Redacción DEM ADMIN HC

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  • Una recicladora se incendió en anoche en Colón

    Una recicladora se incendió en anoche en Colón

    Una recicladora se incendió la noche del martes en la urbanización Campos Verdes, en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en La Libertad Oeste, informaron reportes de instituciones de gobierno.

    La Dirección General de Protección Civil alertó sobre el incendio estructural alrededor de las 7:00 p.m. del 18 de marzo, al mismo tiempo que estableció un perímetro de seguridad para atender la emergencia.

    El Cuerpo de Bomberos de El Salvador dijo que se habían aplicado técnicas de extinción para confinar y liquidar el fuego; sin embargo, no se confirmó la hora a la que este fue controlado.

    El tráfico en la zona fue regulado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el transcurso de la noche.

    Según la Policía, el incendio dejó solo daños materiales y aseguró que continuaban inspeccionando la zona.

    Más emergencias

    Este no fue el único incendio que se registró en las últimas horas. Bomberos alertó desde tempranas horas de este martes de un incendio estructural en un taller en residencial Brisas de San Marcos, en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.

    Otro más se registró en un predio baldío en maleza seca y desechos durante la madrugada del 18 de marzo en la calle Girón, colonia Santa Lucía 1, distrito de Quezaltepeque, municipio de La Libertad Norte.

    En el occidente del país, Bomberos desplegó un equipo para controlar un incendio en maleza seca en el Centro Escolar Caserío Atehuecia, distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro.

    En la calle a Mariona, bulevar Las Flores, en San Salvador, San Salvador Centro, se registró otro incendio en maleza seca y hojarasca que fue atendido por un grupo de bomberos durante la tarde del martes.

  • Putin mantiene la suspensión de ataques energéticos pese a las «provocaciones» de Ucrania

    Putin mantiene la suspensión de ataques energéticos pese a las «provocaciones» de Ucrania

    El presidente de Rusia,

    Vladímir Putin mantiene su orden de suspender durante 30 días los ataques contra las infraestructuras enérgicas ucranianas, pese a que Kiev continuó los bombardeos contra las instalaciones rusas, según informó hoy el Kremlin.

    «El presidente no ha impartido nuevas órdenes», dijo portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar una pregunta sobre si Rusia mantenía la suspensión de dichos ataques ante la falta de reciprocidad exhibida por Ucrania.

    Recalcó que el ataque ucraniano con drones contra un depósito de petróleo en la región de Krasnodar se produjo después de que se conociera ampliamente la orden de Putin, que fue ejecutada «inmediatamente» por los militares rusos.

    Lea además >>>>Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    «El régimen de Kiev no hizo nada por impedirlo», dijo Peskov, que destacó la actuación de los militares rusos, que, subrayó, derribaron siete drones propios que se dirigían contra instalaciones energéticas ucranianas al recibir la orden de Putin.

    La suspensión por Rusia y Ucrania de los ataques contra infraestructuras energéticas por espacio de 30 días fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentada en la conversación telefónica que mantuvo ayer con Putin y que Ucrania ha declarado su disposición a estudiarla.

    El portavoz del Kremlin subrayó que el ataque contra el depósito de petróleo apunta a torpedear los esfuerzos conjuntos de Rusia y Estados Unidos para conducir el conflicto hacia el cauce de un arreglo.

  • EEUU pone en juego ante Panamá su hegemonía en la Liga de Naciones

    EEUU pone en juego ante Panamá su hegemonía en la Liga de Naciones

    En su primer duelo oficial bajo el mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos enfrenta el jueves a Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que ha dominado desde sus inicios.

    El «Team USA» tiene en su palmarés los tres trofeos disputados (2021, 2023 y 2024) y quiere extender la racha esta semana en la final a cuatro de Los Ángeles (California), donde México y Canadá chocarán en la otra semifinal del jueves.

    Para estas tres selecciones, cuyos gobiernos se encuentran inmersos en una guerra comercial, la Liga de Naciones es uno de sus escasos exámenes competitivos de cara al Mundial que coorganizarán en 2026.

