El salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años de edad, fue acusado el sábado en un tribunal guatemalteco de asesinar a un niño de 12 años y guarda prisión en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 1 de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, informó la Policía Nacional Civil del vecino país.
Martínez habría asesinado con una arma blanca al menor Jonathan Joel Vásquez Tizol en el municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. El niño murió a causa de las heridas.
Martínez Marín ya había sido detenido tres días después del crimen, el 17 de septiembre, durante un allanamiento en la zona de Llanos de la Cruz. En esa ocasión, las autoridades guatemaltecas le incautaron droga y fue acusado por posesión para consumo. Sin embargo, en la audiencia inicial la jueza dictó falta de mérito por el asesinato, decisión que generó indignación entre la comunidad local.
El historial delictivo del salvadoreño incluye un arresto anterior en noviembre de 2023 cuando fue capturado mientras portaba un arma de fuego sin documentación legal y varias bolsas con marihuana.
El sábado, con la nueva orden de aprehensión por asesinato, Daniel Alexander Martínez Marín fue trasladado al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, donde enfrentará cargos por el crimen del menor, así como por los delitos vinculados al narcotráfico y tenencia ilegal de armas.
El caso ha causado conmoción en la comunidad de Llanos de la Cruz, donde vecinos exigen justicia por la muerte del niño, quien trabajaba en la tienda donde fue asesinado.
Al menos el 53 % de las atenciones psicológicas que brindó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) entre junio de 2024 y mayo de 2025 fueron a mujeres, revela la memoria de labores del Ministerio de Salud publicada en mayo de este año.
El documento indica que el resto fueron hombres y que las principales consultas fue por crisis de ansiedad, síntomas depresivos, trastornos de adaptación y del comportamiento, ideación suicida, psicosis, y estrés postrauma.
El informe dice que en septiembre de 2024, el SEM contrató 20 psicólogos clínicos que se integraron a los turnos de atención vía telefónica, a través del centro de llamadas 132. Los psicólogos fueron distribuidos en cuatro psicólogos por grupos.
A través del documento, el SEM dice que implementó la atención psicológica que tiene como objetivo “brindar apoyo emocional y contención psicológica inmediata a la población salvadoreña ante situaciones de crisis, emergencias o necesiad de orientación especializada”.
La Encuesta Nacional de Salud Mental realizada en 2022 y publicada en 2023 reveló que el 22 % de la población adulta de 18 a 59 años tiene algún grado de depresión; en cuanto a la niñez reveló que el 31 % de los niños entre 3 a 4 años y el 18% de niños de 5 a 12 años tiene problemas de conducta.
También, en población adolescentes, el trastorno de ansiedad por separación, trastornos del pánico y la ansiedad generalizada fueron los principales trastornos encontrados y el 37.5 % de adolescentes presentan algún grado de trastorno obsesivo compulsivo.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha presentado 243 avisos a la Fiscalía General de la República (FGR), que suman un posible monto defraudado al fisco salvadoreño de $265.05 millones, según la memoria de labores junio 2024-mayo 2025 del Ministerio de Hacienda.
La institución lanzó en octubre de 2019 el Plan Antievasión para investigar casos sospechosos de los contribuyentes que no tramitaron el pago correspondiente de pago de impuestos. Este programa instauró los “jueves de evasores”, cuando el exministro Alejandro Zelaya solía llevar los casos a la Fiscalía, pero desde su salida de Hacienda el tema se maneja más internamente.
Hacienda registra en su memoria que hasta marzo de 2024 se tenían 205 casos presentados ante la Fiscalía, que sumaban $221.4 millones en posibles delitos de defraudación al fisco más el valor de las multas.
De junio de 2024 a mayo de 2025, se presentaron 38 casos adicionales, que sumaban $43.56 millones.
Total de casos
De esa manera, hasta mayo de 2025 se tenía un acumulado de 243 casos, que sumaban $239.45 millones en impuestos y $25.59 millones en multas, haciendo un total de $265.05 millones en posible defraudación al fisco.
De los primeros cinco meses de 2025 incluidos en el informe, enero y febrero fueron los meses con mayores avisos, de cuatro casos, respectivamente.
