La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó durante la noche del martes a dos conductores mientras se encontraban en estado de ebriedad. Uno de ellos fue identificado como Roberto Carlos Peraza Escobar, de 43 años de edad, quien fue capturado en el distrito de Acajutla en Sonsonate Oeste.
Este conductor llevaba consigo 210 grados de alcohol en aire aspirado, de acuerdo a la prueba de alcotest ejercida en un patrullaje preventivo, notificó la PNC por medio de su cuenta de la red social X. Posteriormente, fue detenido.
Por otro lado, otro conductor identificado como Nelson Enrique Morales Girón, de 49 años de edad, fue detenido en el distrito de Atiquizaya, municipio de Ahuachapán Norte.
El sujeto fue arrestado tras conducir en sentido contrario sobre la 7ª Avenida Norte del casco urbano de dicho distrito. Además, este registró 174 grados de alcohol aspirado tras su prueba de alcotest, informó la PNC.
La corporación policial informó que ambos conductores serán remitidos por el delito de conducción peligrosa.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero hasta el 15 de diciembre, las autoridades han arrestado a 2,064 personas por el delito de conducción peligrosa, esto es un 6 % menos sí se compara con el 2024 durante el mismo período.
Asimismo, cabe recordar que en 2024, la Asamblea Legislativa aprobó las modificaciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Un cambio normativo importante es la prohibición total de conducir cualquier vehículo bajo la influencia de estupefacientes, medicamentos o alcohol «en cualquier concentración».
Quienes incumplan esta disposición serán sancionados con una multa catalogada como «muy grave», además de enfrentar la detención de acuerdo con la legislación penal vigente y la inhabilitación para conducir.
A través de nuestros patrullajes preventivos capturamos a dos sujetos por el delito de conducción peligrosa.
????Acajutla, Sonsonate Oeste
Roberto Carlos Peraza Escobar, de 43 años de edad, manejaba bajo los efectos de 210º de acuerdo a la prueba de alcotest.
Las órdenes del gerente del madrileño Hospital de Torrejón -operado por el grupo privado Ribera Salud- para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos o los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía (sur) han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.
Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno de izquierdas de España con las comunidades gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) por la gestión sanitaria, especialmente en Madrid, donde el Ejecutivo regional se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley.
Tres batallas que han llegado a los tribunales, donde partidos de izquierdas, asociaciones y el Ministerio de Sanidad buscan enfrentar las políticas de salud de la derecha.
Desde la otra dirección, el PP ha disparado contra Sanidad por la implantación de la ley ELA, que no consigue despegar pese a su aprobación hace más de un año, o la situación de los médicos españoles, que este año han ido a la huelga en tres ocasiones contra la regulación profesional que prepara el Gobierno para ellos.
La gestión privada de los hospitales, en el punto de mira
La indignación que provocó la publicación de unos audios en los que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona el hospital público de Torrejón, pide a los trabajadores del centro que rechacen procesos no rentables aunque eso implicase alargar las listas de espera, puso en tela de juicio el proceso de privatización de los hospitales públicos españoles.
Desde la primera operación de este tipo en 1997, los hospitales de gestión privada suponen ya casi un tercio de toda la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras haberse disparado un 36 % en la última década, según datos de Sanidad.
Además, el gasto total en este tipo de centros ha crecido un 84.6 %, hasta los 4,800 millones de euros.
El caso de Torrejón es, para la ministra española deSanidad, Mónica García, paradigma del ‘modus operandi’ del PP, mientras que para la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que redujo los audios a «rencillas entre directivos», este escándalo es solo otro intento del Gobierno estatal de cubrir su «corrupción».
Sin cifras de afectadas por los cribados de cáncer de mama
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) llevaba avisando desde al menos enero de 2024 de fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas de varias mujeres en Andalucía, hasta que a finales de septiembre de este año el asunto saltó al foco mediático.
Aunque el escándalo provocó la dimisión de la consejera de Sanidad de la región, casi tres meses después, todavía no hay una cifra definitiva de afectadas: los datos oficiales hablan de 2.317, pero Amama las eleva a 4,000.
El asunto también ha escalado a nivel nacional: Sanidad considera que no ha sido algo puntual, sino que es un problema estructural de la sanidad andaluza, víctima del modelo sanitario del Partido Popular.
Ante el temor de que esos fallos no fueran exclusivos de Andalucía, el Gobierno exigió a todas las comunidades los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, con el objetivo de mejorar su vigilancia. Todas los han entregado menos Madrid, que considera que todavía está «en tiempo» para hacerlo.
