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El gobierno ha asumido diversos compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder acceder a un financiamiento gradual en 40 meses por menos de $1,400 millones, entre estos, la reforma al sistema de pensiones.

¿Qué compromisos asumió el gobierno sobre pensiones, según el reporte del FMI publicado el 3 de marzo?

1. Evaluación actuarial independiente: julio de 2025.

Según el Fondo, «para cuantificar los riesgos» ante «todas las reclamaciones» de pensiones públicas y privadas y «fundamentar la toma de decisiones», «las autoridades reanudarán las evaluaciones periódicas de la sostenibilidad del sistema de pensiones y publicarán una evaluación actuarial independiente» a fines de julio de 2025.

2. Propuesta de reforma en febrero de 2026.

Una vez concluida esta evaluación, dice el FMI, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, «se publicará una propuesta de reforma» en febrero de 2026 «para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».

3. Reforma de pensiones en 2026.

El Fondo dice que el programa con El Salvador se basa en una «ambiciosa consolidación fiscal favorable al crecimiento» que no solo incluye «eficiencia en el gasto público», reformas a la función público, sino reformar «el sistema de pensiones a lo largo del tiempo». Indica que la propuesta de reforma «se adoptará» en 2026.

4. Restablecer la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El Fondo indica que «en concreto, existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022».

Sobre la reforma de 2022, el FMI dice que esta «aumentó los beneficios, desvinculó los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individuales, y dispuso que los fondos de pensiones privados financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior».

5. Diversificación de los fondos de pensiones.

El Fondo espera que el financiamiento ayude a aliviar la deuda con los bancos, proteger el crédito a privados y «la diversificación de los fondos de pensiones», «reduciendo así la exposición del gobierno y los riesgos asociados al nexo entre el gobierno y los bancos».

El FMI reconoce la publicación del plan fiscal trienal 2025-2027, por el Ministerio de Hacienda, que incluye «el costo esperado de las pensiones públicas y de los pagos de intereses sobre la deuda de pensiones», así como la publicación de los datos fiscales e información sobre flujos fiscales y saldos de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, atribuyó el martes el atraso en la construcción de las escuelas en El Salvador al incumplimiento por parte de algunos contratistas, mientras los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señalan al gobierno «de incompetente».

El martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que permite al Ministerio de Educación adjudicar obras en escuelas con sola la aceptación o comunicación del contratista, decreto que tendrán una vigencia de dos años.

En la plenaria, el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, reveló que algunos contratistas han dejado de cumplir obligaciones y que algunos caso están en la Fiscalía General de la República (FGR). Argumentó que el primero de los objetivos con estas disposiciones es quitar requerimientos burocráticos en las licitaciones de proyectos y el segundo, competir como Estado salvadoreño en el rubro de la construcción.

A lo largo y ancho del país, existen algunas escuelas que ya se entregaron pero también sabemos que hay algunas que se han detenido y, por esto, mucha gente en los territorios las encontramos molestas; esto ha sido por el sistema y el procedimiento burocrático, que hoy se va a eliminar, porque algunos contratistas han dejado de cumplir obligaciones y eso para los proyectos por ocho meses, nueve o un año; y eso hace ineficiente todo el proceso, al fin y al cabo lo que necesitamos es entregar renovadas las escuelas”.
Mauricio Ortiz (Nuevas Ideas).

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que «son incompetentes».

“El problema es que nos está gobernando gente incompetente, es ridículo lo que dice el ministro, si realmente lo que pasa es que son incompetentes, el decir ellos que porque les entregaron fianzas falsas y ahí se atrasa el proceso, es que eso debería de ser dentro del proceso de verificación que tienen como Ministerio de Educación.
Marcela Villatoro (Arena).

El diputado Francisco Lira, también de Arena, reiteró que la promesa del Gobierno de reconstruir más de 5,000 escuelas no se ha cumplido. “Y ahora quieren saltarse toda las leyes de contratación pública en este país y ¿qué garantía tenemos si ni tenemos acceso a los contratos de contratación?, por eso votamos en abstención”.

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto de las disposiciones transitorias que permitirá que el Ministerio de Educación adjudique los proyectos de construcción o remodelación de escuelas a contratistas, sin tener que pasar por un proceso de licitación, con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Según el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó, ellos crearán una “lista corta” de contratistas para asignar lor proyectos.

