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En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que esta semana cumple cuatro años. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y la cifra real podría ser superior a 2,000, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Esta situación ha sido denunciada en diferentes organismos internacionales, lo que ha llevado al Gobierno salvadoreño a negar en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

Víctimas de las pandillas y del Estado

Miguel Ángel Vega sostiene una fotografía de uno de sus hijos mientras conversa con EFE en la intimidad de su casa, una vivienda de láminas y piso de tierra ubicada en la zona rural cantón Sisiguayo, en la oriental ciudad de Jiquilisco a unos 150 kilómetros de San Salvador.

Su hijo menor, José Alfredo Vega González de 28 años, fue detenido el 17 de mayo de 2022 y la mañana del 4 de abril de 2025 falleció en un hospital, la causa: sepsis, una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario responde de manera extrema a una infección.

José Alfredo guardaba prisión en el Centro Penal de Izalco, Sonsonate, donde según Socorro Jurídico se registran la mayoría de muertes de detenidos, y fue arrestado en la etapa «más dura» del régimen en la que se reportaban diariamente cientos de detenciones.

Su padre cuenta que la Policía les «dijo que recibieron una llamada anónima» y luego se llevaron al joven, que tenía una niña de 7 años.

El encargado de una funeraria les avisó que su hijo había muerto, comenta su madre, Martha González, quien supone que el joven se enfermó en prisión de insuficiencia renal porque «allí ni agua les dan» lo que, junto con la sepsis, causó su muerte.

«No tenemos claro de qué murió. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos (…) Para mí fue muy duro, no es fácil perder un hijo», dijo la mujer.

Miguel Ángel defiende la inocencia de su hijo y lamenta que salieron huyendo de su antiguo hogar por las pandillas y llegaron a Sisiguayo por la tranquilad, pero «la autoridad» le «mató a su hijo».

Desde la detención, Miguel Ángel y Martha no volvieron a ver a su hijo menor. También su hijo mayor, Vidal Adalberto Vega González de 34 años, fue arrestado en el contexto del régimen de excepción y se encuentra en la Granja Penitencia de Quezaltepeque (este).

«Tengo la esperanza y la fe que él salga. Él no está manchado (tatuado), no andaba en nada (malo), él era del trabajo a la casa», dice Martha con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

«No traía sus riñones, ni su corazón»

Unos kilómetros más adelante de Sisiguayo, se ubica el cantón Tierra Blanca, también de Jiquilisco, donde vive Ana Cecilia Durán, una madre soltera cuyo hijo de 25 años fue detenido la noche del 19 de abril de 2022 y murió en un hospital de San Salvador. La noticia la recibió el 23 de noviembre de 2023.

«Venía rajado y solo con unas puntadas (…) no traía sus riñones, ni su corazón», comenta y dice que a su hijo, Jonathan Inocente González Durán, «lo torturaron» en la delegación policial a la que fue llevado tras su detención.

Cuenta que un joven -detenido el mismo día que Jonathan- le dijo que a su hijo los policías lo golpearon, «se paraban en él y le ponían el zapato en la cara, para que les dijera quienes eran los pandilleros de la zona».

Jonathan, que deja en la orfandad a un niño de 7 años, se encontraba recluido en el Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona- en San Salvador. Murió por sangrado en tubo digestivo, le dijeron a su madre en el Instituto de Medicina Legal.

«Fue difícil para mí porque ya no lo volví a ver desde el 19 abril de 2022», comenta Ana Cecilia, que dice que «el error» de su hijo fue «hacerle un favor» a la pandilla de la zona con la entrega de «un paquete», porque «lo habían amenazado» de hacerle daño a su hermano y hermana.

Jonathan y José Alfredo eran jóvenes trabajadores, aseguran sus familiares, y ninguno recibió una sentencia antes de su muerte. A Miguel Ángel, Martha y Ana Cecilia ninguna institución del Estado les ha brindado explicación sobre las muertes de sus hijos o información sobre el proceso penal que enfrentaron los jóvenes.

La diputada suplente de Vamos, la abogada Cesia Rivas, rechazó la aprobación de la pena perpetua en El Salvador, cuestionando qué pasa cuando el sistema se equivoca y encarcela a personas inocentes.

«Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no hubiera familias que hoy siguen luchando por probar la inocencia de sus seres queridos, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas… entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo. Pero esa no es la realidad», afirmó la diputada del partido de oposición.

La Asamblea Legislativa aprobaría esta semana una reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país no solo para pandilleros, sino también para homicidios, feminicidios y violaciones; además les da la posibilidad, incluso a pandilleros, de una revisión obligatoria de las penas después de 25 años o más de haber purgado la respectiva pena perpetua.

La legisladora señaló que «ninguna persona de bien está a favor de crímenes cometidos por homicidas, pandilleros y violadores» y subrayó que deben «enfrentar todo el peso de la ley» por estos delitos, «Pero hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué pasa cuando el sistema se equivoca?», insistió.

Advirtió que hay encarceladas «personas inocentes que han sido detenidas, que han sufrido, y que incluso con orden de libertad siguen esperando salir». «Mientras eso siga pasando, no podemos hablar de justicia verdadera. Porque la justicia no solo se mide por castigar al culpable, sino por proteger al inocente», expresó.

«Queremos un país seguro, sí. Pero también un país donde la ley no se equivoque con su propia gente. La seguridad de verdad no puede construirse sobre la injusticia. ¿Qué pasará cuando el margen de error sea usted?… ¿quién le asegura que eso no puede pasar, si ellos mismos han reconocido el margen de error», cuestionó.

