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No sé ustedes cómo están percibiendo este nuevo 2026; en mi caso ha comenzado intenso y cargado de temas fuertes. Una de esas experiencias la viví en plena época navideña, conversando con una pareja de salvadoreños que reside en Estados Unidos y que, según comentan, ya son también ciudadanos de ese país. El tema espinoso fue la supuesta transparencia de los documentos en salud que el actual gobierno dice haber instalado, y la reacción de mis “conocidos” fue desproporcionadamente intensa, casi visceral, en defensa de su ídolo político. Esta experiencia me llevo a reflexionar sobre si la salud es un derecho o un beneficio para el ciudadano salvadoreño.

Durante décadas se repitió que la salud era un asunto técnico: números, protocolos, presupuestos, eficiencia. Hoy esa afirmación resulta cada vez más insostenible. La salud es, y siempre ha sido, un territorio político. No porque los hospitales voten o los médicos legislen, sino porque decidir quién accede, cuándo y en qué condiciones es una forma directa de ejercer poder.

En El Salvador, los cambios recientes en el sistema nacional de salud se presentan bajo un lenguaje cuidadosamente elegido: modernización, optimización, reordenamiento. Palabras neutras en apariencia, casi asépticas. Pero detrás de ellas se juegan preguntas profundamente políticas: ¿qué se entiende por derecho?, ¿qué se considera gasto?, ¿quién asume el riesgo cuando el sistema falla?

La salud deja de ser un derecho cuando se gestiona como un servicio y se comunica como un favor. No es una afirmación ideológica; es una constatación histórica. Cuando el acceso depende de la capacidad de pago, de la afiliación o de la “prioridad” definida desde arriba, el vínculo entre Estado y ciudadano se transforma. El paciente deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser usuario, cliente o beneficiario temporal.

Este desplazamiento no ocurre de golpe. No hay un decreto que anuncie: “la salud deja de ser un derecho”, aunque quizá —y sin que lo notemos— los “sabios” diputados ya lo hayan pronunciado. Ocurre de manera gradual: externalización de servicios, alianzas público-privadas opacas, reducción silenciosa de prestaciones, énfasis en indicadores de productividad más que en resultados sanitarios reales. Todo ello amparado por un discurso que erige la eficiencia como valor supremo, como si la eficiencia fuera políticamente neutra. Pero la eficiencia siempre responde a una pregunta previa: ¿eficiencia para qué y para quién?

Un sistema puede ser eficiente reduciendo costos a corto plazo y, al mismo tiempo, generar más enfermedad, más desigualdad y más gasto a largo plazo. También puede ser eficiente desde el punto de vista administrativo y profundamente injusto desde el punto de vista social.

Pero hay un elemento, el cual trataba de argumentar con mis “conocidos”, y el cual suele quedar fuera del debate: el silenciamiento de la deliberación. Las reformas sanitarias más profundas no deberían hacerse a puertas cerradas ni presentarse como hechos consumados. Sin embargo, el clima político actual favorece la rapidez sobre el debate, la decisión centralizada sobre el consenso, la obediencia sobre la crítica. En ese contexto, cuestionar cambios en salud pública se interpreta fácilmente como resistencia al progreso o, peor aún, como oposición política. Y así se me percibió en mi intercambio de opiniones, yo estaba alineado con la “oposición”, según ellos.

Este es un error peligroso. La salud pública no se defiende con consignas ni con lealtades partidarias, sino con datos, ética y participación social. Cuando los gremios médicos, las universidades o las organizaciones civiles expresan inquietudes, no están “obstaculizando” el desarrollo; están cumpliendo una función democrática esencial: advertir sobre riesgos que no siempre son visibles desde el poder. La pandemia dejó una lección que parece olvidarse con rapidez: los sistemas de salud frágiles no fallan de manera abstracta, fallan en cuerpos concretos. En ancianos que no acceden a atención oportuna, en pacientes crónicos que interrumpen tratamientos, en familias que se endeudan para pagar lo que antes era público. Cada decisión administrativa tiene una traducción clínica. Además, la salud es uno de los últimos espacios donde el Estado se encuentra con la ciudadanía de manera directa y cotidiana. Un hospital público no es solo un edificio: es una promesa. Cuando esa promesa se debilita, también lo hace la confianza social. Y sin confianza, ningún sistema —por eficiente que se declare— puede sostenerse en el tiempo.

Defender la salud como derecho no implica negar la necesidad de reformas, controles o mejoras. Implica algo más básico: reconocer que no todo lo valioso es cuantificable y que no todo lo medible es justo. Implica aceptar que la salud no puede reducirse a un balance financiero sin perder su sentido humano.Convertir la salud en territorio político no es un acto de confrontación; es un acto de responsabilidad cívica. Porque allí donde se decide quién vive mejor, quién espera más y quién queda fuera, ya no estamos ante un problema técnico. Estamos ante una decisión moral, y por tanto, política.

