La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) pidió públicamente a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de Ley de alianzas público privadas, que permitiría crear estas alianzas para proveer servicios de salud, educación y recursos hídricos.
“Tiene un objetivo claro y peligroso: abrir el camino a la privatización de servicios públicos esenciales… Si este modelo avanza, el que no pueda pagar simplemente quedará fuera del sistema… Esta normativa podría abrir la puerta a procesos de privatización en la Universidad de El Salvador”, indicó Conadesa en un comunicado divulgado la tarde del lunes y leído por el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre.
La asociación rechazó “categóricamente” la propuesta e insistió en derogar la Ley de la Red Nacional de Hospitales bajo la cual será administrado el Hospital Nacional Rosales. “Exigimos a los diputados de la Asamblea Legislativa que no la aprueben”, expresó.
El movimiento hizo un llamado a la “movilización social”.
La actual Ley de asocios públicos privados (APP) excluye de crear un APP cuando se trate de proporcionar servicios de salud, incluidos lo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), educación, la Universidad de El Salvador (UES) y recursos hídricos. El nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa suprime estas prohibiciones y mantiene las referidas a seguridad nacional, seguridad pública y justicia, hidrocarburos y minerales.
“Nos hemos quedado sin el hospital más importante de nuestro país, el Hospital Rosales nos lo han arrebatado”, dijo Silvia Navarrette del Sindicato de Trabajadores de la Salud en El Salvador (Sitrasalud). Llamó a manifestarse el 1 de mayo.
María Inés Dávila, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), cuestionó la nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), no podrá ser intervenida por ninguna independencia del Estado. Agregó que no se especifica cuál será el papel de la población en el proyecto.
Agregó que, si la UES forma parte de esta propuesta de “privatizar la educación superior”, tendrían “serios problemas” en la formación de profesionales de la salud. También exhortó a manifestar el descontento el próximo viernes 1 de mayo de 2026. Presentarán públicamente el Plan multisectorial de salud.
«No es necesario privatizarlo. ¿Cuándo toca vender algo? Cuando ya no tengo dinero para pagar. ¿Es esta señal que el Gobierno ya se quedó sin dinero?», cuestionó. Preguntó a quién le «venderán» el Hospital Nacional Rosales.
Con la nueva propuesta, los contratos del Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, según el artículo 11, incluyendo sus prórrogas. Actualmente, el artículo 8 establece un plazo máximo es 40 años.
En la conferencia de prensa, Peter Nataren, de la comunidad Santa Marta, aseguró que lo han “venido denunciando en los últimos años”. “Están desesperados porque no tienen dinero”, dijo. Nataren aseveró que la normativa «se presta para el lavado de dinero».