Hacienda agrega que se concluyeron ocho fiscalizaciones entre junio de 2024 y mayo de 2025, las cuales establecieron impuestos omitidos a pagar por parte de los contribuyentes de $1.22 millones.
Cinco de los casos se dieron al inicio del procedimiento administrativo por medio de auto de audiencia y apertura a pruebas, por un valor de $1.03 millones, mientras que tres avisos corresponden a contribuyentes que pagaron de “forma voluntaria”, que suman $91,607.43.
La institución agregó que en el último año dio respuesta a 1,886 requerimientos de información o documentación efectuados por la FGR y la Corte Suprema de Justicia a través de la Sección de Probidad, así como de jueces y la Policía Nacional Civil.
Hasta julio de 2025, el Ministerio de Hacienda registra un total de $11,070.6 millones de deuda del Estado con los ahorros para pensiones que realizan los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).
Del total de fondos, según el Ministerio de Hacienda, un total de $8,394.8 millones es una deuda que fue adquirida por el Estado antes de la reforma de 2022.
Esta deuda fue adquirida a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que eran emitidos por el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), que fueron disueltos. Con la reforma esta deuda se convirtió en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y dejó de recibir amortizaciones de intereses o capital, gracias a un periodo de gracia de cuatro años que negociaron las AFP a favor del Estado en el año 2023.
Además de esa deuda, se suman $2,675.8 millones de nueva deuda adquirida por el Estado después de la reforma de diciembre de 2022. La nueva deuda estatal con el fondo de pensiones ocupa el 24.2 % del total.
La cifra total, que por primera vez supera los $11,000 millones, difiere de los datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) que los muestra de manera preliminar con datos del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Deuda de pensiones según el informe de Hacienda.
El gobierno, por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, debe presentar, el 10 de febrero de 2026, una propuesta de reforma de pensiones para aplicarla ese año, publicando a finales de septiembre de 2025 la evaluación actuarial, según el documento final de la cuarta revisión 2025 del FMI.
El FMI requiere que esta nueva reforma contenga costos fiscales asociados a la reforma de 2022 porque esta dispuso que saldos individuales de los cotizantes financiaran «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.
El informe del FMI recuerda que El Salvador tiene dos sistemas de pensiones, el Sistema de Pensiones Públicoo (SSP), que tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes; y el sistema privado, que tiene 950,000 trabajadores cotizantes de las AFP, y que paga jubilaciones a 128,000 jubilados. Sin embargo, señaló, en marzo de 2025, que un 89 % de los fondos administrados por las AFP se mantienen en títulos de deuda estatal y por ello afirma que «en la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP», el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que financia las pensiones a los jubilados del sistema público.
Fue durante un en vivo en sus redes sociales que la dominicana Magali Febles, directora de Miss Universe El Salvador, dejó claro que la modelo Fátima Cuéllar, Primera Finalista y gran favorita de 2023, no se inscribió un año más en la competencia de belleza, por lo tanto pidió al público apoyar a las chicas que sí están participando este año.
«Yo creo que ustedes deberían dejar descansar el sueño de Fátima, lamentablemente Fátima está bien complicada con sus cosas personales, así que dejen que las candidatas compitan», apuntó Febles, en referencia a la insistencia de los fans por ver a Fátima en Miss Universo 2025, a realizarse en Tailandia en noviembre.
«Cada año aparece Fátima, y Fátima no entra, entonces las candidatas que tienen potencial se sienten abrumadas y temor de entrar y que las estén comparando, o que entren a competir y que después no las van a tomar en cuenta, cuando eso no es así. Hay muchas oportunidades para todas las chicas», afirmó la experta preparadora de misses.
«El día que Fátima quiera competir, lo primero que tiene que hacer es inscribirse de verdad, saber que esto es un trabajo, que es un reto y representar a un país es un orgullo muy grande que cambia la historia de cualquier joven. Si ella lo sabe, aprochar, si es una persona seria, comprometida», lanzó Febles.
Y es que durante este año Cuéllar dejó varias señales de una intención de volver al certamen Miss Universo El Salvador, pero en su momento también dijo que entraría sólo si la organización le hacía una invitación especial para volver a competir, pero fue entonces que Febles manifestó que la inscripción estaba abierta para ella como para cualquier otra aspirante.
