La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, mientras prosiguen los contactos para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país, confirmó este martes su portavoz Ravina Shamdasani.
El equipo «se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas», indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
También hubo contactos con defensores de derechos humanos recientemente liberados y otras figuras destacadas, subrayó Shamdasani.
En febrero de 2024 las autoridades venezolanas entonces lideradas por Nicolás Maduro suspendieron las actividades de la oficina en Caracas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, abierta en 2019, acusando a la ONU de operar en contra de los intereses del régimen chavista.
Ello conllevó la expulsión de trece funcionarios de la ONU, a los que se dio 72 horas para salir del país.
Shamdasani confirmó por otro lado que el alto comisionado y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Türk ofreció apoyo para «la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro».
Este contacto ya fue anunciado en su día por la propia Rodríguez, quien aseguró que pediría a Türk que verificara las excarcelaciones de las semanas recientes, tras denuncias de retrasos y opacidad en el proceso por parte de familiares y ONG.
Respecto al proyecto de Ley de Amnistía que aprobó en primera lectura la Asamblea Nacional venezolana, la portavoz comentó que «es un positivo paso hacia la cohesión social, la reconciliación nacional y la coexistencia», en línea con los señalado en la víspera por la Misión de Investigación de la ONU para Venezuela.
«Sin embargo, esa ley debe cumplir los estándares en materia de derechos humanos, incluir a todos los individuos detenidos arbitrariamente, y debe ser parte de una estrategia más amplia que incluya reparación, rendición de cuentas, y reformas legales», agregó.