99.5 % de abortos en la privada, pero sin registro de objetores
De las 106,172 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en 2024, el 78.74 % se hicieron en centros privados, con enormes diferencias por comunidades.
Pese a ser una de las que más abortos deriva a la privada (99.5 %), Madrid se niega en rotundo a hacer «una lista negra» de médicos objetores.
La negativa empujó al Gobierno de España a emprender acciones legales contra la región, cuyo resultado está aún por ver, y llevó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a proponer una reforma para que la Constitución española incluya el derecho al aborto como ocurre en Francia, una medida que es improbable que prospere
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró el martes que la economía salvadoreña crecerá por encima del 4 % al cierre de 2025, superando en al menos 1.4 puntos porcentuales el crecimiento registrado en 2024, según sus estimaciones preliminares.
Durante un evento público por la colocación de la primera piedra de una nueva zona franca aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Bukele afirmó que el crecimiento económico será mayor a lo previsto por las entidades oficiales y multilaterales.
“Nuestra economía este año crecerá arriba del 4 %. Eso no lo dice todavía el BCR, pero vamos a crecer arriba del 4 %”, expresó.
El mandatario recordó que a principios de año se proyectaba un crecimiento de apenas 2.5 %, cifra que generó críticas. “Todo mundo dijo: ¡Qué bajo! Solo el 2.5 %. Pero vamos a crecer arriba del 4 %”, enfatizó.
Hasta ahora, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su proyección de crecimiento para 2025 en un rango de entre 2.5 % y 3 %, mientras que el Banco Mundial mejoró recientemente su estimación de 2.2 % a 2.5 %, de acuerdo con la última actualización publicada en octubre.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene una visión más conservadora, y estima que la economía de El Salvador crecerá un 2.5 % en 2025 y mantendrá ese mismo ritmo en 2026, con una leve aceleración a 2.8 % en 2027, si se cumplen las condiciones previstas por el organismo.
El BCR informó en enero pasado que la economía salvadoreña cerró 2024 con un crecimiento del 2.6 %, impulsado por sectores como la industria manufacturera, la construcción y el turismo, aunque también enfrentó presiones por el encarecimiento del costo de vida.
Pese a los discursos optimistas del Ejecutivo, la percepción ciudadana sobre la economía se mantiene crítica. Según una reciente encuesta, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas para los salvadoreños, desplazando a la delincuencia como la principal preocupación nacional.
Los retos económicos persisten, a pesar del crecimiento moderado. Expertos insisten en que el país necesita fortalecer su competitividad, atraer inversión extranjera directa sostenible y mejorar la productividad para consolidar un crecimiento de largo plazo.
Durante la noche del martes, al menos tres personas, presuntamente motociclistas, sufrieron lesiones en accidentes de tránsito informaron cuerpos de socorro en sus redes sociales.
El primer accidente de tránsito ocurrió el martes en la carretera que conduce de Acajutla hacia Sonsonate, en el occidente del país. En el hecho resultó lesionado un joven motociclista identificado como O. Vanegas, de 22 años, informó Comandos de Salvamento.
A pesar de sus lesiones y de las recomendaciones médicas, el paciente optó por no ser trasladado para recibir atención hospitalaria, por lo que fue atendido únicamente en el lugar de los hechos, informó la institución en su cuenta de Facebook.
En otro hecho, Comandos de Salvamento también reportó otro accidente este martes en la carretera que de San Salvador conduce hacia Sonsonate, a la altura del desvío de Atecozol, donde un motociclista perdió el control e impactó contra una rastra.
La información del cuerpo de socorro indicó que el motociclista era un joven de 31 años, y fue trasladado hacia un centro asistencial para recibir atención médica
Por su parte, la Cruz Roja Salvadoreña atendió a un joven motociclista tras un accidente de tránsito ocurrido el martes en la carretera Longitudinal del Norte, específicamente unos metros antes de la entrada a Cuyiscat, de dicho distrito.
La institución, que informó del siniestro en su cuenta de Facebook, trasladó al joven hacia el hospital de Metapán. Cabe aclarar que no divulgaron la identidad de la víctima.
Según las estimaciones del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1 de enero hasta el 15 de diciembre se ha reportado 21,156 accidentes de tránsito, 12,573 lesionados y 1,168 muertos por los percances viales.
El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, anunció este miércoles el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador durante más de siete años. A partir de ahora, Samuel López asumirá en solitario la dirección técnica del murciano.
