Blog

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, invitó a los líderes europeos a mantener una reunión especial el próximo lunes en París sobre Ucrania después de los planes anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin a la guerra tras sus conversaciones con Rusia.

Los líderes europeos han estado intentando convencer a Trump de que no apresure las negociaciones de paz con Rusia. Scholz, según su partido, tiene previsto asistir, y también se espera la presencia del primer ministro británico, Keir Starmer, según ha informado la agencia Bloomberg.

De hecho, el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, también confirmó la asistencia del primer ministro polaco, Donald Tusk, a través de una publicación en X, si bien la eliminó posteriormente.

Un funcionario del entorno de Macron ha mencionado el sábado que se están llevando a cabo conversaciones sobre una posible reunión informal de los líderes europeos, aunque sin ofrecer más detalles.

Durante su intervención en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha abogado por la constitución de un «Ejército europeo» como paso siguiente en la defensa de su país contra la invasión rusa y por la protección de sus países frente a amenazas exteriores en medio de dudas sobre el respaldo actual de Estados Unidos.

También ha reafirmado su alejamiento con EEUU y ya no descarta que Trump se niegue a ayudar a Europa en caso de amenaza.

En las últimas horas, medios estadounidenses han dado a conocer los pormenores de las negociaciones entre EEUU y Ucrania por las que Trump habría condicionado la ayuda a Kiev a cambio de la posesión del 50 por ciento de los minerales de tierras raras del país, una oferta que Zelenski ha rechazado en las últimas horas, según fuentes del «Financial Times».

Macron, trasladó el viernes a su homólogo ucraniano su «intención de coordinar medidas para un fin justo de la guerra» iniciada por Rusia y ha hecho un llamamiento a las autoridades de Estados Unidos para que intenten «convencer» al presidente ruso, Vladimir Putin, de poner fin a la agresión cuando están a punto de cumplirse tres años de conflicto.

La suspensión de envío de remesas por Western Union a Cuba, motivada por las nuevas sanciones de Washington, poco afectará al cubano de a pie más acostumbrado a buscar vías alternativas con mejores tasas de cambio, consideran analistas.

El ingreso de remesas representa un respiro para las familias de la isla, pero enfrenta un doble obstáculo: las recurrentes sanciones de Estados Unidos, por un lado, y la desfavorables tasa de cambio oficial en Cuba, por el otro.

La flamante administración de Donald Trump incluyó de nuevo a Cuba en su lista negra de Estados patrocinadores del terrorismo y reinstauró un listado restringido, con compañías cubanas que tienen prohibidas algunas transacciones financieras.

Entre ellas está Orbit, una firma creada por el gobierno cubano para la gestión de transferencias desde el extranjero, que según Washington opera «para o en nombre del ejército cubano».

Las fuerzas armadas revolucionarias también son objeto de sanciones.

Ante ello, «Western Union se ve obligada a suspender indefinidamente su servicio de transferencia de dinero entre Estados Unidos y la isla», dijo la institución en un comunicado enviado a AFP esta semana.

La cancillería cubana consideró que se trata de una «vuelta de tuerca del Gobierno de Estados Unidos en su irracional política de línea dura hacia la isla», dijo en comunicado.

Sin embargo, para Yamile García esta medida es intrascendente. «Ni me da ni me quita. No me afecta porque los cubanos siempre resolvemos», dice a AFP esta trabajadora de la salud de 48 años, mientras curiosea en un aparador de una tienda en Habana Vieja.

Explica que sus familiares le hacen llegar dólares «por otras vías» hasta la puerta de su casa. Se refiere a particulares, conocidos como «mulas», que trasladan el dinero desde el exterior a cambio de una comisión.

En medio de la profunda crisis económica que enfrenta el país, los emigrados optan incluso por el envío de paquetes de comida, contratados desde el extranjero.

«Más competitivos»

Western Union, que ya había suspendido en 2020 sus servicios hacia Cuba, los reanudó en 2023.

En esta nueva etapa, las remesas, gestionadas por Orbit, se depositaban en una tarjeta bancaria de una Moneda Libremente Convertible (MLC) y digital, únicamente utilizable en las desabastecidas tiendas del Estado cubano.

Como resultado, «la mayor parte de las remesas de Estados Unidos a Cuba no se hacían por la Western Union», confirma el economista cubano Omar Everleny Pérez, quien sostiene que la medida no tendrá «un impacto tan significativo».

Muchos envían divisas a través de personas que ofrecen sus servicios en redes sociales con una comisión que ronda el 10%.

El último informe del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), publicado por el sitio de noticias El Toque, indica que estos operadores son «más competitivos al realizar transacciones con una tasa de cambio cercana a la tasa informal».

La tasa de cambio oficial se ubica en 120 pesos cubanos por dólar, mientras en el mercado informal un billete verde equivale a 340 pesos y un MLC a 245 pesos.

«El mercado informal de divisas no ha reaccionado hasta el momento al anuncio desde el Departamento de Estado», indica OMFi, mostrando la poca «importancia del canal de remesas a través de Western Union».

Entre 2005 y 2020 las remesas representaron en promedio anual el 6.8% del Producto Interno Bruto del país, según Pavel Vidal, economista cubano, académico de Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y autor del reporte de OMFi.

Las remesas constituyen la segunda entrada de divisas a Cuba, después de los servicios médicos que la isla exporta a otras naciones.

La cifra oficial de remesas que ingresan al país no es pública, pero según Havana Consulting Group, una firma consultora con sede en Miami, estos ingresos «cayeron de 2.040 millones de dólares en 2022 a 1.972 millones en 2023».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha nombrado a un grupo de expertos para colaborar con las autoridades hondureñas en la investigación del asesinato de la activista ecologista Berta Cáceres.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) se ha creado en virtud de un acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante, COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para «fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos». El grupo propondrá «medidas de reparación y garantías de no repetición», destaca la CIDH en un comunicado.

En la presentación del GIEI en Tegucigalpa han participado la presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, así como altos cargos hondureños, familiares de Berta Cáceres y miembros del COPINH.

«El GIEI Honduras trabajará de manera independiente e imparcial. Durante su mandato, establecerá diálogos con víctimas y testigos, así como con autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. También recurrirá a fuentes de información clave para el esclarecimiento de los hechos, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y la sociedad civil hondureña», ha resaltado la CIDH en un comunicado.

Los cuatro miembros del GIEI, Ricardo Guzmán Loyo, Roxanna Altholz Pedro Biscay y Jaime Vidal como secretario ejecutivo, tendrán un mandato de seis meses a partir de su instauración. Presentarán informes parciales y un informe final, todos ellos de acceso público.

«El trabajo del GIEI representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en la protección de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo rol es clave para la democracia y el Estado de derecho en la región», ha subrayado la CIDH.

Cáceres, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.