La historia criminal de El Salvador desafía los paradigmas tradicionales de la criminología y ciencias forenses en la región y sujeto de estudio en escuelas criminológicas en el mundo. Durante décadas, el país fue el rostro de la «impunidad estructural» en los homicidios; para el año 2019, las estadísticas eran desoladoras: de cada 100 homicidios cometidos, 97 quedaban sin capturas y sin castigo. Este escenario no solo alimentaba el ciclo de violencia, sino que enviaba un mensaje de permisividad estatal donde el crimen era, en términos económicos y legales, un riesgo calculado de baja probabilidad. El ser sicario, gatillero, asesino a sueldo, matón prepago, torpedo utilizado por la mafia italiana, pagaba bien, un oficio y era un estilo de vida.

Sin embargo, el Balance 2025 presentado por el Gabinete de Seguridad Ampliado revela una metamorfosis en el delito de homicidio. El dato más disruptivo no es solo la cifra mínima de 82 homicidios intencionales en todo un año —una reducción abismal frente a los 3,962 del año 2017—, sino la tasa de efectividad del 100% en su resolución al lograr la captura del o los posibles responsables. Desde la criminología, este fenómeno se explica a través de dos pilares: la eficacia en los actos iniciales de investigación y la solidez en la judicialización.

La eficacia Policial: El control de la escena

El éxito de un proceso penal nace en los «momentos de oro» posteriores al delito. La operatividad actual, respaldada por 988 días sin homicidios bajo el régimen de excepción, ha permitido que la Policía Nacional Civil (PNC) realice investigaciones de campo sin la presión de las estructuras terroristas que antes contaminaban o silenciaban las escenas, además de todo el apoyo financiero, técnico, logístico y de equipos de última generación recibido por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

La transición de una violencia de pandillas criminales hacia una violencia predominantemente interpersonal —donde la intolerancia social y familiar sumaron 74 de los 82 casos— ha permitido que la subdirección técnica científica forense y las subdirecciones de investigación e inteligencia aplique protocolos de recolección de evidencia mucho más precisos y especializados. Ya no se investiga en un entorno de guerra urbana, sino en un contexto de control territorial donde la capacidad de respuesta estatal es inmediata. El año 2025 marco la creación y aplicación altamente eficiente y eficaz del Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), mediante el cual más de siete unidades especializadas se activan ante el reporte de un asesinato, con el fin de ubicar al responsable y hacer cumplir la Ley.

El rol de la FGR: Del expediente al veredicto

La resolución de los 82 casos no termina con la captura, es el inicio, que no es un dato menor; allí es donde el rol de la Fiscalía General de la República (FGR) se vuelve protagónico. El paso de un 97% de impunidad en 2019 a un 0% en 2025 no es obra de la suerte. Los datos muestran una madurez en la carga probatoria: mientras que en 2020 las absoluciones eran frecuentes, para 2025 se registró una disminución del 47% en absoluciones en comparación con aquel año.

El sistema judicial ha procesado con éxito no solo los delitos de sangre, sino que ha logrado un incremento del 52% en condenas generales respecto a 2020. Esto indica que la FGR ha pasado de una gestión de expedientes a una estrategia de inteligencia técnica que permite judicializar casos con pruebas periciales irrefutables, logrando 11,666 condenas solo en el último año. Una evidencia de la gestión de calidad en la FGR actual con un trabajo fortalecido por prueba técnica científicacon fundamento en ciencias forenses y penales.

El Salvador ha logrado invertir la pirámide de la impunidad. Al garantizar que cada homicidio sea investigado, judicializado y castigado, el Estado ha restablecido el principio de «certeza del castigo», el disuasor más potente según la teoría de la prevención general. La sinergia entre el Gabinete de Seguridad y la FGR ha transformado el sistema de justicia: de ser una «puerta giratoria» para delincuentes, a convertirse en un filtro de alta precisión que ha reducido los delitos patrimoniales y de calle en más de un 51.50%.

En el año 2025, la justicia en El Salvador dejó de ser una promesa estadística para convertirse en una realidad científica.Al efectuar el análisis criminológico del Balance Anual de la Seguridad 2025 quiero destacar y es mi opinión que la resolución del 100% de los casos de homicidios intencionales se convierte en el logro más destacado del Gabinete de Seguridad Ampliado ya que no solo se supera una meta de disminuir los homicidios sino de resolverlos. Y estoy seguro de que este año la FGR logrará todas las condenas pendientes al cierre del 2025 en las próximas audiencias. Excelente trabajo en equipo y de alta coordinación entre PNC y FGR.

