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La ley de la Quincena 25 es vista por el Gobierno y diputados de Nuevas Ideas como una medida de impulso económico para el país, mientras, la oposición señala que no cambiará el costo de la vida e incluso prevé aumento de precios.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, consideró que con la medida “continúa dinamizándose la economía”.

Para el diputado Ernesto Castro, la quincena adicional para los trabajadores que ganan hasta $1,500 “implica un ingreso extra para las familias salvadoreñas y la dinamización de la economía de nuestro país”.

De igual manera, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, cree que, “más que que una medida laboral”, la quincena 25 “es una medida de impulso económico”.

“Esto dinamizará la economía a través de consumos, negocios, tiendas, mercados, farmacias, talleres, colegiaturas, uniformes, clínicas, medicinas y el pago de los servicios básicos, como energía eléctrica, agua y telefonía”, destacó el legislador.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó el proyecto como una forma de “fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero”.

En la oposición, el diputado Francisco Lira (Arena) consideró que el costo de la vida no disminuirá con esta medida. “La inflación se va a comer esta quincena antes que el trabajador llegue a comprar al supermercado”, advirtió.

La diputada Claudia Ortiz (Vamos) cree que “el costo de la vida va a seguir igual de alto en alimentos, servicios básicos y otros bienes y servicios de primera necesidad”.

Tanto Lira como la diputada Marcela Villatoro (Arena) consideraron que fue una medida inconsulta con la micro y la pequeña empresa porque algunos les manifestaron falta de liquidez para abonarles una quincena adicional a sus empleados en este momento.

La oposición se inclina por la reducción del IVA o la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica. “Es una medida que sería todo el año y se verían beneficiados todos”, dijo Villatoro.

Para el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), “algo dinamizará por aquello del efecto multiplicador de cada dólar adicional del gasto agregado”.

Sin embargo, no cree que el efecto sea permanente. “Creo que el efectivo de ‘primera ronda’ será más fuerte en enero y luego se irá diluyendo en febrero y marzo”, consideró.

Ayer, muchas empresas divulgaron en X la aplicación voluntaria de la medida acompañando el anuncio de un afiche que destacó el nombre “Quincena 25”. Algunas no adoptaron ese diseño.

Una de las empresas, La Curacao, remarcó: “Impulsamos la economía de El Salvador, nos sumamos a la quincena 25”.

Mulato dijo que fue “una iniciativa consensuada entre el gobierno, empresarios y representantes del sector privado”, algo que también aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Tanto el presidente, como diputados, subrayaron ayer que la medida fue aplicada “voluntariamente” por las empresas privadas.

Los bancos Davivienda y Banco Cuscatlán anunciaron que aplicarían voluntariamente los pagos.

Además La Curacao, otras empresas que anunciaron la aplicación voluntaria de la medida en enero de 2026 fueron Almacenes Simán y sus empresas asociadas, Súper Selectos, TCS, ADOC, las telefónicas TIGO, CLARO, Digicel y Movistar.

También, anunciaron que lo aplicarían empresas como DIANA, Ancalmo, las distribuidoras eléctricas AES El Salvador y Delsur, VIDRI, La Constancia, Comersal, Applaudo y la Fundación Gloria Kriete, Urbánica y Pizza Hut.

Entre farmacias o laboratorios que anunciaron la aplicación en 2026 fueron: Farmacia San Nicolás, Pharmavalue, Analiza y Laboratorios Suizos.

También lo anunciaron empresas como Corporación Multi-Inversiones (Pollo Campero), Zona Digital, Inversiones OMNI y El Jardín de los Volcanes.

El 16 de enero de 1992, marcó el cierre formal de uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de El Salvador, cuando el Gobierno y la entonces guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil y abrieron un proceso de reformas políticas, institucionales y constitucionales en el país.

Este 16 de enero se cumplen 34 años de aquel hecho histórico que puso fin al conflicto armado entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad del Estado, mediante una reforma política pactada que permitió el cese inmediato de las hostilidades.

En representación del Gobierno de El Salvador firmaron Óscar Santamaría, Juan Martínez Varela, Mauricio Vargas, David Escobar Galindo, Abelardo Torres y Rafael Hernán Contreras. Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suscribieron los comandantes Schafik Hándal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho y Joaquín Villalobos; así como Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martínez, María Marta Valladares (Nidia Díaz), Roberto Cañas y Dagoberto Gutiérrez. Por las Naciones Unidas firmó el entonces secretario general, Boutros Boutros-Ghali.

El proceso de negociación fue precedido por acuerdos parciales que sentaron las bases del entendimiento entre las partes. El 4 de abril de 1990 se alcanzó el compromiso de “terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”.

Posteriormente, se firmaron los Acuerdos de San José, el 26 de julio de 1990; los de México, el 27 de abril de 1991; y los de Nueva York, el 25 de septiembre de 1991.

Los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron, además del fin de los combates armados y la desarticulación de los grupos armados y cuerpos de seguridad, una serie de transformaciones institucionales, reformas constitucionales y la creación de nuevas entidades del Estado.

Uno de los ejes centrales fue la transformación de la Fuerza Armada, con cambios doctrinales, depuración y reducción de su estructura, definiéndola como una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Se acordó la supresión de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, la proscripción de los grupos paramilitares y la suspensión del reclutamiento forzoso.

Otro componente fundamental del Acuerdo de Paz de 1992 fue la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, así como la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Los acuerdos establecieron que la PNC solo podría hacer uso de la fuerza cuando fuera estrictamente necesario y prohibieron de manera expresa la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En materia judicial, los Acuerdos de Paz plantearon la necesidad de garantizar la independencia del sistema de justicia y dieron paso a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional de la Judicatura. También se acordaron reformas al sistema electoral, incluida la creación del Tribunal Supremo Electoral, así como compromisos en los ámbitos económico y social, con énfasis en el acceso a tierras, créditos al sector agropecuario y apoyo a la micro y pequeña empresa.

Asimismo, se establecieron medidas para garantizar la participación política del FMLN, la incorporación de sus excombatientes a la vida civil y política, la liberación de detenidos por motivos políticos, garantías para exiliados y lisiados, y su legalización como partido político con plena libertad de proselitismo.

El cese del enfrentamiento armado inició el 1 de febrero de 1992 y el proceso concluyó el 31 de octubre de ese mismo año.

En septiembre de 2023, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele calificó como “falsos” los Acuerdos de Paz que, según afirmó, fueron firmados bajo la influencia de “poderes extranjeros”. La tesis de Bukele es que en los 30 años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, bajo gobiernos de izquierda y derecha, se registraron más muertes que durante la guerra civil, con la anuencia de sectores que se autodefinieron como defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática.