En el año 2027 se agotará la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que financia las pensiones mínimas en El Salvador, y se vencerá el periodo de gracia que tiene el gobierno para pagar intereses y capital a su deuda con el Fondo de Pensiones, que ascendía a $10,572.40 millones en enero de 2025.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo advierte en la página 30 de un informe emitido luego del acuerdo de financiamiento a El Salvador, «los activos de la CGS se agotarían en 2027», por lo que comprometió al gobierno a una «reforma integral del sistema de pensiones para contener los déficits fiscales y restaurar la sostenibilidad de las pensiones» y advirtió que se deberán evitar medidas que «aumenten» las deudas contingentes. Esa reforma debe ser adoptada en 2026.
¿Cuáles son los caminos según tres expertos para recuperar esa «sostenibilidad» del sistema en el tiempo, es decir, que no agote los ahorros de los trabajadores cotizantes antes de tiempo?
Los problemas centrales, según el economista Carlos Acevedo, son dos: la alta informalidad en el mercado laboral, que deja fuera del sistema de pensiones a la mayor parte de la población, y los bajos salarios, que no permiten pensiones dignas. «Solución, no sé si la haya», aclaró.
De entrada el régimen es elitista con la alta informalidad. El 25 % de la PEA son los que van a tener pensiones, y dentro de ese 25 %, el 80 % tiene el salario mínimo. De entrada, eso indica que no se pueden tener buenas pensiones. Por más malabarismos que hagás, no vas a tener lo que la gente pide.
Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.
El también expresidente del Banco Central de Reserva cree que un referente de El Salvador podría el sistema de pensiones de Uruguay, en donde hay una tasa de cotización del 21 % –la tasa de cotización de El Salvador suma 16 % del salario–, edades de jubilación de 65 y 67 años –las edades de jubilación en El Salvador son 55 y 60 años– y además tiene un IVA de 23 % en donde dos puntos son para pensiones, con una tasa de reemplazo –pensión respecto al salario que se devengaba– de aproximadamente 40 %. «Yo creo que por ahí tendrían que ir los números para que el sistema sea medio sostenible», indicó el economista.
«Entonces, obviamente aquí hay que hacer los estudios actuariales que corresponda, pero yo tomo como ejemplo el sistema de Uruguay, que es probablemente el mejor dentro de los sistemas mixtos en América Latina», argumentó.
Sin embargo, aumentar las edades de jubilación y aumentar la tasa de cotización de los trabajadores, según Acevedo, costaría capital político al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«La reforma que garantice la sostenibilidad tendría que ir en esas tres líneas: tasas de cotización, edades de jubilación y revisar la tasa de reemplazo. Costaría al presidente buena parte de su capital político». Carlos Acevedo, economista.
Tomando en cuenta que el año 2027 es un año crucial, por agotarse los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y por vencerse el periodo de gracia del gobierno para reanudar sus pagos de intereses o capital a la deuda con el Fondo de Pensiones, cree que sí es necesario que la reforma se apruebe en el 2026 y, además, «habría que renovar el periodo de gracia del pago de intereses y capital y hacer algún otro malabarismo».
El agotamiento de los fondos de la CGS, explicó, no es algo nuevo. «Todo esto se sabe desde el día 1. Desde el día 1, sabíamos que la Cuenta de Garantía Solidaria se iba a agotar», afirmó.
La CGS se alimenta de las cotizaciones de cada trabajador y las aportaciones del empleador: del 16 % del ingreso, 7.25 aportado por el trabajador y 8.75 por el empleador, 9 % va a la cuenta individual, 6 % a la CGS y 1 % a la comisión de las AFP.
El economista Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que uno de los problemas de la reforma de 2022 es que aumentó la tasa de cotización pero eso no se tradujo en un ahorro sustancial en la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) sino en un beneficio para los jubilados de 30 % adicional.
Para el economista las reformas «paramétricas» –como aumento de la edad de jubilación y tasa de cotización– necesariamente requiere que beneficie individualmente al trabajador.
«La única forma que veo es que haya un incentivo en que las reformas paramétricas verdaderamente se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para sufragar otras cuentas de jubilados o peor aún las cuentas del gobierno».
Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Funde.
El economista también considera posible la revisión de la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que actualmente es del 1 %.
Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, la reforma «paramétrica» es inevitable. «Es que se viene, es una reforma que va a venir, es una paramétrica, va a venir», dijo recientemente en Diálogo 21.
Pineda cree que se debe disminuir la comisión de las AFP, porque la reforma de 2022 la volvió «más onerosa»; además, propone cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, pagar la deuda estatal de pensiones, mejorar salarios, ampliar cobertura del sistema y liberar los instrumentos de inversión de los fondos de pensiones a tasas de hasta el 9 % anual.
«Tenían 1.90 % antes de 2022, lo bajaron al 1 %, ¿qué no te dicen?, antes las AFP destinaban al pago de la póliza de seguros 1.12 % y se quedaban con el 0.78 % pero hoy ganan el 1 %, eso es lo que no te dicen».
Patricio Pineda, Meas por una Pensión Digna.
En síntesis, estos fueron los elementos posibles o probables de una reforma de pensiones en El Salvador hacia el año 2026 mencionados por los economistas consultados:
1. Aumento de la edad de jubilación.
2. Aumento de la tasa de cotización (porcentaje del ingreso aportado por el trabajador y el empleador).
3. Revisión de la tasa de reemplazo (relación porcentual de la pensión con el salario del trabajador).
4. Un economista propuso evaluar la renovación del periodo de gracia que tiene el Estado para seguir pagando la deuda estatal con el Fondo de Pensiones. Otro economista propuso que el Gobierno pague el total de la deuda de pensiones.
5. Que las reformas paramétricas se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para cuentas de jubilados o del gobierno.
6. Revisión de la comisión de las AFP (1 %).
7. Cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones.
8. Hacer ajustes actuariales al sistema.
9. Colocar los fondos de pensiones en instrumentos de rentabilidad del 7 al 9 % anual.
10. Mejores salarios, más oportunidades de trabajo y ampliación de cobertura.