Ocho candidatos se están postulando como candidatos a

procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028; entre los aspirantes, está el actual procurador general, René Gustavo Escobar Álvarez, elegido en el cargo el 27 de abril de 2022.

Escobar Álvarez acompañó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador y afirmó que en el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas».

Otras de las acciones bajo su administración en la PGR ha sido la aprobación, el 16 de diciembre, de un reglamento de viáticos para gastos de alojamiento y alimentación de funcionarios o empleados que participen en misiones oficiales dentro –en un radio mayor a 15 kilómetros– o fuera del país.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los expedientes de los ocho aspirantes pasaron a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que no fue convocada para reunirse.

Los ocho aspirantes

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa

Ha sido jefe del Departamento de Asistencia Técnica a Juntas de Protección, de la Subdirección de Defensa de Derechos Individuales, Unidad del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.

2. Cándida Dolores Parada de Acevedo

Representante suplente de la procuradora general adjunta Consejo Nacional de la Niñez. y de la Adolescencia.

3. Juan José Loza Lizama.

Abogado, participó como candidato propietario a diputado por el PCN en las elecciones 2024. También buscó ser procurador general de la República en 2019.

4. Nelson Alexander Yanes Iraheta

Abogado y notario, directivo del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (Foprolyd) por parte del Ministerio de Salud, abogado de la Junta de Protección del Conna en La Paz. También participó en la elección para titular de la PGR en 2022.

5. Sara Nohemy García Leonardo

Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del distrito de La Libertad.

6. Sara Yolanda González Alfaro

Aparece como representante legal de la sociedad Macarius, S.A. de C.V. en el Centro Nacional de Registros.

7. Karina Yaneth Martínez Guevara

Juramentada como jueza de la Corte Suprema de Justicia el 26 de septiembre de 2021.

8. René Gustavo Escobar Álvarez

Actual procurador general de la República.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó el martes cuáles son los derechos constitucionales suspendidos por el régimen de excepción en El Salvador, al buscar aclarar que no es cierto que «están suspendidas todas las garantías constitucionales» que podrían suspenderse.

Merlos dijo que las “garantías que sí están suspendidas” son: el artículo 12 inciso segundo de la Constitución “que se refiere a que la persona que ha sido detenida tiene derecho a saber por qué ha sido detenida, también a no ser obligada a declarar, a contar con un defensor, a que la orden de detención sea por escrito.”

Agregó que también está suspendida la garantía “establecida en el artículo 13 inciso segundo, la cual se refiere a que la detención administrativa no excederá de 72 horas.”

“También tenemos las contempladas en el artículo 24, la cual se refiere a que la correspondencia de toda clase es inviolable, además de que se prohíbe la interferencia e intervención en las telecomunicaciones”, añadió la diputada de Nuevas Ideas.

El artículo 29 de la Constitución también permite suspender también otras garantías contenidas en los artículos 5 (libertad de entrar, permanecer y salir), 6 inciso primero (libertad de expresión) y 7 inciso primero (derecho de asociación).

Según la legisladora, el régimen de excepción es necesario para garantizar el “alto nivel de operatividad y combate contra las estructuras criminales y las pandillas” pero no lo consideró suficiente, sin otras estrategias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En noviembre de 2024, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que el régimen de excepción solo afecta dos garantías constitucionales en El Salvador y que únicamente afecta a “las personas perfiladas como miembros de las estructuras criminales”.

«En este momento, el estado de excepción solo afecta dos garantías constitucionales y una es que la detención administrativa tiene que ser por tres días, nosotros la hemos extendido a 15 días, hay una excepción, para poder detener a una persona antes de pasarla al juez; y, la segunda, la inviolabilidad de la correspondencia… Son solo esas dos y son solamente para las personas que están señaladas, perfiladas como miembros de las estructuras criminales, no es para todos los salvadoreños», expresó Ulloa en la Conferencia Internacional sobre Estado de Derecho y Democracia.

El decreto original que creó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 suspendió el derecho de asociación; sin embargo, en la prórroga aprobada el 16 de agosto se excluyó la suspensión del derecho contenido en el artículo 7 de la Constitución de la República referido al derecho de libre asociación. Desde entonces, las prórrogas han aclarado que las disposiciones de la Constitución que están suspendidas son artículo 12 inciso segundo, artículo 13 inciso segundo y artículo 24 de la Carta Magna.

Organizaciones no gubernamentales como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas» han denunciado capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de centros penales durante el régimen de excepción.