    El argentino Pochettino, que suma cinco victorias y una derrota al frente de Estados Unidos, remarcó el martes la importancia de acumular partidos de máxima exigencia.

    «Hay que sentir la presión porque tenemos que ganar. Somos un país que va a organizar la Copa del Mundo en un año y pico y es la única manera de que la consecuencia no sea solo el resultado, sino que vaya un poco más allá», subrayó el ex técnico del Totthenham.

    «Hay que tener ese estrés que te hace sacar lo mejor», agregó.

    Para Estados Unidos también es importante reactivar la ilusión de sus aficionados, muy tocada desde el fracaso en la Copa América del año pasado bajo el mando de Gregg Berhalter, después destituido.

    Pochettino tiene a sus órdenes a sus principales figuras, incluidos los mediocampistas Weston McKennie (Juventus) y Gio Reyna (Borussia Dortmund) y el delantero Christian Pulisic (AC Milan), pero también sufre bajas sensibles como el lateral Antonee Robinson (Fulham) y los atacantes Folarin Balogun (Mónaco) y el mexicano-estadounidense Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).

    Al término de esta competencia, Pochettino sólo tendrá por delante la Copa Oro (14 de junio al 6 de julio) como rodaje y banco de pruebas para el Mundial.

    «Es un error que hablemos de política»

    En su conferencia, Pochettino declinó pronunciarse sobre las turbulencias políticas entre los tres gobiernos norteamericanos desde el regreso a la presidencia estadounidense de Donald Trump, que han generado tensión en otros deportes como el hockey sobre hielo.

    En febrero, el estadounidense Jesse Marsch, seleccionador canadiense, dijo que sus jugadores estarían aún más motivados en la Liga de Naciones ante las polémicas posiciones de Trump, como su deseo de que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

    «Creo que no podemos mezclar asuntos políticos con deporte, no porque no quiera hablar de ello, porque tengo mis ideas. Pero represento una federación de fútbol y solo debo hablar de fútbol», afirmó Pochettino.

    «Tenemos que jugar para nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de defender nuestra bandera y nuestro escudo… Creo que es un gran error que hablemos de política», aseguró.

    En su turno Thomas Christiansen, seleccionador panameño, tampoco quiso pronunciarse sobre las recientes amenazas de Trump de recuperar el control del Canal de Panamá.

    Sobre la semifinal, el ex jugador hispano-danés alabó los avances de su rival desde la llegada al banco de Pochettino.

    «Mauricio lleva pocos partidos y ha sacado buenos resultados», recordó. «Es un equipo muy competitivo que tiene que aspirar siempre a ganar este torneo».

    Panamá aspira a ser la primera escuadra centroamericana en llegar a la final de la Liga de Naciones, tras concluir en la cuarta posición los dos últimos años.

    Con Christiansen al mando, la selección canalera ya le asestó dos derrotas dolorosas a Estados Unidos frente a sus aficionados, una en la fase de grupos de la pasada Copa América (2-1) y la otra en las semifinales de la Copa Oro de 2023.

    Las semifinales del jueves y la final del domingo se celebrarán en el SoFi Stadium (70.000 asientos), considerado el recinto deportivo más caro del mundo.

    Posibles alineaciones:

    Estados Unidos: Matt Turner – Marlon Fossey, Cameron Carter-Vickers, Chris Richards, Joe Scally – Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah – Christian Pulisic, Tim Weah y Josh Sargent. DT: Mauricio Pochettino.

    Panamá: Orlando Mosquera – Fidel Escobar, Edgardo Fariña, José Córdoba, César Blackman – Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez – José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

  • Fiscalía allanó agencia de automóviles por estafa contra 10 víctimas en la compra de vehículos

    Fiscalía allanó agencia de automóviles por estafa contra 10 víctimas en la compra de vehículos

    La Fiscalía General de la República (FGR) allanó este martes dos instalaciones de la agencia de automóviles, Venicars, por presuntamente estafar a 10 personas en la compra de vehículos.

    De acuerdo con la Fiscalía, la agencia operaba bajo las órdenes de tres personas de nacionalidad venezolana y un ecuatoriano.

