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Diferentes organizaciones civiles marcharon este 8 de marzo por la persistencia de la violencia contra las mujeres, la persecución obstétrica y la penalización absoluta del aborto.

Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no cataloga a los feminicidios como tal y los llama «intolerancia familiar».

Según Cáceres, la FGR reportó 39 feminicidios en 2024, mientras que la Asamblea Feminista contabilizó, a través del monitoreo de medios, al menos 48 víctimas de violencia machista.

«Todo el aumento de violencia sexual que ha habido y que intentan callar cerrando las cifras desde 2022, ha significado que más niñas tengan un parto y, sobre todas las cosas, muertes y mortalidad materna».

Keyla Cáceres

Asamblea Feminista

Delia Cornejo, parte de la Resistencia Feminista, recordó que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer como parte de un legado histórico de mujeres luchadoras que pelearon por derechos laborales, así como al voto ya la educación.

Cornejo se enfatizó en que las ocho horas laborales fueron parte de los logros de la persistencia de las mujeres.

«Hoy marchamos contra las medidas neofascistas del presidente Bukele, de la violencia invisibilizada contra las mujeres, contra los despidos masivos de mujeres y hombres que se están dando en los diferentes ministerios», añadió la vocera de la Resistencia Feminista.

La Resistencia también marchó por los desalojos masivos de los vendedores en el centro histórico de San Salvador.

Acoso

Durante la movilización, también se pronunciaron en contra de la implementación de la minería metálica, el acoso y la criminalización contra las organizaciones feministas y civiles que están en desacuerdo con las decisiones estatales.

«Desaparecieron todas las instancias que se crearon para la defensa por la Ley de igualdad que había logrado generar instancias y condiciones de garantías para las mujeres», agregó Cornejo.

Bajo dicha premisa, la Asamblea Feminista denunció las amenazas de cierre de espacios preparados para atender a las víctimas de violencia de género, a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el aumento de las desapariciones.

Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista, denunció persecución: «Nos han mandado la Policía afuera de nuestras organizaciones, nos han sacado en diferentes bases de datos que nos están investigando y, sobre todas las cosas, intentan callarnos».

Cáceres se enfatizó en que no guardarán silencio ante problemas como la brecha salarial, pese a que las organizaciones civiles y feministas son perseguidas por la PNC.

Durante la marcha, que salió desde el parque Cuscatlán hacia la plaza Divino Salvador del Mundo, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) de El Salvador se pronunció en contra de la eliminación de mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y la precarización de la vida.

Además, se externó un desmantelamiento progresivo del sistema de salud pública, así como la continuidad del régimen de excepción y una agenda anti derechos y discursos de odio del gobierno.

«El año pasado El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana por el caso de Beatriz, sin embargo, seguimos viendo el caso de emergencias obstétricas que les están aplicando el régimen de excepción, sabiendo que no tienen ningún vínculo con ninguna pandilla», añadió Cáceres.

Peticiones

Las Dignas recordaron que en el país existe una feminización de la pobreza a través de la precarización laboral y el desempleo, así como el debilitamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

Las organizaciones exigieron este sábado igualdad real, justicia social, que las mujeres vivan libres de violencia y que se respete la voz y derechos del activismo feminista.

En sintonía, se pidió restablecer el estado de derecho, despenalizar el aborto, derogar la ley de minería metálica, detener los despidos injustificados hacia las mujeres y la violencia, así como que se respeta el estado laico y que se retomen las demandas que las mujeres rurales hacen.

A través de un comunicado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) destacó el lugar que las mujeres han jugado en torno a la lucha de derechos civiles, económicos, sociales y ambientales, al mismo tiempo que continúan siendo víctimas de «grandes desafíos», como la discriminación y la falta de oportunidades.

FESPAD pidió al gobierno velar por el cumplimiento de las leyes y normativas internacionales que respaldan los derechos de las mujeres. De igual manera, recomendó dotar de recursos las instituciones relacionadas con los derechos humanos de las mujeres, e instó a la PNC y a la FGR no estigmatizar y revictimizar los casos de mujeres desaparecidas.

Las concentraciones continuarán la próxima semana, este lunes la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) dará una conferencia de prensa relacionada con la reivindicación de los derechos de igualdad y trabajo justo.

Las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres en El Salvador exigen al Estado que garanticen una mayor transparencia en los registros de feminicidios que se reportan en el país.

