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Guatemala atraviesa hoy uno de sus momentos más oscuros en la historia reciente. Mientras el calendario esta por finalizar el mes enero de 2026 y el presidente Bernardo Arévalo cumple sus primeros dos años de gestión, la sensación en las calles no es de todo lo que ofreció durante su campaña, una serie de ideas de escritorio, soñadoras y frazadas por gobiernos de izquierda. Con exactamente la mitad de su mandato por delante, el gobierno se encuentra en una encrucijada donde la retórica de la transparencia ya no alcanza para frenar las balas, extorsiones y mas de 3,000 homicidios durante el año 2025.

La reciente declaratoria de Estado de Sitio a nivel nacional, tras el asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil , cinco mas heridos de gravedad los motines coordinados en prisiones como Renovación I y el Preventivo de la Zona 18, es la evidencia de un fracaso previo. Durante meses, se denunció la ausencia de una política criminal clara. Lo que hoy vemos es la reacción desesperada de un Estado y gobierno que permitió que el crimen organizado y las pandillas, especialmente el Barrio 18 y la MS-13convirtieran las cárceles en centros de comando con beneficios que rayan en lo insultante: desde aire acondicionado, comida de restaurantes y rápida hasta  en los tres tiempos, servicios de mensajería privada, cable, redes sociales y más.

El gran pecado de la administración Arévalo no ha sido solo la falta de mano firme, sino la aparente desconexión entre su agenda anticorrupción y la seguridad ciudadana, y no desmantelar las redes de corrupción. Mientras el Ministerio de Gobernación intenta ahora «aislar» a los líderes, el ciudadano de a pie se pregunta por qué se tuvo que llegar a una masacre de policías para que el gobierno entendiera que con el terrorismo de las pandillas no se negocia. La percepción de una falta de voluntad política es palpable; se percibe a un Ejecutivo que teme al costo político de las medidas de control estricto, mientras las extorsiones siguen siendo el impuesto más efectivo (y letal) del país.

En Guatemala el sistema penitenciario ha operado bajo un régimen de «autogobierno» que el actual gobierno no ha sabido desmantelar con la celeridad que la crisis exigía. La fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad a finales de 2025 fue el primer gran aviso de que el sistema estaba podrido por dentro, y la respuesta fue, de nuevo, lenta y burocrática. Y hasta el momento hay ex funcionarios prófugos y otros que siguen con sus empleos.

A Bernardo Arévalo le queda la mitad de su periodo. En política, eso es un suspiro. Si en estos próximos dos años no se logra transitar de los Estados de Sitio temporales a una reforma penitenciaria estructural —que incluya la finalización de las cárceles de máxima seguridad prometidas y el corte total de señales y privilegios—, su legado no será el de la utopía democracia recuperada, sino el del gobierno que, por indecisión, cobardía y actos de corrupción entregó el territorio a la gobernanza criminal.

El presidente Arévalo es un testimonio mas de los fracasos de los gobiernos de izquierda y de funcionarios que desconocen de seguridad y que les encanta quedar bien con organismos internacionales pero no con sus ciudadanos. Todo lo que crítico y dijo que no haría, en una semana es lo que ha hecho. No hay coherencia en sus acciones y las capturas no refleja que tengan los niveles de inteligencia o quizás no se quiere combatir por posibles implicaciones con el crimen organizado. Criticar es fácil.

*Por Ricardo Sosa / Doctor y máster en Criminología / Experto en Seguridad Nacional