    Los sujetos fueron identificados como Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y Gabriel Andrés Ponce Ruiz.

    Según las investigaciones, en las instalaciones se ofrecían suscripciones de un contrato tras el pago de una cuota inicial y prometían la entrega del vehículo en un lapso de 15 días, pero nunca sucedió; luego les decían que el pago realizado únicamente era para participar en la rifa de los vehículos.

    El Ministerio Público indicó que en la primera fase del caso se ha investigado que son 10 víctimas las afectadas, pero “no se descarta que vaya subiendo el número de personas estafadas por los imputados.”

    La agencia se ubicaba en el Century Plaza, sobre la calle Manuel Enrique Araujo, entre la avenida Olímpica y la calle Nueva, en San Salvador.

    “En esta sede central lo que se pretende incautar y encontrar son documentación al fin al caso como contratos que suscribían en contra de las víctimas, así como también dinero en efectivo, documentación a fin a cuentas bancarias, vehículos que se encuentran dentro del establecimiento, entre otros tipos de documentación”, expuso el fiscal del caso.

    Asimismo, se intervinó un segundo local ubicado en calle La Mascota, el cual señalaron como un establecimiento que operaba como oficina administrativa de la corporación Venicars.

    “En esta oficina administrativa se llevaba la constitución de la sociedad, entre otra documentación que será importante para fortalecer el presente caso”, agregó la Fiscalía.

    En dichos allanamientos se buscó documentación, contable, equipo electrónico, dinero y otro tipo de evidencia que respalde la investigación.

    El operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración.

  • La condena anunciada y las denuncias contra exalcaldes

    La condena anunciada y las denuncias contra exalcaldes

    El exalcalde municipal de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez «Álvarez», fue condenado la semana pasada por un Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca a 27 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos.

    Además, deberá regresar al Estado más de $200 mil, en concepto de responsabilidad civil.

    La condena contra el exalcalde, que fungió en el cargo por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a pocos sorprende pues ya se esperaba, ya que ejerció como jefe edilicio desde mayo de 2006 hasta abril de 2018 y en todo ese tiempo fue evidente el mal manejo de los fondos del erario municipal. En 2006, apenas llegó al cargo lo primero que hizo fue doblarse el salario en relación a lo que ganaba su antecesor.

    Ya el 21 de junio de 2019 la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente le impuso al exalcalde, hoy prófugo de la justicia, una condena civil tras encontrarlo responsable de enriquecimiento civil por $249,045.68 dinero que obligadamente debió regresar al Estado en efectivo o bienes decomisados. La Cámara también lo inhabilitó para que en un periodo de diez años pudiera buscar o ejercer cualquier cargo público.

    En el juicio del Tribunal de Sentencia también se condenó a 12 años de cárcel al extesorero municipal Edwin Orlando León por peculado, delito que ellos y otras nueve personas (ocho exconcejales y un civil) habrían cometido en el período 2012-2015 cuando con anomalías adquirieron un terreno para construir un parque ecológico y un cementerio municipal. Según la acusación fiscal el ex alcalde Rodríguez y el extesorero León (también prófugo) movieron dinero del desaparecido Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) hacia sus cuentas particulares. Los exconcejales y el civil fueron condenados a tres años de prisión sustituidos por medidas alternas.

    Todo acto de corrupción debe perseguirse y aplicarse justicia, sin importar la procedencia o filiación política y partidaria del corrupto. Algunos exalcaldes están presos, otros tienen procesos abiertos, pero muchos llevan una vida cómoda y hay algunos que hasta se mantienen reelegidos en los cargos. Nadie debe escudarse en un partido político o en los cargos para abusar de los intereses ciudadanos. A los cargos públicos se llega a servir, no a servirse de ellos.

    Los procesos contra los exalcaldes deben continuar en su debido proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) debe proceder con sendas investigaciones en aquellos casos denunciados como es la denuncia contra el exjefe edilicio de Sonsonate, Rafael Edgardo Arévalo a quien el actual concejo de Sonsonate Centro, quien supuestamente compró un camión recolector de la basura con el motor ya fundido (el cual ya tenían en arrendamiento) y habría pagado horas extras no trabajadas y combustible no utilizado.