Ferrero comenzó a trabajar con Alcaraz en 2018, cuando el joven tenía apenas 15 años y aún no figuraba en el circuito ATP. Con su guía, el tenista logró irrumpir en el top 100 en 2021, año en el que conquistó su primer título ATP en Umag, y posteriormente alcanzó su primer Masters 1000 en Miami, en 2022.
Desde entonces, Alcaraz ha cosechado 24 títulos, incluyendo seis Grand Slams: dos Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Roland Garros. A sus 22 años, el murciano agradeció públicamente el acompañamiento de Ferrero: “Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades”, expresó en sus redes sociales.
En su mensaje, Alcaraz destacó que, si bien la decisión fue difícil, era momento de cerrar una etapa desde lo más alto: “Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba”.
El tenista también reconoció el impacto de Ferrero fuera de las canchas: “Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso”. Añadió que ambos enfrentarán nuevos desafíos, “dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho”.
La separación profesional se produce a pocas semanas del inicio del Abierto de Australia, el único Grand Slam que Alcaraz aún no ha conquistado y al que llegará con Samuel López como único entrenador en su equipo técnico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles como “dictador” a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque rechazó la acusación de que tenga vínculos con el narcotráfico. El pronunciamiento marca un giro en el discurso del mandatario colombiano, quien había evitado previamente ese tipo de calificativos hacia el líder chavista.
“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de Estados Unidos”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a una periodista que le reprochó su dureza hacia líderes como José Antonio Kast en Chile, mientras evitaba llamar “narcotraficante” a Maduro.
Petro ha sido uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que ha mantenido una relación diplomática activa con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, su comentario representa la primera vez que se refiere públicamente a Maduro como dictador, una expresión que tradicionalmente ha evitado en foros oficiales.
En su mensaje, Petro también reiteró sus críticas contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien tildó de nazi. Justificó su acusación señalando que “Kast es hijo y creyente de los nazis” y afirmó que pertenece a una generación alemana que emigró tras la derrota del Tercer Reich, no para huir de Hitler, sino de su caída.
Las relaciones entre Petro y Maduro se han tensado en los últimos meses, principalmente por el proceso electoral venezolano de julio de 2024, marcado por la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y el rechazo internacional a los resultados. Petro ha cuestionado la falta de garantías democráticas, aunque también ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen chavista.
A pesar de las fricciones recientes, el gobierno de Colombia no ha reconocido oficialmente el resultado de las elecciones venezolanas. Petro, al igual que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado una postura crítica hacia el proceso, sin llegar a romper los lazos diplomáticos con Caracas.
El presidente colombiano ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de una salida negociada a la crisis venezolana, y ha propuesto el diálogo como única vía para lograr una transición democrática en ese país. Sin embargo, su nuevo lenguaje sugiere un posible endurecimiento de su postura ante el estancamiento político y los señalamientos internacionales contra Maduro.
La declaración de Petro también evidencia una creciente presión política interna y externa para que el mandatario colombiano adopte una posición más firme ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tema que ha generado divisiones entre los gobiernos progresistas de América Latina.
Desde enero y prácticamente sin descanso, el segundo Gobierno de Donald Trump está poniendo a prueba el tradicional sistema de controles y contrapesos del modelo democrático estadounidense con decisiones que desafían la legalidad en casi cualquier ámbito imaginable y amenazan seriamente la convivencia en el país.
El pasado septiembre un micrófono abierto captó, durante una visita de Trump al Reino Unido, al secretario de Gabinete de la Casa Blanca, Will Scharf, proclamando entre risas “crisis es nuestra marca”, y explicando a continuación a su interlocutora que ese es el título (‘Our brand is crisis’) de una película de 2015 protagonizada por Sandra Bullock.
Puede que Scharf desconozca que el citado largometraje está basado en un documental homónimo que desentraña la campaña de calumnias diseñada por consultores políticos estadounidenses para lograr la reelección de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2002, pero en cualquier caso supone una admisión inconfundible de la raíz de la que ha partido el Trumpismo en este segundo mandato.
Porque eso es exactamente en lo que ha basado este proyecto político, en inventar o amplificar una serie de crisis que dibujaban en el horizonte el fin de la civilización blanca y judeocristiana en EE.UU. y que posicionaban al magnate neoyorquino como la única solución posible.
Y esto último es la justificación que se ha esgrimido desde la Casa Blanca -que habla de jueces lunáticos empeñados en ignorar la voz y el mandato otorgado por los votantes estadounidenses- cada vez se cuestiona una acción de esta Administración.
