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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra la destitución de la Sala de lo Constitucional del 1 de mayo de 2021, concretamente para analizar si se vulneraron los derechos de los magistrados Carlos Sergio Avilés y Carlos Sánchez Escobar al ser destituidos de sus cargos nombrados para el periodo 2018-2027.

La CIDH emitió el 2 de septiembre de 2025 el informe de admisibilidad 157/25 sobre la petición 1559-21, para analizar si se les violaron las garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad, sus derechos políticos, la protección judicial y el derecho al trabajo, considerados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La demanda fue interpuesta por Ruth López, Zaira Navas, Abraham Ábrego, Graciela Sosa, Sonia Hernández y William Sandoval el 3 de septiembre de 2021. En el caso, denuncian que la Asamblea Legislativa destituyó de forma irregular a Carlos Sergio Avilés y Carlos Sánchez Escobar en sus cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La CIDH indicó que “los hechos denunciados no resultan manifiestamente infundados” y que “requieren un estado en etapa de fondos” para analizar si la destitución de las presuntas víctimas vulneró sus derechos.

La destitución ocurrió el 1 de mayo de 2021, en el primer día de la Asamblea Legislativa con una correlación favorable del partido oficial, Nuevas Ideas, con el argumento de que habían cometido “fraude a la Constitución” pues ejercían facultades no expresadas en la ley como modular sentencias, aplicar medidas cautelares de suspensión de los efectos del acto reclamado y convirtieron a la Sala en un “superpoder”, entre otros.

Señalan que la decisión se tomó con 64 votos y que, al día siguiente, Carlos Sánchez Escobar renunció a su cargo por miedo a su seguridad y Carlos Avilés Velásquez no renunció a pesar de las presiones y acoso.

En la resolución, se recuerda que los magistrados formaron pleno fuera de la Corte, ya que esta había sido cercada por fuerzas policiales e invalidaron la destitución.

En el caso, el Estado salvadoreño respondió que los reclamos carecen de sustento suficiente para constituir posibles violaciones a derechos humanos y que la decisión de la Asamblea se ajustó al orden constitucional interno y que los diputados fueron electos para el periodo 2021-2024. Señaló que los magistrados removidos incurrieron en actuaciones que contravinieron el orden constitucional, como la interferencia en atribuciones del Órgano Ejecutivo en materia de salud durante la pandemia covid-19, la imposición de plazos al Legislativo para emitir leyes.

La asociación Cristosal emitió un comunicado sobre la admisión en el cual se detalla que participó como representante de las víctimas ante la CIDH y continúa acompañando el proceso. Indicó que la decisión “abre la puerta a revisar el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador”, la falta de controles frente al ejercicio arbitrario del poder del Ejecutivo y la influencia política sobre la administración de justicia.

El Ministerio de Gobernación aclaró en un comunicado oficial que la retención del impuesto de la Ley de Agentes Extranjeros no aplica “en ningún caso” al envío o recepción de remesas familiares.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que ya había reportes y que los bancos estarían “complicados” si los reportes eran ciertos.

En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el viernes, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros no fue creada para establecer un impuesto a las remesas que reciben de los salvadoreños y desmintió un video divulgado en TikTok. “La proliferación de esta información no sé de dónde proviene”, indicó.

“La ley de agentes extranjeros también aplica para sus remesas”, indicaba el video puesto por el diputado Soriano, quien lo desmintió.

“Perdón, William”, lo interrumpió el diputado Navarro, en la reunión, en donde estaba presente la superintendencia del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias.

“Pero sí, deberían de revisarlo porque sí hay reportes que han hecho descuento de remesas diciendo que es agente extranjero y, si es así, el banco está complicado, revisen eso”, expresó el legislador.

“Sí es la mala información (del video), pero ya hay reportes que bancos le están reduciendo algunas remesas diciendo que son agentes extranjeros. No sé si es para boicotear el trabajo que se está haciendo como país pero, si hay retención, hay que preguntarles a los bancos”, insistió el legislador de Nuevas Ideas.

Posteriormente, el diputado Soriano aseguró los bancos podrían estar cayendo en prácticas ilegales. “Estamos viendo que, o se está compartiendo información totalmente maliciosa, o el sistema bancario está cayendo en prácticas que riñen contra la ley”, fueron las palabras del diputado Soriano.

Navarro reiteró que, si “fuese que algún banco que nos han reportado que el cajero ha manifestado que por el tema de agentes extranjeros, eso es grave, muy grave”, dijo.