    Igual denuncia ciudadana hay contra el exalcalde destituido de San Salvador Este, José María Chicas, por el mal manejo del refugio de animales en el distrito de Ilopango. La Fiscalía debe tomar cartas e iniciar una investigación por el posible cometimiento del delito de incumplimiento de deberes, maltrato animal y cualquier otro, pues recordemos que Chicas dijo públicamente que la Fiscalía ya había verificado o inspeccionado el refugio animal y que había validado las condiciones del mismo.

    Otros exalcaldes y actuales alcaldes también tienen denuncias ciudadanas abiertas por posibles actos de corrupción o por abusos de poder, desde funcionarios que se han aumentado el salario de manera exorbitante hasta aquellos que se aprovechan de su cargo para cometer peculado y perseguir a la población, principalmente a los comerciantes a quienes han duplicado o triplicado los impuestos. En Olocuilta, distrito de La Paz Oeste, por ejemplo, la ciudadanía se siente con ausencia de alcalde porque no tienen obras ni apoyo municipal y porque hay una persecución contra los pequeños comerciantes.

    La Fiscalía debe perseguir la corrupción emane de donde emane. Lo del exalcalde de Olocuilta era más que evidente, pero qué pasó con todos aquellos exfuncionarios edilicios que se transfirieron dinero del FODES o aquellos actuales concejales y jefes edilicios que han llenado los puestos públicos con parientes o que se han colocados altos salarios, inclusive superiores a los del Presidente de la República. Hay alcaldías donde los concejales reciben hasta $500 por reunión semanal.

    De conocimiento público es sabido que muchos exalcaldes cobraban el famoso «diezmo» es decir el diez por ciento por proyecto que concedían a particulares o empresas. Así, si un proyecto tenía un costo de 100 mil dólares, 10 mil eran para el alcalde y sus concejales y 90 mil los «costos reales». Estos casos deben perseguirse y aplicar justicia con el debido proceso.

    Valiéndose de su «autonomía» muchos gobiernos locales hicieron su antojo y muchos lo siguen haciendo. La corrupción a veces es evidente y otras veces hay que descubrirla cuando asoman los indicios. Alcalde y concejales corruptos deben ser enjuiciados y condenados si se les prueba su autoría delictiva.

  • Auditorías de CCR hallan posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones en 2024

    Auditorías de CCR hallan posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones en 2024

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) observó posibles irregularidades en el manejo de $34.9 millones durante el año 2024, un monto 24 % menor al determinado en los hallazgos de las auditorías de 2023.

    Durante el último año, tanto los montos en condenas confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas, como los montos observados en auditorías previas así como las resoluciones de condenas y absoluciones en primera instancia disminuyeron.

    El informe, entregado ayer al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indica que el año pasado las cámaras de primera instancia emitieron condenas a funcionarios o exfuncionarios por anomalías que ascienden a $25.7 millones, 77 % menos que un año atr&aacutes; y que absolvieron casos por $11.9 millones, 55 % menos que un año atr&aacutes;.

    Durante el año 2024, la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, conformada por el presidente y los dos magistrados nombrados por el Órgano Legislativo, confirmó condenas por $291,322.84, un monto 97 % menor al contemplado en condenas confirmadas en el año 2023.

    La mayor disminución de montos cuestionados durante 2024 se registra en las condenas que fueron confirmadas por los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2023, la Cámara de Segunda Instancia confirmó condenas por un monto de $13.8 millones, pero el año pasado confirmó condenas por $291,322.

    Desde 2019, el año de mayor monto cuestionado en las condenas confirmadas por la CCR fue 2019, con $15.7 millones, monto que cayó en 2020 a $509,611.67; luego subió a $14.3 millones en 2021 y $13.8 millones en 2023.

    Durante el año 2023, los montos cuestionados en las condenas emitidas por las Cámaras de Primera Instancia de la CCR sumaron $112.9 millones, un aumento de 783 % respecto al año anterior; en 2024, la tendencia bajó un 77 % a $25.7 millones.