El diario The New York Times publicó en abril un artículo en el que se consultaba a 35 prestigiosos académicos del derecho estadounidense sobre las políticas de sus 100 primeros días de su segundo mandato. De los 35, 34 hablaron de ataques frontales a la Constitución, ilegalidad, debilitamiento de las libertades garantizadas por la Primera Enmienda o de una clara obsesión por concentrar y consolidar el poder del presidente.
Donde el movimiento MAGA ve al iconoclasta iluminado que EE.UU. necesita para romper con el sistema corrupto de las élites dominantes, la academia ve vandalismo puro y duro.
Michael Dorf, profesor de derecho en Cornell, y uno de los consultados en el artículo afirma en otra columna que “tras rodearse de aduladores, Trump no se siente ahora constreñido por la Constitución y las leyes federales”.
Dorf considera que su segundo Gobierno se sustenta ahora en las creencias de los “neorreaccionarios” de Silicon Valley, que creen que el país debería ser dirigido como una corporación liderada por un director ejecutivo todopoderoso.
Y así, en menos de un año Trump se ha valido de agencias federales o el Departamento de Justicia para tratar de que se procese a rivales políticos, ha deportado a migrantes sin el debido proceso o firmado órdenes ejecutivas de peso para eludir al Congreso, cómo las relativas a sus “aranceles recíprocos”.
También ha desplegado agentes federales y militares en ciudades estadounidenses de manera unilateral, difuminando la separación entre autoridad civil y militar, ha acosado a medios de comunicación o universidades o intentado eliminar el derecho de suelo para los hijos de indocumentados.
A su vez, ha redibujado distritos electorales sin ajustarse a los calendarios del censo para asegurar asientos republicanos en la Cámara baja de cara a las legislativas de medio mandato de 2026 o dictaminado que aquellos a los que acusa, sin aparentes pruebas, de traficar drogas por rutas marítimas merecen ser volados por los aires.
La lista se antoja interminable y ha deparado cientos de demandas contra las decisiones de la segunda Administración Trump, entre 500 y 530 requerimientos presentados ante tribunales federales, según distintas herramientas de seguimiento en línea.
El segundo Gobierno estadounidense más demandado de la historia es curiosamente el de su predecesor, Joe Biden, que fue llevado a los tribunales en unas 135 ocasiones, muy por debajo de lo que el magnate inmobiliario ha logrado en los apenas 11 meses que han transcurrido desde que volvió a la Casa Blanca.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reconoció una de sus principales vulnerabilidades en materia de seguridad nacional: la falta de coordinación y el intercambio limitado de información entre sus agencias policiales y de control fronterizo.
Como respuesta, el país emprendió una reestructuración profunda de su sistema de seguridad, que dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), creado el 25 de noviembre de 2002.
Bajo la sombrilla del DHS, el 1 de marzo de 2003 nació la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hoy considerada una de las agencias policiales más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo.
Su misión es, según su sitio web, proteger a la población, resguardar las fronteras y fortalecer la prosperidad económica del país. Para cumplir con ese objetivo, CBP opera a través de tres componentes clave que actúan de manera complementaria: la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la Patrulla Fronteriza (USBP) y la unidad Aeromarítima (AMO).
Agentes de OFO que operan en los puestos fronterizos y aeropuertos de Estados Unidos. Embajada de EEUU.
OFO: el control en los puertos de entrada
En más de 300 puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, la Oficina de Operaciones de Campo es la primera línea de contacto para quienes ingresan legalmente a Estados Unidos. Sus oficiales, reconocibles por su uniforme azul, inspeccionan a visitantes extranjeros, ciudadanos que regresan al país y las mercancías que transportan.
Además de verificar documentos migratorios, OFO es responsable de la recaudación de tarifas de productos importados y de la detección de contrabando, documentos falsos y mercancías ilícitas.
Para ello, emplea una amplia gama de herramientas tecnológicas, como lectores de matrículas, sistemas de reconocimiento facial, bases de datos interconectadas y otros mecanismos de análisis que operan las 24 horas del día.
Cada año, estos oficiales inspeccionan a millones de personas y vehículos en aeropuertos, garitas y puertos marítimos, incautando miles de cargamentos de narcóticos y documentos fraudulentos, en un esfuerzo constante por mantener la seguridad sin interrumpir el flujo legítimo de comercio y viajes.
