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La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deteriorado las condiciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. En su Informe Mundial 2026, HRW señaló que diversos gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos, o han usado las políticas estadounidenses como excusa para endurecer medidas represivas.

Durante el primer año del nuevo mandato del presidente estadounidense, HRW observó cómo varios países de la región violaron derechos de personas extranjeras bajo presión directa de Washington. Otros Estados profundizaron estrategias de seguridad basadas en la militarización, detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza, según el informe.

“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. No obstante, recalcó que “los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington”.

HRW denunció que Estados Unidos redujo significativamente los fondos de cooperación dirigidos a organizaciones de derechos humanos y medios independientes. Paralelamente, países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que habilitan el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios, debilitando el sistema democrático y los contrapesos institucionales.

La organización también cuestionó la “doble vara” de la política exterior de Washington, que condena las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora graves abusos cometidos por aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. El informe incluyó críticas al ataque militar de EE.UU. contra Venezuela a inicios de 2026, el cual, advirtió HRW, podría fortalecer al régimen de Nicolás Maduro y responder a intereses políticos y comerciales de Estados Unidos.

En materia de seguridad regional, HRW urgió a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 120 personas fallecidas y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

El informe también documentó graves abusos contra migrantes deportados desde Estados Unidos. Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras que El Salvador sometió a venezolanos repatriados a desapariciones forzadas, torturas y arrestos arbitrarios. En tanto, la República Dominicana intensificó deportaciones de haitianos a zonas de alto riesgo, en aparente violación del derecho internacional.

HRW alertó sobre el avance del crimen organizado como una de las principales amenazas a los derechos humanos. En Haití, por ejemplo, grupos criminales dominan el 90 % de Puerto Príncipe. En naciones como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de atribuciones de inteligencia y restricciones a derechos fundamentales.

En México, el informe destaca la combinación entre refuerzo de capacidades de inteligencia y medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas; y en Colombia, durante la ejecución de la estrategia de “paz total”, los grupos armados expandieron su control territorial.

Pese a este entorno adverso, HRW resaltó el papel esencial que cumplen periodistas y organizaciones de derechos humanos en la defensa de la democracia. No obstante, advirtió que su labor se ve amenazada por entornos cada vez más hostiles. La organización hizo un llamado a los gobiernos a garantizar su trabajo y cesar su criminalización o restricción.