SSF: «Podemos sancionarlo»

La superintendenta del Sistema Financiero advirtió que, si acaso ocurre “cualquiera de esas desviaciones decirle al público salvadoreño que puede abocarse a la Superintendencia” y, si se demuestra que el banco o la entidad actuó ilegalmente, hay un marco de sanción.

“Si ha habido alguna retención de algún impuesto que no es el correcto, igual nosotros ahí podemos sancionarlo”, advirtió la superintendenta.

Los diputados aprobaron el viernes un dictamen favorable de una nueva ley contra el lavado de dinero que aumenta el umbral mínimo de $10,000 a $15,000 de dinero que debe ser declarado en el ingreso al país, que excluye a los inversionistas de los sujetos obligados y que prohíbe expresamente que una persona sea excluida de servicios financieros.

La superintendenta destacó que la nueva ley establece una segmentación clara de la normativa para vigilar los riesgos y un protocolo para informarle a la Fiscalía. “Hoy por hoy no tenemos esas disposiciones”, reveló.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que buscan la «inclusión financiera» y aseveró que no es posible que un inversionista sea sujeto obligado de la ley contra el lavado de dinero solo por ser inversionista.

#ATENCIÓN

👉🏻 Infórmate a través de nuestros medios oficiales sobre la Ley de Agentes Extranjeros.

✅ No te dejes engañar y denuncia cualquier intento de estafa.#RAEX pic.twitter.com/2rhGYkwb3I

— Ministerio de Gobernación (@GobernacionSV) September 30, 2025

Durante la discusión sobre la Ley contra el lavado de activos el pasado viernes, que suprimirá de los sujetos obligados a los inversionistas, los diputados de Nuevas Ideas emitieron quejas de conductas de “exclusión financiera” en el sistema financiero contra usuarios salvadoreños que residen en el exterior, o incluso familiares de funcionarios y políticos.

Los diputado, quienes dijeron reciben las quejas de salvadoreños en el territorio o en el exterior, plantearon casos que calificaron de «criminalización» o «discriminación» financiera contra personas que pretendían realizar o realizaron transacciones o depósitos, o usuarios que buscaban adquirir un bien inmueble o invertir en El Salvador.

Los legisladores enumeraron casos como discriminación financiera a familiares de funcionarios públicos o partidos políticos, la exigencia de estados de cuentas del pasado o de escrituras, la tardanza en una transacción, requisitos para la recepción de remesas, la petición de quitarse la gorra para realizar un depósito o la exigencia de una declaración jurada por cada depósito de la empresa Uber.

Los legisladores se reunieron ayer con el fiscal general, Rodolfo Delgado, y con la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quienes defendieron la nueva ley antilavado, presentándola como una normativa que busca quitar la «sobrerregulación» y eliminar «la exclusión financiera».

Las quejas

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que le pidieron el Documento Único de Identidad por una compra mayor de $100.

“La palabra discrecional ha algo que ha imperado en nuestra sociedad, es algo que no se ha aplicado y eso afecta la justicia que los salvadoreños esperan. No solo hablamos de la hora de abrir una cuenta de ahorro sino a la hora en que a mí me hacen determinada solicitud pero al que está a la par lo dejan pasar como si nada”, indicó.

Aseguró que iba a comprar “unos artículos” para una actividad territorial que tiene este fin de semana. “Había un rótulo que decía que a partir de $100 las personas tenían que presentar su dui”, dijo. Aclaró que no andaba el DUI.

Rivas agregó que esto sucede no solo con salvadoreños que “quieren invertir” sino con “salvadoreños que quieren traer sus ahorros a nuestro país” y que “tienen en su mente el miedo de decir ‘yo no puedo llevar más de equis cantidad”, indicó.

“Yo no quiero imaginarme que cada vez que una persona hace algún trámite, se le está tratando como un presunto criminal”, se quejó. Señaló que no es justo que les estén pidiendo “más de lo que la ley regula” a esas personas que hacen una transferencia por $100 o hacen un depósito de $300.

Aseguró que también ellos lo han vivido como diputados.

“¿Por qué a nosotros nos han exigido determinadas cosas y por qué otros no los cumplen? Este es un buen paso no solo para permitir que la gente acceda a los servicios financieros sino también para dejar de criminalizar a los salvadoreños que quieren hacer cualquier tipo de transacción”.

Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

Por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, pidió aclarar cuáles son los sujetos obligados para explicarles a los emprendedores, empresarios y salvadoreños en el exterior.

“Hemos podido cómo el mismo sistema financiero, haciéndose valer de algunas normativas, está discriminando a salvadoreños que no tienen nada que ver con la función pública”, se quejó.

