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Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones de paz con Irán, anunció este viernes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

«El presidente (Donald Trump) ha decidido enviar al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner a Islamabad dado que los iraníes quieren hablar en persona. El presidente siempre está dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia. Así que Steve y Jared viajarán mañana a Pakistán para escuchar a los iraníes», declaró Leavitt a la prensa en la Casa Blanca.

Según la portavoz de Trump, Estados Unidos ha visto «algunos avances» por parte de Irán en los últimos días, lo que facilita que haya un encuentro en persona.

A este viaje, sin embargo, no se suma el vicepresidente, JD Vance, quien lideró la delegación que participó en la primera ronda de contactos con Irán el pasado 11 y 12 de abril en Islamabad, la cual concluyó sin acuerdo.

En una entrevista con la cadena Fox News, Leavitt afirmó que, a pesar de la ausencia, el vicepresidente «permanece profundamente involucrado en todo este proceso y estará a la expectativa» de lo que ocurra junto con el presidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, y todo el equipo de seguridad nacional.

Del lado iraní se espera que participe el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, quien anunció este viernes en su cuenta de la red social X el inicio de una «oportuna» gira regional por «Islamabad, Mascate y Moscú.

En cambio, no participará el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien lideró la última delegación que se reunió con JD Vance.

Trump anunció el martes un alto el fuego indefinido en la guerra de Irán hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra.

Islamabad, donde se celebró la fallida primera ronda de negociaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos dijo este viernes que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte, como parte de un grupo de medidas para «fortalecer» la pena capital a nivel federal.

Las nuevas directivas buscan despejar «el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación», informó el DOJ, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Entre ellas se incluye «la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte».

«Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes», agregó la Justicia en un comunicado.

Según el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, el Gobierno del expresidente Joe Biden «incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden».

Blanche advirtió que ahora, el DOJ «vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas».

Justicia también anunció que instruyó a la Oficina de Prisiones «examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos».

En el país norteamericano, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones. En otros 23 estados y el Distrito Columbia ha sido abolida, según la ONG Death Penalty Information Center.

De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida.

Este año están programadas al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las que hasta el momento ya se han completado ocho.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso para revocar la ciudadanía de más de 350 personas en todo el país, según reveló este viernes el periódico The New York Times.

Según revelaron al diario funcionarios del Gobierno de Donald Trump, la Justicia estadounidense presentará pronto las demandas civiles para desnaturalizar a estos individuos y espera expandir y acelerar estos procesos a nivel nacional.

Para que el Gobierno pueda revocar la ciudadanía de alguien, tiene que probar ante una corte que el individuo la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal, por ejemplo, ocultando antecedentes penales de crímenes que lo harían no apto para la ciudadanía, o haber entrado en un matrimonio ficticio.

Este proceso, no obstante, solo puede aplicarse a «ciudadanos naturalizados», como se les conoce a las personas que no nacieron en EE.UU. sino que obtuvieron la ciudadanía después de emigrar al país.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló al diario neoyorquino que el Gobierno de Trump está buscando lograr «el volumen más alto» de revocaciones de ciudadanía «en la historia».

En julio del año pasado, el departamento publicó un memorando instruyendo a su División de Asuntos Civiles a enfocarse en casos de revocación de ciudadanía.

El documento enumeró una lista de individuos para que el Departamento priorice en estos procesos, incluyendo a las personas con nexos al terrorismo, el narcotráfico, implicados en el tráfico de personas o que haya cometido fraude de ayudas públicas.

Entre los requisitos para obtener la ciudadanía, y que de no cumplirse pueden llevar a que esta sea revocada, está también el «buen carácter moral», un término que no está definido específicamente en la ley y que, según han advertido algunas organizaciones, puede dar paso a que se revoque la ciudadanía por acciones «protegidas por la Primera Enmienda», como protestar.

«La Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos», señaló un informe de la organización Brennan Center for Justice.