Tres meses después del último melodrama presupuestal, Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una potencial parálisis de los servicios públicos, mientras el presidente Donald Trump exhorta al Congreso a adoptar antes del viernes una ley para evitar esta difícil situación.
«Veremos, pero puede ocurrir», dijo el presidente estadounidense el domingo a bordo del Air Force One.
La situación, que se da si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto o toma medidas para prolongar el actual con más fondos, supone una amenaza al funcionamiento del estado federal, una suerte de cierre conocido popularmente como «shutdown».
Si eso ocurre, cientos de miles de funcionarios públicos quedarían en desempleo técnico, sin paga, hasta que la situación se resuelva. El tráfico aéreo se vería perturbado, los parques nacionales cerrarían, y el pago de algunas ayudas alimentarias a las familias de bajos ingresos se verían afectados.
El Congreso evitó a último minuto una parálisis así en diciembre, pero solo hasta el 14 de marzo.
La situación es tan impopular, que el presidente brega para evitarla.
Durante su primer mandato (2017-2021), un diferendo con los demócratas sobre el financiamiento del muro en la frontera sur con México provocó una parálisis parcial del Estado federal por 35 días.
Una propuesta fue presentada el sábado y salvaría la situación hasta setiembre. Permitiría a Trump trabajar sobre un presupuesto más consecuente para financiar sus medidas, como la expulsión de migrantes.
Pero los republicanos disponen de poco margen de maniobra en la Cámara de Representantes donde habitualmente pierden votos de ortodoxos conservadores que se oponen a textos temporales porque consideran que solo agravan el endeudamiento del país.
La oposición demócrata se opondrá al texto, en medio de recortes de plantilla en el sector público federal bajo la égida del multimillonario asesor del presidente republicano, Elon Musk.