Fátima, que sigue cumpliendo con sus trabajos de modelaje en Estados Unidos, finalmente no fue parte del grupo de 14 participantes oficiales de esta edición, pese a que muchos siguen clamando por ella como la reina ideal.
La final del concurso Miss Universo El Salvador 2025 se realizará el próximo viernes 26 de septiembre en el Palacio Tecleño, y a diferencia del año anterior, esta vez estará abierto al público, con entradas de $45 General y $75 VIP. En su momento se rumoró que dos de sus participantes habían renunciado a la competencia, pero esta versión no se hizo oficial.
El evento está a cargo de Oliv Models Agency y contará con la conducción de Kerim Handal y Ana Yanci Clavel, Miss Universo El Salvador 2012.
La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas restricciones a la visa H-1B, incluyendo un polémico pago anual de 100 mil dólares, ha causado alarma tanto en trabajadores extranjeros como en las empresas tecnológicas que dependen ampliamente de este tipo de visado laboral.
La medida, formalizada mediante una proclamación firmada por el presidente Donald Trump, busca reformar el uso del visado H-1B en EE.UU., el cual permite a empresas contratar temporalmente a profesionales altamente cualificados en campos como tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas.
Según el documento firmado por Trump, el programa H-1B ha sido utilizado «para reemplazar, en lugar de complementar, a trabajadores estadounidenses», acusando a empresas —especialmente del sector TI— de externalizar fuerza laboral y reducir salarios.
La Administración Trump sostiene que esta situación genera un impacto negativo en la fuerza laboral nacional, promueve el desempleo entre graduados recientes y pone en riesgo el liderazgo tecnológico de EE.UU.
“La visa H-1B ya no se está utilizando para cubrir escasez de talento, sino para abaratar costos”, señala la proclamación.
El anuncio ha generado incertidumbre entre los aproximadamente 600 mil titulares de visas H-1B. Según información preliminar, la medida solo afectaría a nuevas solicitudes, pero no hay claridad sobre quienes estén renovando o intentando reingresar al país tras un viaje internacional.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aclaró el sábado que la tarifa de $100 mil anuales para la emisión de visados H1-B introducida la víspera, será aplicable únicamente a las solicitudes presentadas tras la firma del decreto presidencial que contempla la medida y no a aquellas presentadas o emitidas previamente. Es decir, no se contempla su efecto retroactivo.
Un funcionario citado por Politico.com indicó que los actuales portadores del visado no necesitan apresurarse a regresar, aunque abogados de inmigración y asociaciones empresariales recomiendan no abandonar Estados Unidos ante el riesgo de no poder regresar.
Además, el documento presidencial otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para excepciones en casos donde el visado sea considerado de interés nacional o no represente una amenaza para la seguridad de EE.UU.
Según cifras del American Immigration Council (AIC) citadas por la Casa Blanca, en 2019, el 23,1 % de los trabajadores en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) eran extranjeros, el doble que en 2000. En áreas como informática y matemáticas, el número asciende al 26,1 %.
La Administración Trump considera que esta alta dependencia extranjera ha derivado en tasas de desempleo del 6 al 7,5 % para los jóvenes profesionales estadounidenses en estos campos.
Impacto en empresas tecnológicas y trabajadores de la India
El efecto de estas nuevas restricciones H-1B se dejará sentir especialmente en empresas como Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Tata Consultancy Services (TCS), que emplean a miles de profesionales bajo este esquema. Amazon lidera la lista con más de 14 mil empleados con visa H-1B.
Más del 70 % de estas visas están en manos de ciudadanos indios, por lo que el Gobierno de India ha expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias y económicas de esta medida, que podría afectar servicios críticos y generar desempleo técnico entre profesionales calificados.
Mientras se espera información oficial por parte de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, organizaciones jurídicas y empresas del sector tecnológico ya preparan demandas judiciales para frenar o modificar la normativa.
En paralelo, los afectados están siendo aconsejados a no salir de EE.UU. hasta que haya mayor claridad sobre las nuevas reglas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cree que las exigencias de la nueva Dirección de Mercados Nacionales a los vendedores de los mercados, como el San Miguelito, empujará más a los comerciantes hacia la informalidad.