Patrulla Fronteriza: vigilancia entre los puertos
Más allá de las garitas y puertos de entrada, la responsabilidad recae en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), cuyos agentes visten el característico uniforme verde. Esta división es la encargada de vigilar más de 20 mil millas (32,186.88 kilómetros) de fronteras terrestres y costeras entre Estados Unidos, México y Canadá.
Su trabajo se desarrolla en algunos de los terrenos más hostiles del país: desiertos, montañas, cañones y zonas remotas donde el acceso es limitado. Ya sea a pie, en camionetas o en vehículos todo terreno, los agentes patrullan áreas donde se detecta el cruce irregular de personas, el tráfico de narcóticos y otras formas de contrabando.
Desde su creación, la Patrulla Fronteriza ha interceptado a millones de personas intentando ingresar de manera ilegal al país. Durante estos operativos, los agentes también detienen a individuos con antecedentes criminales, personas previamente deportadas, pandilleros y narcotraficantes, quienes son evaluados y procesados administrativa o penalmente, según cada caso.
Agentes Aeromarinos de AMO-CBP. Embajada de EEUU en El Salvador.
AMO: la frontera desde el aire y el mar
El tercer componente de CBP es la unidad Aeromarítima (AMO), considerada una de las fuerzas policiales aéreas y marítimas más poderosas del país. Sus agentes, que utilizan uniformes en tonos café, y amplían el alcance de CBP al operar en el espacio aéreo y en aguas costeras.
AMO apoya a los otros componentes mediante el uso de aeronaves, embarcaciones y tecnología especializada para detectar, monitorear e interceptara aquello que consideren una amenaza que podrían ingresar por mar o aire. Su labor es clave para prevenir el tráfico de personas, drogas y otros productos peligrosos que buscan evadir los controles terrestres.
En conjunto, estos tres pilares convierten a CBP en la primera línea de defensa de Estados Unidos, con una misión que combina la aplicación firme de la ley, la protección contra amenazas como el terrorismo y el contrabando, y la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan.
En julio de este año, el gobierno de Estados Unidos designó $165,000 millones para fortalecer a CBP, entre estos, $46,000 millones para seguir con la construcción del muro fronterizo, $4,000 millones para contratar a almenos 6,000 nuevos agentes de aduanas y patrulla fronteriza, y 10,000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Mientras los diputados de Nuevas Ideas argumentan que buscan un gasto razonable del Órgano Judicial, diputados de oposición advirtieron que la eliminación del piso presupuestario para el Órgano Judicial salvadoreño socava la independencia judicial y la expone a presiones políticas.
Al defender la reforma sobre el presupuesto del Órgano Judicial, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó que están “ordenando” la Constitución de 1983.
“La realidad va adelante, el buen legislador, el buen diputado debe ir siguiendo con su legislación y legislando esa realidad”, indicó.
El diputado arguyó que únicamente la Corte Suprema de Justicia tenía “asignado un porcentaje” de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado por Constitución de la República y lo comparó con el resto de instituciones contraloras.
“Esto obviamente sabemos las motivaciones que hubieron en el pasado para buscar proteger algunos sectores, pero también hay instituciones contraloras, por ejemplo, la Corte de Cuentas, la Procuraduría y que no tienen pisos establecidos en la Constitución”, indicó.
El diputado explicó que la Corte Suprema de Justicia llegará a la Asamblea Legislativa “cada año” su presupuesto y que buscan “un gasto razonable”.
“Ellos vendrán a justificar en su debido momento, cada año, como las instituciones del Gobierno lo hacen, vendrán a decir en qué se va a gastar el dinero, cuánto se va a ocupar para los juzgados, recordemos que esta Asamblea Legislativa ha sido una de las Asambleas que más ha apoyado al sector justicia en nuestro país”, indicó Navarro.
«Justicia sin presiones políticas»
La diputada Marcela Villatoro indicó que con el piso presupuestario para el Órgano Judicial, creado a partir de los Acuerdos de Paz, se buscaba “es que existiese una real independencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los diputados y a la Presidencia de la República” y que “pudieran aplicar la justicia sin tener esas presiones políticas o sociales”.
Según Villatoro, ha existido abusos de la Corte como la contratación de seguros de vida y hospitalarios privados. Sugirió que este tipo de gastos deberían suprimirse no solo en la Corte sino en ministerios del poder Ejecutivo.
«Queda sujeta a caprichos políticos»
Durante la ratificación de la reforma, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, opinó que la reforma al artículo 172 de la Constitución quita la protección del Órgano Judicial contra cualquier presión política indebida.
