitaron el dinero y nos torturaron física y mentalmente», relata Alireza Salimivir, un iraní de 35 años que hizo con su esposa una odisea similar.

Ella quedó detenida en Estados Unidos en proceso de deportación, pero Salimivir espera reencontrarla pronto. Para ambos la repatriación tampoco es opción: «Por nuestra conversión del islam al cristianismo nos darán cárcel o muerte.»

Deportado con su esposa y su niño de seis años, German Smirnov, de 36, cree que en la Rusia de Vladimir Putin sería «torturado» por denunciar anomalías que dice vio de observador en las elecciones de 2024. «Me darán a elegir: ir a prisión o a la guerra», afirma.

«Cómplice» de EEUU

Cuando estuvieron detenidos para ser deportados, recuerda Asadi, oficiales estadounidenses ofendieron a Marwa por usar hiyab. «Trataron a mujeres y niños como escoria», agrega Smirnov.

En el Catem, 350 km al sur de San José, tienen buena comida y teléfonos móviles, pero sus pasaportes están retenidos por la policía y no les permiten salir, pese a no tener antecedentes criminales.

«Hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos en un país que siempre se ha preciado de defenderlos. Es un gravísimo retroceso para Costa Rica», declaró el exdiplomático Mauricio Herrera, que presentó un habeas corpus a favor de los deportados.

Al justificar el acuerdo con Washington, el presidente Rodrigo Chaves dijo estar «ayudando al hermano poderoso del norte».

«Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de Estados Unidos», advirtió Michael Garcia Bochenek, de Human Rights Watch.

Según varios deportados, las autoridades les dijeron el miércoles que si obtuvieran refugio deberán dejar el albergue. Así hizo Panamá con decenas que, tras recluirlos en un centro en el Darién, dejó libres, abandonados a su suerte.

Marwa no sabe qué pasará, pero está segura de no querer llevar burka ni quedarse en casa cocinando y criando bebés. Mucho menos desea ese futuro para su hija.

«Todo está cerrado para las mujeres… las escuelas, las universidades. No es normal. Soy un ser humano, elijo y quiero estar así», dice mostrando sus jeans poco antes de alejarse de la cerca para volver con Asadi, tomados de la mano, al encierro del Catem.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, dijo el viernes que la situación en Haití se está agravando, con pandillas armadas que se han apoderado de más territorios y atacan violentamente a la población.

«La situación de derechos humanos en Haití alcanzó un nuevo punto de crisis», declaró Türk. La violencia y la inseguridad se «agravaron dramáticamente», agregó.

Al presentar su informe anual sobre la situación en el país caribeño, indicó al Consejo de derechos humanos de la ONU que las pandillas están ganando terreno en la capital Puerto Príncipe y su periferia, y se están apoderando de infraestructuras vitales.

Según él, las pandillas se unen a veces para lanzar ataques y superan en cantidad y poder de fuego a las fuerzas del orden.

«Las pandillas matan gente común, castigan brutalmente a los que no obedecen sus reglas o a los sospechosos de colaborar con la policía o los grupos de autodefensa», agregó.

Haití, el país más pobre de América, está sumido en una importante crisis de seguridad desde el año pasado cuando las pandillas lanzaron ataques en Puerto Príncipe para forzar al Primer ministro de la época, Ariel Henry, a renunciar.

Türk indicó que entre el 1 de julio de 2024 y el 28 de febrero de 2025, su oficia tiene el registro de que al menos 4.239 personas fueron asesinadas y 1.356 resultaron heridas.

William Ou2019Neill, experto de la ONU para derechos humanos en Haití, declaró al Consejo que la comunidad internacional debería apoyar más a la fuerza de seguridad dirigida por Kenia para reforzar a la policía haitiana, suministrándole más personal, helicópteros, vehículos y equipos.

Y si los países lograran interrumpir el flujo de armas y municiones que llegan a la isla, «las pandillas no podrían sobrevivir mucho tiempo sin ellas», añadió.