De los 30 artículos que integran la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1.948, el gobierno que se inició en Venezuela el 2 de febrero de 1999 bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías, continuado por Nicolás Maduro Moros desde el 2013, hasta el presente que ejerce esa investidura de manera interina, la señora Delcy Rodríguez Gómez desde el cinco de enero del 2026, podemos afirmar con toda certitud, que esos tres gobiernos han violado de manera consciente y continuada, más de 20 artículos de los 30 que conforman la Declaración Universal de 1948.
Es un hecho, simplemente es un hecho confirmado.
Esa fecha, la de 1948, marca aun hito en la historia de los derechos humanos. Es un documento de intención, del deber ser, más allá de posturas filosóficas o religiosas que se trascienden en la evolución cognoscitiva del hombre, del homínido, para no detenernos en la evolución, aunque pienso que el homínido pasa a considerarse humano cuando toma consciencia de su singularidad, de su naturaleza capaz de distinguir entre el bien y el mal.
Esa Declaración Universal de 1948, sistematizada en lo prohibido y permitido a las naciones, los estados y, hoy hasta en las organizaciones trasnacionales privadas o públicas, tiene antecedentes tan lejanos como las famosas tablas dictadas Moisés o en el código de Hammurabi (alrededor de 1700 años a.C).
Esa larga, dolorosa e incongruente evolución de los derechos naturales de los humanos, también conocidos, en su momento, como el Derecho de Gente, sostenido en el asumir que todo ser humano, por el solo hecho de ser humano tiene derechos inherentes a su dignidad. Humano diferente al mundo animal, porque tiene conciencia de su existencia, de su capacidad de elegir entre el bien y el mal y asumir que el otro goza de esos mismo derechos que se posee. En ese derecho de gente, fue que se apoyó el fraile dominico y uno de los padres del Derecho Internacional Francisco de Vitoria en el siglo XV, para dictaminar que los aborígenes (llamados indios) de las recién tierras descubiertas tenían alma y por consiguiente no deberían ser esclavizados.
Por supuesto, imposible, ya en nuestra era, no reconocernos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, fruto de la Revolución francesa, ni en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, anterior a la Declaración francesa; posteriormente en la primera Constitución escrita existente en el mundo, la de Estados Unidos en 1787, y la Bill of Right, de esa misma nación, de 1791.
Curiosamente, ninguno de esos documentos surgidos de revoluciones hablaba de la mujer, y mucho menos de los esclavos. Pero recordemos que lo avanzado y asumido en nuestros tiempos, es solo el fruto de una muy larga evolución del hombre y de las ciencias en materia de Derechos Humanos, y otros temas antropológicos y científicos.
Sin embargo, muchos siglos después de la aparición del movimiento Me Too, la escritora y feminista francesa Olimpia Gouze escribió en 1791 la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía”. Por supuesto murió guillotinada en 1991. No sin antes haber dejado para la historia esta premonitoria e irrebatible sentencia: “Nadie debe ser molestado por sus opiniones. Si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna; en tanto que sus manifestaciones no alteren el orden establecido por la ley”.
Increíble y decepcionante que aún, hoy en día, los ciudadanos del siglo XXI, una inmensa mayoría de nosotros aún nos encontramos en una etapa de cuestionamiento sobre los derechos inherentes al disfrute de la libertad, bajo un orden legal previamente establecido. Y uno de esos derechos inherentes a nuestra dignidad humana, de ciudadanía el es hecho electoral, el derecho a votar en elecciones seguras por nuestros gobernantes, o de no votar por ellos. Los venezolanos, la última elección libre y segura tuvimos fue la de 1998, hace ya 28 años. Desde esa fecha todas las otras que le siguieron fueron manipuladas, doblegadas, manipuladas de una manera miserable, abierta y contraria a esa Declaración de los Derechos Universales de 1948.
Aún, hoy en día, el poder público es ejercido por los mismos protagonistas de ese desconcertante y miserable período de tiempo que se inició en esa fatídico año de 1998, cuando se posesionó y secuestró todo orden legal nacional o internacional existente, para imponer un gobierno de personas desnacionalizadas, sin historia apoyadas en el uso de la persecución, el secuestro, la tortura, la confiscación y, expatriación de sus conciudadanos.
Un país entero salió de nuestras fronteras naturales. Se contabilizan más de ocho millones de compatriotas, esparcidos en los siete continentes. Panamá y El Salvador unidos, no cuentas con esa totalidad de seres humanos; tampoco Suiza ni Luxemburgo, ni Paraguay ni Uruguay.
Por ello, cuando leo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me pregunto si no es hora de firmar una Declaración Universal de los Deberes Humanos. Porque hasta el presente hemos llevado los derechos hasta lo inconcebible, por ejemplo el derecho a cambiar de sexo, el derecho a abortar sin causa alguna, como un preservativo más, el derecho a abusar de los menores, el derecho a instalarse en el poder ciudadano más allá de su límite legal porque hay que respetar las fronteras, el derecho a torcer la voluntad del elector mediante maniobras leguleyas u oportunistas, el derecho a imponer una religión o ideología.
Pero no tenemos un decálogo de obligatorio cumplimento ciudadano en y entre las naciones del orbe, que garantice en ese caso los limites del poder individual o asociado, sustituyéndose con obligaciones de comportamientos individuales o corporativos, dentro y ante de una sociedad.
*Juan José Monsant Aristimuño es diplomático venezolano, fue embajador de su país en El Salvador