Según Ortiz, la reforma, que eliminó el mínimo del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado para el Órgano Judicial, altera el diseño básico de un Estado de derecho y no es una modificación inocente.
“El piso del 6 % del presupuesto para el Órgano Judicial nació como una garantía de independencia presupuestaria del Órgano Judicial después de los Acuerdos de Paz. Esto es lo que debe evitar para que la justicia no sea politizada, para que la justicia no sea sometida a presiones indebidas a nivel político o presupuestario”, criticó Ortiz.
La legisladora señaló que el Órgano Judicial está llamado a hacer el contrapeso de las decisiones del Órgano Ejecutivo que pudieran afectar “la legalidad, la Constitución o los derechos de los ciudadanos”.
Pero objetó que “se elimina es una protección constitucional para que el Órgano Judicial reciba presiones indebidas de los poderes políticos» y se suprime «la protección constitucional para que la justicia no se politice”.
La diputada alertó que podría afectar a los inversionistas extranjeros. “¿Cómo pretenden que vamos a traer inversiones?, a partir de ahora, la independencia judicial queda sujeta a caprichos políticos. No queda ninguna garantía de esa independencia, no fortalece la democracia, simple y sencillamente la debilita”, cuestionó.
La modificación constitucional, advirtió Ortiz, afectará a ciudadanos que quieran que un juez independiente decida sobre una herencia, una cuota alimenticia para sus hijos o defender sus derechos ante los tribunales. “Usted va a querer un juez que tome una decisión sin presiones políticas”, aseveró.
La reforma al artículo 172 de la Constitución que eliminó el piso presupuestario del Órgano Judicial fue aprobada el martes 16 de diciembre en una sesión plenaria en la cual se aprobó otra reforma al artículo 208 de la Constitución que amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para equipararlo al nuevo periodo presidencial de seis años que aprobaron los diputados junto a la habilitación de la reelección presidencial indefinida, el pasado 31 de julio.
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) prevé que las exportaciones salvadoreñas crezcan un 1.9 % al cierre de 2025, según un informe divulgado este mes por el organismo.
El documento señala que para 2025 el volumen de exportaciones de bienes y servicios en la región crecerá un 1.9 %, una cifra que será 3.9 puntos porcentuales por debajo de los resultados de 2024.
El documento, elaborado en conjunto con la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Secosefin), plantea que las exportaciones de bienes y servicios salvadoreños crecerá a una mayor tasa para el próximo año.
“El Salvador experimentaría un incremento moderado de 1.9 % en 2025, equivalente a 5.1 puntos porcentuales por debajo de 2024, y de 2.5 % en 2026”, puntualizó el informe.
El Banco Central de Reserva (BCR) confirmó que, entre enero y octubre de 2025, las empresas que operan desde El Salvador enviaron $5,692.5 millones en bienes, un 4.6 % por arriba de los resultados del mismo período de 2024.
A nivel de servicios, la Sieca reportó en noviembre pasado que alcanzaron se los $3,123.4 millones al primer semestre de 2025, un 0.4 % por debajo de los registros del mismo lapso del año pasado.
Centroamérica
Según la Sieca, El Salvador tendrá el segundo nivel de crecimiento de exportaciones de bienes y servicios más bajo a nivel regional.
Honduras se mantendrá a la cabeza con una previsión de crecimiento de un 5 % para 2025, seguido de Costa Rica con un 4.6 % y de Guatemala con un 4.4 %.
Panamá podría crecer un 1.1 % en exportaciones, mientras que República Dominicana tendría una contracción de un 1.9 %.
La Sieca confirmó una caída de un 3.2 % para las exportaciones que salgan desde Nicaragua en este 2025.
Para el próximo año la situación será diferente, pues se espera que la región incremente en un 2.8 % sus exportaciones.
La batuta del crecimiento lo tomarán las exportaciones guatemaltecas en el 2026 pues, según la Sieca, se tiene una previsión de un aumento de un 6.3 %, seguido de Honduras y Costa Rica con un 5.6 % cada uno.
Las exportaciones de República Dominicana crecerán a un ritmo de un 2.8 %, mientras que las de El Salvador podrían ascender un 2.5 %, de Nicaragua un 1.5 % y de Panamá un 0.9 %.
A nivel de importaciones, la Sieca prevé que la compra de bienes y servicios desde El Salvador aumente en un 3.5 % para el 2025 y en un 2.8 % para el 2026.
