Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.
A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo.
La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos «informes de activos y pasivos» serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados.
La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la «Ley sobre el enriquecimiento ilícito», que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó.
Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley.
Christian Guevara (Nuevas Ideas).
Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios.
Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos «los informes de auditorías con hallazgos y observaciones» a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía.
También establece la «obligación» de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios «contra quien tenga pruebas» de delitos de corrupción.
La ley anticorrupción no solamente se enfoca a quienes incurran en prácticas corruptas sino que también en prevenir, que es lo más importante. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenía.
Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel.
«Ustedes mismos, colegas diputados, han aprobado leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan vendarle al Estado».
Claudia Ortiz (Vamos).
La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos «accionistas son un secreto».
Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia.
William Soriano (Nuevas Ideas).
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar.
«La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso», dijo el diputado cian.
El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes.
El Centro Nacional Anticorrupción va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta Cicies, será importante conocer el caso Catedral. Francisco Lira, diputado de Arena.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó «prácticamente» la Ley Bitcoin.
Villatoro celebró que se investigue el delito de «tráfico de influencias», incluido en la reforma al Código Penal, ya que «durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas».
Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del «nepotismo». «Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción», añadió.
La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno «no tenía ni para hacerle aceite al carro» y «de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido». Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios.
Qué bueno que se va a combatir la corrupción. Últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos de más de 25 años y que son de más de medio millón de dólares y que después de 11 meses ya los pagaron, entre otras cosas como ocupar la banca estatal para obtener préstamos para mí, mis familiares, ¿por qué?, porque para eso está la banca privada.
Marcela Villatoro (Arena).
Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.
