La organización Amnistía Internacional aseguró recientemente que la ratificación a la reforma constitucional del artículo 248 que permite que una sola Asamblea Legislativa reforme la Constitución de la República «profundiza el riesgo de abusos a derechos humanos».
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A través de un comunicado publicado a inicios de febrero, Amnistía Internacional asevera que este nuevo modelo de reformas constitucionales por la vía rápida ponen «en grave riesgo la protección de los derechos humanos» porque reducen «drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana».
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que esta medida «marca un preocupante riesgo» de una «mayor erosión» en los derechos humanos en El Salvador tomando en cuenta que «la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo han sido sistemáticamente debilitados».
«Al eliminar la obligación de que los cambios constitucionales sean aprobados por dos Asambleas Legislativas diferentes, el oficialismo se garantiza una vía expedita para modificar la Carta Magna sin procesos deliberativos adecuados ni la participación ciudadana».
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para Piquer, esta nueva forma de reformar la Constitución de la República podría «allanar el camino para la instauración de reformas que socaven aún más los derechos humanos de la población». Aseveró que las reformas constitucionales «deben ser fruto de amplios consensos» y que deben garantizar «mecanismos de control» que le permitan a los salvadoreños «ejercer su derecho a participar efectivamente en la vida pública».
La organización advirtió que esta vía expedita de reformas constitucionales podrían permitir que «cualquier modificación futura responda únicamente a los intereses del poder de turno» sin asegurar «un debate serio y amplio».
«Es fundamental que la comunidad internacional mantenga un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador y exija al Estado salvadoreño se abstenga de cualquier medida que ponga en riesgo los derechos humanos de la población o ponga en riesgo la institucionalidad que debe garantizarlos y protegerlos».
Amnistía Internacional.
Amnistía recuerda en su comunicado que desde mayo de 2021 «con el control absoluto» de la Asamblea Legislativa, «el partido oficialista ha impulsado reformas que han debilitado el acceso a la justicia» refiriéndose a la suspensión de derechos por la aprobación del régimen de excepción y las más de 84,000 capturadas «arbitrariamente» según la organización.
La ratificación de la reforma constitucional para crear la vía rápida de cambiar la Constitución fue aprobada el 29 de enero con 57 votos a favor, por parte de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. La primera reforma constitucional impulsada bajo este mecanismo fue la eliminación de la deuda política.