*Por Ricardo Sosa  / Doctor y máster en Criminología @jricardososa

Para miles de microempresarios, el acceso al crédito no es una herramienta para crecer, sino una condición mínima para seguir operando. Sin financiamiento, el negocio se detiene; sin ingresos, el hogar colapsa. Sin embargo, según los datos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía, preparado conjuntamente por el Observatorio MYPE de FUSAI y FLACSO, este vínculo vital entre crédito y supervivencia se ha vuelto cada vez más frágil durante los últimos años. A partir de 2023, el fuerte aumento de los microcréditos castigados revela un deterioro profundo en la salud financiera del segmento de microempresarios de subsistencia, consecuencia directa de los efectos acumulados de la pospandemia y del encarecimiento sostenido de los alimentos entre 2021 y 2024.

Durante la emergencia sanitaria, las medidas de alivio financiero proporcionadas por el gobierno ofrecieron un respiro inmediato y necesario. Pero ese alivio tuvo un costo oculto: postergó el reconocimiento del daño real sobre la viabilidad de miles de negocios. Hoy, la oleada de créditos castigados muestra que el sistema financiero formal está empezando a asumir pérdidas que se habían acumulado silenciosamente. La recuperación de muchos microempresarios de subsistencia nunca llegó, y la fragilidad estructural de sus actividades quedó expuesta cuando el entorno económico se volvió más adverso.

La exclusión financiera de estos microempresarios emproblemados, sin embargo, no ocurre de manera repentina. Es un proceso progresivo y, en muchos casos, invisible. El microempresario no es expulsado de inmediato del crédito formal; primero enfrenta un deterioro gradual de su perfil, lo que lo obliga a migrar hacia otras instituciones formales aceptando condiciones más costosas. Cuando esas opciones también se agotan, la puerta que queda abierta es la del crédito informal. Lejos de ser una decisión libre, se trata de una respuesta desesperada para sostener la operación diaria del negocio.

Esta transición no implica necesariamente una ruptura total con el sistema formal. Muchos microempresarios combinan préstamos de bancos, cooperativas, cajas de crédito, sociedades de ahorro y crédito, con financiamiento informal, construyendo un patrón de sobreendeudamiento diversificado. Esta coexistencia refleja una lógica de supervivencia, no de planificación. La urgencia por pagar proveedores, cubrir gastos básicos o refinanciar deudas previas empuja a asumir obligaciones simultáneas, sin acceso a mecanismos de alivio estructurado ni acompañamiento técnico.

En ese contexto, el crédito informal opera como última opción, pero también como una trampa. Las tasas abusivas, la ausencia de contratos formales y la falta de protección legal exponen a los prestatarios a prácticas de acoso, amenazas e incluso violencia. Más allá del impacto económico, esta dinámica deteriora la estabilidad emocional y física de los microempresarios, profundizando su vulnerabilidad y reduciendo sus posibilidades reales de recuperación.

La persistencia de estas prácticas revela el fracaso de la Ley contra la Usura. La falta de control efectivo ha consolidado un mercado distorsionado en el que el crédito informal opera sin límites, mientras el sistema formal, regulado y restringido, se retira de los segmentos más vulnerables, dejándolos atrapados entre la exclusión financiera y la usura.

A ello se suma la fragmentación del mercado crediticio. Las instituciones evalúan el riesgo con información parcial o desactualizada, lo que permite que un mismo prestatario acceda a múltiples fuentes de financiamiento sin que ninguna tenga una visión completa de su carga financiera. La falta de trazabilidad no solo incrementa el riesgo individual, sino que erosiona la calidad de cartera y eleva el riesgo sistémico.

En este contexto, la deserción del crédito formal no debe interpretarse como una simple pérdida operativa. Es un síntoma estructural que revela fallas en la regulación, en la protección al cliente, en el diseño de productos y en la gestión del riesgo. Sin una estrategia coordinada de inclusión financiera, la deserción seguirá funcionando como un mecanismo de exclusión permanente, empujando a los microempresarios hacia circuitos cada vez más precarios.

Frente a este escenario, la respuesta institucional no puede seguir siendo fragmentada ni reactiva. Los hallazgos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía reclaman una agenda nacional de inclusión financiera centrada en la sostenibilidad del cliente. Esto implica programas de reestructuración y saneamiento financiero, sistemas unificados de información crediticia, regulación más eficaz del crédito informal, educación financiera con acompañamiento continuo y una revisión profunda del marco legal contra la usura. Sin estas reformas, el microcrédito seguirá siendo un instrumento de sobrevivencia de corto plazo, pero también un factor que empuja a los microempresarios más vulnerables fuera del sistema, del mercado y, en muchos casos, del país.