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Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes a la «Ley general de migración y extranjería» para disminuir de 9 meses a 90 días la permanencia mínima exigida a los extranjeros para conservar su residencia temporal; y para establecer que los extranjeros perderán definitivamente la nacionalización si cometen «delitos dolosos graves».

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. Arena y Vamos no votaron.

De acuerdo a la Gerencia de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, actualmente los extranjeros tienen la obligación de permanecer nueve meses por año. La reforma plantea que la exigencia será de 90 días consecutivos o acumulados por año.

La reforma también especifica que los extranjeros perderán la nacionalidad salvadoreña obtenida por naturalización y no podrán recuperarla si han sido condenados por “delitos dolosos graves”.

La Constitución de la República, en su artículo 94, detalla que un extranjero pierde la nacionalidad salvadoreña por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» y que no podrá recuperarla, pero no especifica cuáles delitos.

Así, con la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, se establece que los delitos por los cuales un extranjero podrá perder la nacionalidad salvadoreña de manera definitiva deberán ser «delitos dolosos graves». En la solicitud inicial, solo se establecía que no podían recuperar la nacionalidad en caso de «delitos dolosos». La gerente de Extranjería pidió agregar «graves» en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que se reunió el lunes.

Diputada de Nuevas Ideas: reforma busca atraer beneficios económicos

La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró que El Salvador «era un país de emigración».

«Esta historia ha cambiado, ahora tenemos un país seguro, gracias a las políticas exitosas implementadas por el presidente Nayib Bukele. Ya no somos noticia por violencia, por migración en masa, por las pandillas, ahora podemos decir que somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental», indicó.

Eso, dijo la legisladora, ha vuelto al país un atractivo no solo para visitar sino para residir. «Es necesario que nuestras leyes estén a la altura de este país que hemos reconstruido juntos», expresó.

Según Figueroa, esta reforma busca «atraer beneficios económicos» para la población salvadoreña.

«Estamos poniendo las reglas claras para quienes desean establecerse en nuestra tierra. En primer lugar estamos pretendiendo que tengan un vínculo real con nuestro país. En primer lugar, que tengan un vínculo real con nuestro país, queremos que quienes tengan una residencia temporal vivan, consuman e inviertan en nuestro país», afirmó la diputada de Nuevas Ideas.

La legisladora agregó que la reforma «brinda facilidad de movimientos dentro y fuera del país a estos inversionistas, que precisamente por motivos relacionados a sus operaciones y esto les facilita un ambiente amigable».

Señaló que también buscan la reunificación familiar. «Queremos familias unidas contribuyendo al desarrollo de nuestro país», en referencia a la segunda reforma.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, llegó este martes a la Asamblea Legislativa a solicitar una reforma a la Constitución de la República para levantar la prohibición de la pena perpetua por la comisión de ciertos delitos graves. El diputado Ernesto Castro, presidente legislativo, aseguró que conocerán la iniciativa de manera inmediata.

Villatoro explicó que actualmente el inciso segundo del artículo 27 que actualmente “prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La propuesta elimina “pena perpetua”, la cual sería permitida solo para delitos de homicidios, violación y terrorismo.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, leyó la propuesta.

Castro dijo que, «si los 60 diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día». Así mismo, la ratificación será estudiada en la Comisión Política de la Asamblea, en donde invitarán al gabinete de seguridad, según Castro. «Si más que haber, a trabajar», expresó.

En su intervención, el ministro de Seguridad anunció que la propuesta de reforma constitucional es acompañada por propuestas de reformas al Código Penal, Ley Especial contra Actos de Terrorismo en El Salvador y Ley penal juvenil, para homologar las leyes secundarias con la reforma que se haría al artículo 27 de la Constitución.

Villatoro aseguró que han recibido ataques de organizaciones “criminales que defienden a criminales”, las calificó de “demonios que representan la maldad” y aseguró que los «atacan porque el resultado de la democracia no les gusta”. “Váyanse al carajo”, les dijo, en rechazo al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIPES sostuvo que durante el régimen de excepción, el Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad y recomienda a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador y evaluar la existencia de bases razonables para «iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad». El informe menciona casos de «encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos».

El informe fue elaborado por cinco abogados internacionales: Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra en el Washington College of Law de American University; Claudia Martin, codirectora de la Academia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de American University; Gino Costa, abogado y doctor en relaciones internacionales por la Universidad de Cambridge; Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y José Antonio Guevara, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD).

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, criticó ayer el informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en el cual se asevera que se han cometido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción de El Salvador.

“Nosotros en el léxico de los diputados les decimos ‘se toma nota y seguimos con nuestro trabajo porque nosotros vamos a seguir porque nosotros no estamos trabajando para esos expertos. Y no nos vamos a detener”, expresó.

“Dicen de que no están de acuerdo con el régimen de excepción y que tenemos que quitarlo, dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, pues obviamente una cosa lleva a la otra, como el proceso está mal hecho, ¿qué es lo que sigue a continuación?, pues, que salgan”, añadió.

Castro subrayó que ellos seguirán “firmes apoyando las decisiones de presidente Bukele y del pueblo salvadoreño” en relación a la aprobación del régimen de excepción prorrogado desde el 27 de marzo de 2022. “Siempre ellos sostuvieron que, si aquí las maras se acababan iba a haber una crisis social, cínicos, sinvergüenzas, cómplices”, criticó.

El presidente legislativo acompañó ayer una entrega de una obra de mitigación en el Reparto La Campanera, de Soyapango, un proyecto realizado con una inversión de $600,000 según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

“Los visité en 2023 para rendir un informe de labores ante sus habitantes. Luego en 2024 inauguramos nuestra segunda escuela de fútbol, en la que actualmente asisten casi 100 alumnos. No improta lo que puedan decir los expertos en derechos humanos. Dios ha obrado un milabro en nuestro país. Por eso seguiremos al lado del presidente Nayib Bukele para defender esta paz que se respira en cada rincón de El Salvador”, expresó Castro.

El Grupo Internacional de Expertos y Expertas para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado por cinco personas, presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se sostiene que durante el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.

Con la la bendición de Dios y el apoyo del pueblo salvadoreño, seguiremos adelante. 🇸🇻 pic.twitter.com/ouw4TErq6Q

— Ernesto Castro (@ECastroES) March 17, 2026