La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (Red-Fem), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Las Melidas y Las Dignas señalan que persiste una grave falta de datos claros sobre los feminicidios y la violencia de género, lo que complica la implementación de políticas públicas de manera eficaz.

«Nosotras consideramos que debido a que se está vendiendo en la imagen de un país, ‘el más seguro del mundo mundial’ ha significado esconder o invisibilizar justamente este tipo de violencia y para nosotras, por supuesto, que es importante y es clave que se cuantifique, que se registren los datos de violencia para poderlos abordar desde el estado y cumplir los compromisos que se tienen a nivel nacional y a nivel internacional», expuso la representante Las Dignas, María Teresa Trejo.

La vocera de Las Dignas argumento que en materia de derechos humanos, dicha situación significa «un retroceso de aproximadamente 25 o 30 años» de cuando el movimiento feminista registraba los crímenes, con el fin de visibilizar ante el Estado que había una violencia específica dirigida hacia las mujeres.

«Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y de que producto de la lucha de las organizaciones de mujeres y de la aprobación de normativa muy importante como la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia) y la LIE (Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres) teníamos un registro de parte del Estado que estaba obligado justamente a visibilizar, a documentar, a registrar esa violencia con en estos últimos años los retrocesos están precisamente en esa idea», agregó Trejo.

De acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en su articulo 30 señala que, el Ministerio de Justicia y Seguridad Publica es el responsable de manejar el Sistema Nacional de Datos y Estadísticas e Información de Violencia contra las mujeres, sin embargo, las instituciones oficiales no han publicado datos sobre feminicidios desde el año 2022.

Registros de feminicidios

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) recopila periódicamente actos de feminicidio a través del monitoreo de medios de comunicación, por lo que sostienen que podría existir un subregistro de casos.

De acuerdo a los últimos datos de Ormusa, en enero y febrero de 2025, se han registraron cuatro feminicidios en El Salvador, según el monitoreo de medios realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa.

En el caso del año 2024, la cantidad de las muertes fueron similar (cuatro), mientras que en el 2023, se contabilizaron 12.

De los 20 feminicidios y muertes violentas de mujeres registradas en los primeros dos meses de 2023, 2024 y 2025, el 35% fueron perpetradas por parejas o exparejas de las víctimas, que equivale a siete de los casos.

«El mecanismo de autoprotección del sistema al no revelar los datos es precisamente lo que impide que conozcamos en profundidad cuánta es la incidencia, si ha aumentado, quiénes son los responsables y qué favorece es la impunidad. El efecto de la impunidad es que el fenómeno se va a seguir repitiendo porque el mensaje es que se puede hacer y que nadie va a pagar por ello», aseveró Silvia Juárez, de Ormusa.

En el año 2024, Ormusa contabilizó al menos 38 feminicidios, de los cuales 22 fueron cometidos por parejas o exparejas o familiares en el ámbito de confianza, que equivale a un 52% de las muertes.

Ante ello, demandan fortalecer los sistemas de protección para mujeres en riesgo, garantizando atención oportuna y una respuesta rápida y efectiva en la investigación y judicialización de los casos de feminicidio y violencia basada en género.

Asimismo, que no oculten los hechos violencia contra las mujeres, generando datos actualizados y transparentes de la aplicación de la normativa nacional de género, recolectando, analizando y publicando información sobre la violencia basada en género.

Carga judicial

Por otra parte, las organizaciones señalaron que es importante reconocer que una de las reformas más estructurales que hizo El Salvador a partir de las dos leyes fue la forma judicial, con una jurisdicción especializada, mecanismos en la fiscalía, la policía y la procuraduría para la investigación de delitos contra las mujeres.

«Fueron los primeros tribunales que empezaron a reconocer la reparación para las mujeres, la reparación integral del daño y también que han protegido la dignidad de las mujeres, que está protegida constitucionalmente», explicó la representante de Ormusa.

Sin embargo, indicó que esa reforma no incluyó una carga presupuestaria que fuera proporcional al fenómeno que se van a enfrentar. «Hay nada más cuatro tribunales, o sea, cuatro jurisdicciones a nivel nacional para tener un problema que tiene un carácter masivo».

Según detalló, son en promedio 6,000 hechos de violencia sexual al año, casi 7,000 hechos de violencia física y casi la misma proporción de violencia patrimonial, los cuales se cuatro tribunales especializados a nivel nacional.