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Después de cuatro años de negociaciones, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde al acuerdo por $1,400 millones solicitado por el gobierno salvadoreño para un programa de consolidación fiscal.

El programa está bajo el Servicio Ampliado del FMI (EFF, por sus siglas en inglés), que permite un desembolso inmediato de $113 millones.

La solicitud del acuerdo se sometió a aprobación del Directorio Ejecutivo este miércoles y, poco después del aval, el gobierno pidió a la Asamblea Legislativa la ratificación de los términos de financiamiento y la carta de intención, que fue aprobada con dispensa de trámite.

A continuación, las claves del acuerdo:

1. Desembolso inmediato de $113 millones
El acuerdo autoriza un primer desembolso de $113 millones para apoyar las finanzas públicas y la estabilidad económica del país.

2. Programa para atraer financiamiento adicional
El acuerdo abrirá las puertas a un financiamiento adicional de organismos multilaterales, con un paquete total estimado de $3,500 millones que se desembolsarán durante el período del programa.

3. Objetivo de fortalecer las finanzas públicas
La etapa medular del acuerdo es un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años. ¿Qué significa esto? El gobierno se ha comprometido a realizar acciones para reducir el gasto y aumentar los ingresos, a fin de reducir el alto nivel de deuda.

4. Reducción del déficit externo y fortalecimiento de reservas
Se implementarán medidas para aumentar las reservas internacionales, que son un colchón de liquidez para cuando un país enfrenta una crisis. Además, se contemplan acciones para la estabilidad financiera a largo plazo.

5. Reforma de la función pública y sistema de pensiones
El programa contempla reformas en la administración pública y el sistema de pensiones para hacer más eficiente el gasto del gobierno sin afectar la sostenibilidad fiscal.

6. Medidas anticorrupción y transparencia fiscal
El acuerdo exige mejoras en la transparencia y la gobernanza, incluyendo la publicación de auditorías financieras de entidades gubernamentales y procesos más estrictos de rendición de cuentas en el gasto público.

7. Regulación del sector financiero
Se fortalecerán los marcos regulatorios y de supervisión financiera para garantizar la estabilidad del sistema bancario y fomentar la inclusión financiera en el país.

8. Control de riesgos asociados al bitcoin
El programa impone restricciones a la participación del sector público en transacciones con bitcoin. Previamente, la Asamblea Legislativa aprobó en enero pasado un paquete de reformas para que la criptomoneda sea solo de uso voluntario en el sector privado. Además, el gobierno deberá limitar su intervención en la Chivo Wallet.

9. Respaldo a la dolarización y planificación de contingencias
El FMI destacó la importancia de políticas ágiles y planes de contingencia en un contexto de dolarización, garantizando que el país pueda responder a posibles crisis económicas.

10. Apoyo político y social para la implementación
El éxito del programa dependerá del respaldo político y de la implementación efectiva de las reformas. Además, se necesitará apoyo financiero y técnico de otros organismos internacionales.

Con este acuerdo, el FMI busca mejorar la estabilidad económica de El Salvador, impulsar el crecimiento y generar confianza en los mercados internacionales.

El Ministerio de Hacienda prevé que la deuda del sector público no financiera (SPNF), con las obligaciones del sistema de pensiones, se reduzca a un 86.4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, según el Plan Fiscal 2025-2027 publicado en Transparencia Fiscal al margen de la aprobación de un programa de asistencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El programa de $1,400 millones con el FMI contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB durante tres años para ordenar las cuentas públicas, principalmente para reducir el alto nivel de endeudamiento.

El Plan Fiscal 2025-2027 plantea que Hacienda realizará «acciones sólidas» que permitan obtener balances primarios positivos para colocar la deuda del SPNF en una «trayectoria descendente visible y sostenible» hasta un 80 % del PIB en los próximos cuatro años.

Hacienda detalla que la deuda bruta del SPNF con pensiones alcanzó un 88.9 % del PIB en 2024, pero con el proceso de consolidación fiscal se reducirá a 88.8 % en 2025, para continuar en 2026 en 87.7 % y llegar a 86.4 % en 2027, cuando concluya el ajuste fiscal con el FMI.

Sin embargo, Hacienda anticipa que la deuda continuará en los siguientes años en disminución hasta colocarse en 80 % del PIB en 2029.

«Esto explicado por el proceso de crecimiento económico esperado, aunado a la estrategia de gestión de pasivos que ha venido implementado el gobierno desde el año 2022; y que se compensa parcialmente por el aumento de la deuda previsional en 1.6 % del PIB», señala el informe.

De acuerdo con Hacienda, la deuda del SPNF con pensiones cerró en $20,372.3 millones en 2024, al menos $1,490.2 millones adicionales a 2023. La caja fiscal constantemente se encuentra bajo presión por el alto costo de los intereses, que el año pasado superaron los $1,517.7 millones, el monto más alto en tres décadas.

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Hacienda señaló en el documento que el lustro 2019-2023 fue «desafiante para las finanzas públicas» por la inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos generados inicialmente por la pandemia de covid-19 en 2020, así como por la crisis inflacionaria de 2022 y la desestabilización del sistema financiero internacional en 2023.

Ajuste fiscal

Un ajuste fiscal en esencia incluye medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos del fisco.

Hacienda detalló que el ajuste iniciará con un 1.5 % en 2025, que contempla medidas de 0.2 % por el lado de ingresos y 1.3 % a través del gasto. Estas acciones, añadió, ya se encuentran en el presupuesto general de 2025.

Para los siguientes dos años, el ajuste será de 1 %, respectivamente. «Es importante recalcar que el plan fiscal será revisado junto al Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que estas proporciones podrán ser ajustadas de acuerdo a la coyuntura y la oportunidad de las medidas», indica el informe.

Según el documento, el proceso de consolidación fiscal incorporará «acciones» para «movilizar los ingresos a partir de mejoras en la eficiencia recaudatoria y ampliación de la base tributaria».

En gasto público, por su parte, se plantea una reducción del consumo del gobierno en el rubro de remuneraciones, bienes y servicios, al tiempo que se priorizan las transferencias corrientes al sector público.