    Durante los últimos seis años, las auditorías de la CCR han cuestionado el manejo de $662,759,999.9, pero no todos los cuestionamientos son confirmados. Los casos son enviados a juicios de cuentas a las Cámaras de Primera Instancia y posteriormente, si hay solicitudes de revisión o apelación, son evaluados por la Cámara de Segunda Instancia, que es conformada por los magistrados de la CCR nombrados por los diputados.

    En ese mismo periodo, las Cámaras de Primera Instancia han emitido condenas por $184,859,227.0, y la Cámara de Segunda Instancia ha confirmado condenas por $56,046,551.22 ante solicitudes de apelación o revisión que recibieron.

  • Exportaciones aéreas crecieron un 7 % en enero pasado

    Exportaciones aéreas crecieron un 7 % en enero pasado

    Las exportaciones aéreas experimentaron un crecimiento interanual de un 7.2 % en enero pasado, según la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

    El último informe de la institución, divulgado a finales de febrero pasado, refleja que en enero de 2025 se exportaron 1.4 millones de kilogramos de bienes a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdémez, 99,359 kilogramos más que los 1.3 millones contabilizados al mismo período de 2024.

    Esta terminal aérea fue la única que movilizó carga en enero pasado, pues el Aeropuerto Internacional de Ilopango centró sus operaciones en la atención de 830 pasajeros y 6,188 aeronaves.

    La cifra es la más alta registrada en enero de cada año desde 2021, cuando se contabilizaron 2.2 millones de kilogramos de mercadería comercializada.

    Los informes históricos de la CEPA confirman que de 2021 a 2022 hubo una reducción de los bienes exportados por el Aeropuerto Internacional de El Salvador, al pasar de 2.2 millones de kilogramos a 1.3 millones.

    Para 2023, los envíos ascendieron a un millón de kilogramos y en 2024 se reportó una recuperación tras reportar 1.3 millones de kilogramos.

    Mercadería electrónica

    El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, aseguró en febrero pasado que las empresas enfocadas en electrónica son los principales clientes de la terminal aérea.

    Arriaza aseguró en su momento que este tipo de servicios tienden a ser más caros que la exportación de mercadería por vía terrestre o marítima.

    “Entonces hay que hacer el análisis si el costo es más alto vía aérea o es más alto en el puerto con las condiciones que tiene el puerto”, añadió el vocero industrial al recordar que existe una saturación de servicios en el Puerto de Acajutla, Sonsonate.

    Arriaza dijo que hay materia prima que no puede movilizarse por avión como graneles y materia prima del sector construcción, como hierro.

    Otras operaciones

    La CEPA señala que las importaciones crecieron a una mayor tasas que las exportaciones en enero pasado.

    Según el informe, el país pasó de importar 1.1 millones de kilogramos de mercadería por vía aérea en enero de 2024, a 1.5 millones para 2025, marcando un alza de un 29.7 %.

    A nivel de pasajeros, la CEPA confirmó un aumento de un 0.2 % al pasar de 492,776 personas el año pasado, a 493,677 para enero de 2025.

    Dentro de la porción que ingresó en el primer mes de este año, 206,171 realizaron gestiones para salir del país por medio del principal aeropuerto de El Salvador, mientras que 183,944 arribaron y 99,443 fueron catalogados como transbordo.

    Por su parte, 4,119 pasajeros fueron calificados como en tránsito por CEPA.

  • Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    Pánico e indignación entre venezolanas en EE.UU. dejan las deportaciones a El Salvador

    Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos están aterrados e indignados con la deportación masiva de sus compatriotas a una cárcel de alta seguridad en El Salvador y el trato que se les da como delincuentes peligrosos, y alegan que muchos eran simplemente indocumentados que estaban buscando una vida mejor en Estados Unidos.

    La Casa Blanca los describe como «monstruos atroces» y «terroristas», mientras activistas, abogados y familiares de algunos de los deportados los defienden.

    Además, denuncian que menos de la mitad de los 238 venezolanos deportados a El Salvador tienen supuestos vínculos con la banda transnacional de crimen organizado Tren de Aragua, la excusa dada para las deportaciones expeditas y sin el debido proceso legal.

