El Congreso de Chile aprobó el lunes dos reformas electorales claves de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre: una incrementa las multas a quienes no voten, y la otra restringe el derecho al sufragio de los extranjeros al elevar de 5 a 10 años el tiempo de residencia exigido.
“Es el cumplimiento de la palabra empeñada y esto nos permite dar certeza sobre las reglas del juego para las próximas elecciones”, afirmó la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, tras la votación legislativa.
A diferencia de otros países que restringen la participación de extranjeros a elecciones locales, Chile permitía que migrantes con más de cinco años de residencia —sin necesidad de nacionalización— votaran en todos los comicios. Ahora, este periodo se duplicará a 10 años, aunque la medida no aplicará para las elecciones de noviembre y entrará en vigor en 2026.
El artículo 14 de la Constitución chilena reconoce el derecho al voto extranjero desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como una forma de integración a los migrantes europeos. Sin embargo, el contexto migratorio ha cambiado drásticamente: actualmente residen en el país cerca de 1.6 millones de extranjeros, equivalentes al 9 % de la población, siendo peruanos y venezolanos las comunidades más numerosas.
Solo en las elecciones municipales y regionales de 2024, votaron 786,470 migrantes. De ellos, 191,383 eran peruanos y 174,851 venezolanos. La creciente participación ha encendido las alarmas de sectores conservadores y progresistas, que ahora buscan redibujar el mapa electoral.
En paralelo, el Congreso también aprobó sanciones económicas para reforzar el voto obligatorio reinstaurado en 2022. A partir de 2025, los chilenos que no acudan a votar enfrentarán una multa de entre 0.5 y 1.5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale actualmente a un rango de $32 a $96.
Según la encuesta Panel Ciudadano-UDD, realizada en septiembre, el 28 % de los votantes obligados elegirían al ultraderechista José Antonio Kast, seguido por el 23 % de los electores habituales. La candidata de centroizquierda, Jeannette Jara, lidera entre los votantes habituales con un 32 %, pero su apoyo baja al 16 % entre los votantes obligados.
La reforma ocurre en medio de un complejo escenario electoral: ocho candidatos buscan la presidencia y, de mantenerse las tendencias actuales, ningún aspirante lograría la mayoría en primera vuelta. Todo apunta a que habrá balotaje en diciembre.