Señaló que “hay mucha discrecionalidad”, “y no me refiero a la SSF sino a las entidades bancarias”.

Soriano dijo que han recibido reclamos de salvadoreños que residen en el extranjero y que quieren invertir en El Salvador pero se encuentran con obstáculos en el sistema financiero.

“Ellos se han encontrado con barreras y esas se encuentran en el sistema financiero, pasan uno, dos años sin poder ingresar el fruto de su trabajo a nuestro país”, indicó. Señaló que cada inversión que “se detiene son empleos que se dejan de formar”.

Podría pasar toda la tarde mencionándole casos de personas que han desistido de invertir porque simple y sencillamente alguien en el sistema financiero no les permite traer su dinero y poder invertir, y generar riqueza en nuestro país”.

William Soriano (Nuevas Ideas).

Aseveró que el dinero que quieren invertir es producto de “actividades lícitas y honestas”.

“Hemos visto casos de personas que solo por ser familiar de tal persona le son negada la entrada a cualquier entidad bancaria o salvadoreños que han estado a punto de perder su crédito porque no pueden traer la contraparte que les exige el sistema bancario”, expresó el diputado por La Unión.

Sin embargo, aseguró que no están “hablando de suavizar condiciones”. El diputado sostuvo que hay “discrecionalidad y discriminación”.

El diputado Caleb Navarro, también de Nuevas Ideas, aseguró que hace dos semanas se reunieron con la presidenta del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos “viendo estos temas”. “El salvadoreño que quiere seguir adelante en ocasiones el obstáculo que se encuentra es el sistema financiero”, indicó.

Por su parte, Walter Coto, también legislador de Nuevas Ideas, reiteró los obstáculos “que muchas veces un extranjero” impiden que un extranjero invierta en El Salvador. “Pero dicen ‘es que son políticas internas del banco”, indicó.

Agregó que “a muchas personas vinculadas con partidos políticos, no se le puede aprobar una tarjeta de crédito”. “El estar vinculados a la política ya forma parte de una exclusión”, señaló.

El diputado Coto aseveró también que “de ninguna manera se están abriendo portillos para que se pretenda hacer delitos vinculados al lavado de dinero y activos”. “Lo que se está haciendo es verificar que la gente que se va a investigar sí tenga rastro o alguna cuestión que pueda determinar que sí evidentemente está cometiendo un hecho delictivo”, expresó.

Navarro dijo que “hay situaciones bien extremas” como solicitarle estados de cuentas anteriores o de familiares al usuario.

“O para alguna persona que están invirtiendo en un inmueble, ‘tráigame la escritura’, ¿pero cómo le voy a dar la escritura ahorita si el dinero lo necesita para comprar?”.

Caleb Navarro (Nuevas Ideas).

Luego, el diputado Francisco Villatoro, también de Nuevas Ideas, reiteró que “se está limitando mucho la inversión y el desarrollo”. “Estamos viendo que se está criminalizando, incluso inversionistas, salvadoreños que residen en el exterior, salvadoreños que se quieren superar, tal vez quieren abrir su SAS, ya los quieren criminalizar cuando quieren abrir una cuenta”, indicó. Según el legislador, “muchas de estas instituciones financieras les echan la culpa a las instituciones”.

El diputado también cuestionó el lapso que se tarda una transacción desde el extranjero. “Muchas de esas transacciones, tal vez tienen empresas en equis país, aquí adquirieron un terrenito pero lo financian a 15 años, ahora trasladan a una cuenta que ya tienen aquí, se tardan 15 días o más”, relató.

El diputado Navarro añadió que en muchos casos los “bancos se amparan” en la ley y relató que a una persona “le cayó su salario”, va a retirar $600 y le preguntan para qué lo va a usar. “De la planilla le han depositado a su cuenta, y le dicen: tiene que decirme en qué se va a gastar el dinero”, dijo el diputado Navarro. Agregó que “le piden una camándula” por $100 o $500.

A eso la diputada Alexia Rivas dijo que un cajero le pidió a un usuario quitarse la gorra para “poder hacer el depósito del dinero”. “Cosas que parecen un chiste están sucediendo”, expresó la diputada.

Luego, el diputado Navarro dijo que el banco le hace firmar una declaración jurada de que no proviene de lavado de dinero si recibe depósitos de la empresa Uber. “Y eso es verídico, por cada transferencia”, dijo.

La Comisión de Seguridad aprobó el viernes el dictamen favorable de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», que modifica a los sujetos obligados de la normativa, eliminando a los inversionistas nacionales e internacionales de los sujetos obligados.