    Sin embargo, nada resuena tan fuerte como el temor de las familias de los inmigrantes venezolanos. Una higienista dental en Miami que espera recibir asilo político contó a EFE que tiene un hijo de 22 años con un tatuaje en el cuello, una de las características que une a la mayoría de los deportados a El Salvador.

    «Él está trabajando en construcción en Texas. Está en peligro de que en cualquier momento lo consideren Tren de Aragua y me lo manden para allá», dijo visiblemente aterrorizada. Quisiera prohibirle salir, pero entre los dos mantienen al resto de su familia en Venezuela.

    «Él estuvo protestando contra (Nicolás) Maduro ¿Cómo saber que, en cuanto pise Venezuela, será un preso político más?», expresó antes de romper en llanto.

    Familias de venezolanos viven un terror similar desde que el Gobierno de Trump anunció que no renovaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Este 7 de abril, 348,000 venezolanos que llegaron al país en 2023 quedan a merced de las autoridades migratorias. En septiembre pierden la protección otros 300,000.

    «Estamos armando una red de psiquiatras y psicólogos pro bono para ayudar a personas que están sufriendo graves crisis de salud mental con esta situación», dijo a EFE Adelys Ferro, confundadora y directora ejecutiva del grupo Venezuelan-American Caucus.

    Mencionó casos sobre intenciones de suicidio, crisis nerviosas, agorafobia y depresión severa. Hay padres «que ya prepararon documentos notariados para dar la custodia de sus hijos a amigos en caso de que sean deportados, y que los niños (nacidos en Estados Unidos) no queden bajo la custodia del Gobierno».

    «Tambien tienen miedo de qué pasaría con sus bienes en caso de ser deportados bajo esta medida», dijo Ferro.

    El nuevo temor a los tatuajes

    Familiares de los migrantes expulsados los han comenzado a reconocer en un video publicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bkele, celebrando la llegada de los migrantes a sus cárceles.

    La cuenta en X de la Casa Blanca publicó un video enfocado en dos jóvenes muy tatuados destacando las deportaciones.

    Las familias de Mervin José Yamarte y Ysqueibel Peñaloza dijeron en las redes sociales haberlos reconocido. Otras familias aseguran que sus hijos o esposos están entre los migrantes, porque han desaparecido de las listas públicas de la población en los centros de detención de migrantes.

    Tal es el caso de Sebastián García Casique, quien estaba detenido en Texas y hablaba a menudo con su familia.

    «Una señora me habló de su esposo, que estaba en uno de esos centros (donde estaban recluidos los indocumentados en EE.UU.). Él ya le había dicho que le estaban preguntando si era Tren de Aragua porque tiene un reloj tatuado en el brazo», contó Ferro.

    «Ella me dijo que 'el reloj tiene 20 años y se lo hizo cuando nació nuestra hija'», agregó para el analista político y productor de la Reason Foundation Andrés Baiz.

    Este episodio «ha marcado un antes y un después en cómo la comunidad venezolana percibe a la Administración Trump», enfatizó.

    «Muchos tenía la esperanza de que se expandiera el TPS mediante una orden judicial y seguir con la idea de que Trump solo perseguiría a 'los criminales'. Ahora se están dando cuenta de que cualquier venezolano, incluso los residentes legales, pueden ser deportados.

  • Voceros de Unidehc seguirán procesados en etapa instrucción por caso La Floresta, pero pendientes de medidas

    Voceros de Unidehc seguirán procesados en etapa instrucción por caso La Floresta, pero pendientes de medidas

    El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó, en audiencia de imposición de medidas este martes, que las cuatro personas en calidad de ausentes implicadas en el caso de “La Floresta” pasen a etapa de instrucción, mientras continúan las investigaciones.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó en calidad de ausentes a los abogados y voceros de la Defensa de Derechos Humanos y
    Comunitarios (Unidehc), Ivania Berenice Cruz y Rudy Mauricio Joya, por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones. Así lo confirmó la misma abogada Cruz en su cuenta de red social X.

