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El Salvador fue uno de los 65 países que se abstuvieron de votar contra Rusia por su invasión contra Ucrania, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este lunes 24 de febrero de 2025, justo cuando se cumplen tres años de la agresión rusa.

Esta no es la primera vez que El Salvador se abstiene, en marzo de 2022, se abstuvo junto a 34 países de votar por una resolución de condena a Rusia por su agresión a Ucrania, durante la quinta sesión del periodo de sesiones de emergencia especial. En febrero de 2023, también se abstuvo de votar contra Rusia en la ONU.

En la resolución, la Asamblea General de la ONU reiteró su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y condenó la invasión rusa de la que se cumplen tres años, en un revés para Estados Unidos que no logró aprobar un texto en el que pedía una solución rápida sin condiciones.

Adoptado por 93 votos a favor, 18 en contra entre ellos Estados Unidos y Rusia, y 65 abstenciones, el texto preparado por Ucrania y sus aliados europeos reitera el «compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania».

La resolución subraya asimismo que es «urgente» acabar con la guerra «este año» y repite las exigencias previas de la Asamblea de un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania y el retiro de sus tropas.

«Ningún país está seguro si se se justifica una agresión y se culpa a la víctima de su resiliencia y de su deseo de sobrevivir», advirtió antes de la votación Mariana Betsa, viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores a los 193 estados de la ONU.

Entre los que se suman a El Salvador en abstenciones estuvieron Costa Rica, Honduras, Panamá, Argentina, Cuba, China y Paraguay, entre otros. Guatemala y Belice votaron a favor de la resolución.

Entre los 18 países que votaron en contra, está, por supuesto Rusia, pero también Estados Unidos y Nicaragua, un aliado del régimen de Vladimir Putin.

El otro proyecto de resolución preparado por Estados Unidos, «inicialmente pedía un final rápido del conflicto sin hacer referencia a la integridad territorial de Ucrania, fue modificado sustancialmente por la adopción de varias enmiendas de países europeos que introducían esta referencia a la integridad territorial y pedían una «paz justa», según explica Infobae. Este proyecto contó con 93 votos a favor, 8 en contra y 73 abstenciones.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó, el domingo 23 por medio de su cuenta de X la invasión rusa, que este lunes cumple tres años.

«Este lunes se cumplen tres años desde que la Federación Rusa lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En esta trágica ocasión, reafirmo la urgente necesidad de una paz justa, sostenible y amplia, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General», escribió el jefe de la ONU.

El excandidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) José Cisneros pidió este lunes al partido que les dé un informe sobre la cantidad de recursos percibidos en 2021 y 2024 en concepto de deuda política por los comicios.

El excandidato a alcalde de Mejicanos y excandidato a diputados por San Salvador José Cisneros exige un informe detallando el monto de deuda política recibida en 2021 y 2024; desglose de los gastos realizados con estos fondos, detallando los conceptos y montos.

Además, pide al partido que le entregué los informes financieros presentados ante las autoridades como el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República (CCR) o la Fiscalía General de la República. Así como demás documentación que respalde el uso de los fondos de deuda política.

«A nosotros la ciudadanía se nos ha acercado y nos ha consultado sobre cómo hemos utilizado los fondos, de los cuales, nosotros no hemos percibido ninguno».

José Cisneros, excandidato a diputado del PDC.

Cisneros aseguró ante medios de comunicación que desconoce si el partido ya recibió el monto que le corresponde como deuda política de las últimas dos elecciones, así como «el destino de esos fondos que ha recibido el partido».

Según un cálculo realizado por Diario El Mundo, el PDC recibiría al menos $1,123,863.79 en deuda política por las elecciones legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 2024. Hasta finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda reportó la erogación de $14.2 millones de los $38 millones destinados para pago de deuda.

En una convocatoria publicada anoche por Cisneros, aseguró que considera «fundamental garantizar la transparencia en el manejo» de la deuda política que se había entregado como financiamiento público.

Asimismo, un comunicado publicado la semana pasada, Cisneros asevera que para sus campañas electorales no recibieron «apoyo económico proveniente de la deuda política». «Todos los recursos utilizados para nuestras actividades proselitistas provinieron exclusivamente de fondos propios o donaciones directas a cada candidato» afirmó.

«Nosotros no fuimos beneficiados de esos recursos ni tuvimos acceso a ellos», asevera el comunicado compartido en redes sociales la semana pasada.

La solicitud para eliminar la deuda política fue aprobada por la Asamblea Legislativa y la correspondiente ratificación será analizada esta semana por la Comisión Política a través de la vía exprés para reformar la Constitución de la República.

La reclusión de menores de edad procesados o condenados por crimen organizado en cárceles de adultos en El Salvador a pesar de la separación por «pabellones» supondría «un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador», según un comunicado publicado este lunes por Human Rights Watch (HRW).

La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, aseguró que los menores que ya han sido sometidos a «abusos aberrantes» en los centros de detención juvenil «enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles de adultos».

Para Goebertus, los menores «bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí» y aseveró que su permanencia en cárceles de adultos «no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación».

“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Right Watch.

Human Rights Watch asegura que ha documentado que más de 3,000 menores han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, mientras que hasta febrero de 2024, se estima que 1,065 han sido condenados, en su mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas.

La organización internacional asegura que también ha documentado que los reclusos de las cárceles salvadoreñas «permanecen completamente incomunicados y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa».

Por su parte, Cristosal aseveró a Diario El Mundo que esta reforma a la Ley Penal Juvenil para permitir que los menores permanezcan en cárceles de adultos violan tratados internacionales suscritos por El Salvador, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha asegurado que han sido «muy respetuosos» de la Constitución de la República y de los tratados internacionales.

Las reformas a la Ley Penal Juvenil entraron en vigencia este sábado 22 de febrero para permitir que los menores procesados o condenados por crimen organizado sean recluidos en centros penales de adultos, pero separados en pabellones. Cristosal ha advertido que los menores podrían sufrir agresiones físicas y sexuales.