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Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio que elimina la asignación automática de los votos de los salvadoreños en el exterior a la circunscripción del departamento de San Salvador.

En la ley estaban asignados automáticamente a San Salvador los votos de los salvadoreños que residen en el extranjero “y cuyo domicilio según Documento Único de Identidad sea fuera del territorio nacional”. Con la reforma, “asignarán su voto a la circunscripción en el extranjero”.

Así mismo, modificó el inciso que asignaba los votos de los salvadoreños que ejercieran su voto usando su pasaporte: antes se asignaba a la circunscripción del departamento de San Salvador y hoy se asignará a la circunscripción en el extranjero.

Con la reforma a esta normativa, no cambia la asignación de los votos de los salvadoreños que residen en el extranjero pero que tienen DUI con domicilio en territorio nacional, ya que sus votos se asignarán siempre al domicilio de su documento.

La reforma a la ley del voto en el exterior también reafirma el derecho de los salvadoreños domiciliados en el extranjero a “postularse” para elecciones de presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales, y elimina la mención del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuya participación está siendo eliminada de la Constitución y de todas las leyes del país.

El Legislativo reformó, además, el Código Electoral y la Ley de partidos políticos, con el fin de asignarle seis escaños legislativos o diputaciones a la circunscripción de salvadoreños en el exterior, restándolos del departamento de San Salvador y de La Libertad, en una redistribución considerada como avance democrático por el partido oficial, Nuevas Ideas, pero que la oposición consideró inconstitucional y distorsionada.

Antes de las reformas electorales, fue aprobada y ratificada una reforma constitucional al primer inciso del artículo 79 para dar representación legislativa a los salvadoreños en el exterior.

La Asamblea Legislativa ratificó este lunes dos préstamos, uno otorgado a la empresa proveedora de luminarias AGM El Salvador, que también otorgará el préstamo en especie a un interés del 5 % anual; y otro otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para remodelar 13 escenarios deportivos de El Salvador.

El primer préstamo por $23.7 millones será destinado a la instalación de luminarias en la Troncal del Norte, Carretera de Oro, Sonsonate y Periférico, y lo otorgará la misma empresa que fue contratada para la instalación, es decir, AGM El Salvador, S.A. de C.V. El crédito asciende a $23,785,985.87, aunque el proyecto asciende a $26,428,873.19, de los cuales el gobierno aportará $2,642,887.32.

Esta modalidad de préstamo se dio bajo el amparo de la «Ley especial para la contratación de obra pública y servicios esenciales con financiamiento incluido» aprobada el 30 de noviembre de 2022.

En ambos préstamos, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Vamos ha cuestionado cómo se seleccionó la empresa AGM El Salvador. «Son $26 millones de dólares en estas luminarias, ¿cuántas luminarias valen $26 millones? En realidad estamos frente a un préstamo en donde se está entregando algo a la población que lleva un precio justo y que al final sea de calidad y no estamos viendo que eso pase. En la realidad todas las plenarias hay préstamos y hay deuda pero hay cero transparencia», ha cuestionado Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Las luminarias LED se instalarán en cuatro tramos de carreteras: Carretera Sacacoyo-Acajutla (CA-08W y CA-12S) desde el redondel de Sacacoyo, La Libertad Oeste, a Acajutla, Sonsonate Oeste; Periférico Claudia Lars: Carretera RN 23-S; Carretera Troncal del Norte, desde el distrito de San Salvador hasta el distrito de Apopa; y Carretera de Oro, desde el distrito de Apopa hasta el distrito de San Martín.

La Asamblea también ratificó el préstamo de $150 millones del BCIE para el programa Prodeporte II, que promete la remodelación de los siguientes 13 centros deportivos: estadio Óscar Quiteño, cancha de baloncesto 2030 y Gimnasio Ernesto David Vega Mojica, en Santa Ana; el Estadio Luis Amílcar Moreno, en Morazán; el Estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el Complejo Deportivo de Usulután, el Complejo Deportivo de San Vicente, el Complejo Deportivo de San Miguel, el Polideportivo Chapeltique en San Miguel, el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, el Estadio Moidán, en Cabañas, el Estadio José Gregorio Martínez, Chalatenango; y el Estadio Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, La Unión. Vamos cuestionó que algunos centros deportivos ya debieran estar remodelados.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal y Salud Animal que busca otorgar definitivamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la facultad para controlar, vigilar y certificar los productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos, avícolas, porcino, bovino, acuícolas y pesqueros, sus establecimientos, y alimentos semiprocesados y procesados para animales.

La reforma, que fue aprobada con 58 votos, incluido el de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, derogó el artículo que otorgaba a partir de enero de 2027 a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) el control de productos semiprocesados y procesados para animales.

La promesa del MAG, según su viceministro Óscar Domínguez, es «eliminar burocracia» sin descuidar la protección sanitaria de los productos. «Va a ser mucho más ágil, se está eliminando la burocracia y estos países que tiene un estándar mucho más alto son los países que ahora nos están apoyando», indicó Domínguez en una visita a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. Subrayó que obtendrán más certificaciones y acreditaciones, y que están modernizando los laboratorios para el análisis de productos.

Entre las atribuciones actuales del MAG, no está actualmente la certificación de productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja y ovoproductos. La SRS no fue citada a la Comisión de Salud en el estudio de la reforma.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la garantía soberana del Estado para un préstamo de $100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) para el «Proyecto de intermediación financiera mejorada para la creación de empleo», que promete acceso a créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La aprobación se dio con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Los préstamos se otorgarían mediante intermediarios a mipymes salvadoreñas en sectores estratégicos, en turismo e inclusión financiera enfocadas a dar prioridad a créditos a empresas lideradas por mujeres.

El préstamo se deberá pagar en 18 años, con 5 años de gracia, una tasa de referencia basada en SOFR a seis meses más el margen variable o la tasa que pueda aplicar después de una conversión; y también el Estado debe pagar una comisión de 0.25 % sobre el monto total del crédito y otra del 0.25 % sobre el saldo no desembolsado.

El proyecto tiene una línea de crédito multidestinos, operaciones o gestiones financieras de Bandesal con instituciones intermediarias, bancos, cooperativas, sociedades de ahorro y crédito; y un fondo de garantía parcial de crédito para a mitigar los riesgos y movilizar el capital privado.

El Estado también ha sido garante de otros créditos adquiridos por Bandesal. En junio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una garantía por $60 millones y otra por $130 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los $60 millones de los cuales el Estado fue garante crediticio se destinarían a un programa de financiamiento para la eficiencia energética y energías renovables en las mipyme salvadoreñas.

Mientras, los $130 millones se destinarían al «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de las mipyme en El Salvador».

En el año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó un total de $1,480 millones en garantías solicitadas por diferentes instituciones para nuevas deudas. Sumando garantías aprobadas para respaldar deudas adquiridas anteriormente, el Legislativo aprobó garantías soberanas del Estado para respaldar préstamos por un total de $2,061.1 millones que adquirieron instituciones como CEL, Bandesal, Fondo Social para la Vivienda, Fondo para la Conservación y Mantenimiento Vial (Fovial) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).