    Asimismo, procesó a otras dos personas identificadas como Elba de Guzman y Julio Sandoval, por los delitos de agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libertad de circulación y usurpación. Todos acusados de vender de forma ilegal terrenos de la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

    En la audiencia de este martes, el Tribunal decretó que el caso pase a etapa de instrucción, sin embargo, se excusó sobre las medidas cautelares, ya que estas se determinarán en una nueva diligencia, según expuso el representante legal de una de las acusadas.

    “El caso pasó a instrucción por tiempo de seis meses y en el caso de mi representada (Elba) se logró eliminar un delito que es el de limitación ilegal a la libertad de circulación, ya que no hay indicios”, dijo el abogado.

    En el caso de los imputados Sandoval y de Guzman, el apoderado de esta última no han sido citados de manera legal, debido a que no han sido ubicados, por lo que la Fiscalía debe cumplir con los requisitos de comunicación, con el fin que ambos procesados sean notificados del proceso.

    “No han sido citados de forma legal las personas (Elba y Julio) que tienen carácter de imputados en este proceso. Se van hacer las diligencias correspondientes y luego se fijará una fecha para una nueva audiencia de imposición de medidas”, explicó el apoderado.

    Además, indicó que se realizarán los respectivos avisos en el Diario Oficial y en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los acusados sean citados formalmente. Ante ello, se programará una audiencia especial de valoración de medidas.

    Previo a la instalación de la audiencia inicial, la defensa de los voceros de Unidehc presentaron una solicitud para reprogramar la diligencia, debido a que señalaron se encuentran fuera del país y no podrían acudir a la audiencia, no obstante, esta se realizó con la presencia de un representante de la Procuraduría General de la República (PGR).

    Otros acusados

    En el caso también fue señalado el activista Fidel Zavala, quien presuntamente recibía instrucciones por parte de los abogados y realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían.

    La Fiscalía acusó a 29 personas, 25 presentes y cuatro en calidad de ausentes, en su mayoría habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad de vender lotes a personas de escasos recursos por montos de entre $100 y $200.

    El pasado viernes, el mismo Tribunal realizó la audiencia de medidas cautelares para los acusados presentes y decretó prisión provisional para 24 de ellos y medidas sustitutivas a la detención para una de las procesadas, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

  • Sentencian a 30 años de prisión a nicaragüense que asesinó a su expareja

    Sentencian a 30 años de prisión a nicaragüense que asesinó a su expareja

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una pena de 30 años de cárcel contra Wilmer Javier Zavala, de 30 años, por el asesinato de su expareja, en una fecha reciente que no fue revelada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que Zavala, de ciudadanía nicaragüense, asesinó a la mujer el 30 de mayo de 2018.

    Las investigaciones fiscales apuntaron a que la víctima salió de su casa ese día, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, para encontrarse con Zavala.

    El condenado hizo que la mujer se subiera a su automóvil, en un centro comercial, desde donde se dirigieron hacia un auto hotel en Mejicanos, de la misma jurisdicción.

    “Esta mujer desapareció y gracias a las investigaciones fiscales lograron ubicar el cuerpo de la víctima en el distrito y departamento de Usulután, al oriente del país, en un pozo seco”, indicó la FGR.

    El cuerpo de la víctima se localizó en una residencia que pertenece a la familia del imputado, añadió la Fiscalía.

    Otras condenas

    Estas no son las únicas condenas que se han externado en los últimos días.

    La semana pasada, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana decretó 20 años de prisión para Jacqueline Evelin Vanegas Chávez y Sonia Maribel Mendoza Chávez, por asesinar a golpes a una mujer.

    La FGR dijo que ambas mujeres interceptaron a la víctima para “reclamarle por comentarios” que supuestamente externó sobre Vanegas Chávez.

    Tras negar las acusaciones, la mujer fue golpeada y falleció posteriormente.

    El 13 de marzo, la FGR informó sobre la condena de 20 años de prisión que se interpuso a Brayan Alfredo Hernández Durán y Kevin Alexander Gómez por homicidio agravado.

    Ambos hombres, pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) participaron en uno de los homicidios que se cometieron en marzo de 2022, en San Luis Talpa, municipio de La Paz Oeste.