“(Las exigencias a los vendedores del mercado San Miguelito) va a expulsar a una mayor informalidad a gente que ya estaba con un puesto”. Claudia Ortiz (Vamos).
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala que muchos comerciantes no podrán cumplir con esos requisitos que ahora les están exigiendo con la Dirección de Mercados y advierte que eso aumentará la informalidad.
«Al exigirles contabilidad formal, al exigirles que se inscriban para declarar IVA, al exigirles que tengan un contador y la gente no va a tener para pagar un contador, no comprendemos eso; y son esas barreras que la gente tiene por décadas para poder transitar a la formalidad», dijo la diputada.
La legisladora señaló que el gobierno ya tuvo que haber asesorado a los comerciantes informales de los mercados para que puedan dar el paso a la formalidad de una forma sencilla y no al contrario.
«Tuvieron que haber creado un espacio para facilitar que la gente pase a la formalidad, no al contrario, habrá mucha gente que no va a poder acceder a esas condiciones, no van a poder cumplir esos requisitos porque tampoco se han planteado un acompañamiento», cuestionó la diputada de Vamos.
La legisladora cree que el costo no solo será para los comerciantes, sino para la gente que prefería ir a comprar a un mercado que a un supermercado para obtener productos a menor precio.
«Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de ir a un mercado o a un supermercado con los costos que va a tener esto?, ¿y cuál será la diferencia para la gente que compraba en un mercado y no en un supermercado?», preguntó.
La Dirección de Mercados inició reuniones con los comerciantes del mercado San Miguelito que se quemó para asignación de puestos en el nuevo el pasado 29 de agosto.
Comerciantes del Mercado San Miguelito aseguraron a radio YSUCA que les ha informado que «para poder tener un puesto dentro del remodelado mercado deben declarar IVA», pero la Dirección de Mercados Nacionales no ha confirmado ni descartado tal aseveración.
También, algunas personas han publicado en redes sociales que los comerciantes pagaban $9 y ahora les tocará pagar $90, y que les exigen llevar una contabilidad formal.
El Salvador estará bajo la influencia de vaguadas debido a una nueva onda tropical y el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que generará cielo nublado y lluvias dispersas en varias zonas del país, principalmente en horas de la tarde y noche. El clima será muy cálido durante el día, mientras que se tornará fresco por la noche y en la madrugada.
Durante la madrugada, se espera cielo mayormente nublado con lluvias puntuales sobre la franja costera, especialmente en las regiones central y oriental del país. Por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en sectores como la cordillera volcánica y la zona norte, sin previsión de lluvias durante estas horas.
Ya por la tarde aumentará la nubosidad en la cordillera volcánica y el norte, donde se desarrollarán tormentas y lluvias dispersas, extendiéndose hacia los valles interiores, incluyendo Santa Ana centro, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona norte del departamento de La Libertad.
El cielo continuará mayormente nublado por la noche, con lluvias dispersas en la zona oriental. En el resto del país, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente.
Para la madrugada del lunes 22 se pronostican lluvias puntuales en la franja costera occidental. Se esperan vientos del oeste y suroeste, con velocidades entre 10 y 20 km/h.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) realizó 77 contrataciones de bienes y servicios por $2,858,485.66. Las compras se realizaron a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), en comparación de precios y subasta inversa.
La memoria de labores del Registro indica que junio a diciembre de 2024 se realizaron 51 contrataciones de servicios por $1,535,451.55 y de enero a mayo de 2025 se concretaron otros 26 procesos por $1,323,034.11.
Según el documento, la institución contrató bienes, consultorías y servicios, aunque no detalló qué tipo de bienes y servicios recibió por las compras realizadas durante el último año reportado.
Por otro lado, el Registro también detalló que, de junio a diciembre de 2024, tenían aprobado un presupuesto de $11,703,603.53 sin embargo, se modificó por $15,260,684.50, de lo que ya estaba comprometido $14,178,421.01.
De enero a mayo de 2025, se aprobaron $8,619,585.11 para ejecución presupuestaria, pero se modificó por $7,662,818.87, de lo que ya estaba comprometido $7,473,644.43. Es decir, que se modificó el presupuesto para retirar $959,766.24.