La legisladora además sostuvo que hay señalamientos de pacto con pandillas durante este gobierno y del traslado de un cabecilla de pandillas hacia Guatemala.

El Salvador cumple esta semana cuatros años bajo un régimen de excepción, una medida de seguridad contra las pandillas adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras la mayor escalada de asesinatos de la historia reciente salvadoreña, que cuenta con un amplio respaldo por la reducción «histórica» de homicidios, pero que es cuestionada por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

A continuación cinco claves para explicar su aplicación:

1. ¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene?

El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, aunque El Salvador venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

Esta respuesta a la ola de homicidios granjeó a Bukele un gran apoyo popular y su reelección inmediata, a pesar de que la Constitución prohibía un segundo mandato consecutivo.

2. En vigencia cuatro años

A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones de pandilleros o personas ligadas a estas bandas, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de «control social».

El régimen de excepción contempla tanto la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

3. Denuncias de violaciones y muertes en cárceles

En el contexto de este régimen, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98 % de los casos, siendo vinculados los agentes de la Policía al 75 % de los atropellos.

Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107.000 presos en sus cárceles, se encuentran al menos 8.000 «inocentes», pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.

4. Apoyo de la población

Cerca de un 85 % de la población apoya la continuidad de la medida, según lo han revelado diversas encuestas, y un poco más del 10 % no está a favor que el régimen de excepción siga.

Además, el régimen de excepción ha llevado a que la aprobación de Bukele alcanzara al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados de ese año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos).

Según la publicación, esta aprobación es «impulsada principalmente por la mejora en seguridad».

5. Posibles crímenes de lesa humanidad

Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Bukele criticó dicho informe y, según dijo, en este «se exige que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción», aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de los detenidos, sino a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas».

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, opinó que la reforma que establece la pena perpetua para los delitos de homicidios, feminicidios y violaciones busca prevención y advertir a los ciudadanos que para estos delitos existen penas extremas.

«Estoy seguro de que la población va a entender estos esfuerzos, esto es para prevenir, es para que la persona, el ciudadano, entiendan, que ante un delito extremo como los que estamos estudiando existen también penas extremas», explicó la reforma en la Comisión Política de la Asamblea.

Defendió que es responsabilidad de los diputados crear «un marco jurídico para garantizar continuar en esa ruta de transformación positiva» hacia el «respeto a la vida».

El legislador oficialista exhortó a la población a entender «que esto es para el beneficio de las actuales y futuras generaciones»; «nuestro compromiso radica en que cada salvadoreño se sienta seguro en sus comunidades, en sus trabajos», aseguró.

El diputado de Nuevas Ideas cuestionó la ausencia del partido Vamos. «Lastimosamente no vinieron, las razones las desconocemos, yo como ciudadano yo me cuestionaría por qué la diputada o esa fracción está en contra de algo tan bueno y positivo para el futuro de nuestro país», afirmó.

Vamos votó en contra del acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

«No es populismo punitivo»

Chamagua también criticó a los organismos internacionales, «algunos de ellos llaman a esto como un populismo punitivo», «no es ningún populismo punitivo, la misma sociedad salvadoreña ha reconocido, respalda los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo», indicó.

Aseguró que incluso hay encuestas y en las elecciones han tenido respaldo. «Es así de simple, que a ellos no les guste, pues eso no es problema nuestro», indicó.

«Lo que nosotros estamos haciendo no es para un beneficio personal, no es para un grupúsculo, sino que es para el beneficio de las mayorías», aseveró.

La Asamblea Legislativa ratificaría en la sesión plenaria de mañana jueves la reforma constitucional que establece la pena perpetua para los delitos de violaciones, homicidios y feminicidios; y también para el delito de pertenencia a organizaciones terroristas; y una reforma al Código Penal que permite que los condenados a la misma tengan una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.

El diputado Francisco Lira, del partido opositor Arena, aseguró que está a favor de la pena perpetua pero cree que la reforma constitucional que la instaura es una estrategia del gobierno para «desviar la atención de lo que es realmente importante en el día a día de los salvadoreños».

«Yo, como la gran mayoría, estoy a favor de la cadena perpetua… Pero el problema de fondo es otro: el gobierno está usando ese sentimiento —y sobre todo, el miedo— como una herramienta para montar una acción propagandística y desviar la atención», aseguró en X.

Arena dio sus dos votos al acuerdo de reforma constitucional que levanta la prohibición de la cadena perpetua en el país para los delitos de homicidios, violaciones y terrorismo.

Según Lira, el gobierno busca «evitar rendir cuentas» sobre los informes que señalan vulneraciones a derechos de personas inocentes, el debilitamiento de la democracia y las libertades en nuestro país, en referencia al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se sostiene que en el régimen de excepción se han cometido delitos de lesa humanidad.

«Le están mintiendo descaradamente a la gente al aprovecharse de ese deseo de justicia y el miedo, sin reformar de fondo el sistema judicial», indicó.

Según el diputado, ya existía una pena de por vida en el país. «Ya alcanzaban hasta 60 años antes de esta reforma y en algunos casos se han acumulado penas, que suman hasta más de 200 años, por lo que lógicamente esto ya representaba una pena de por vida», sostuvo.

El legislador señaló que el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se contradicen «porque resulta que nos dicen que las penas estarán sujetas a revisiones periódicas».

«Es decir, en la práctica, nada cambia, más allá de la percepción que quieren instalar de que se está fortaleciendo la justicia», advirtió.

La reforma al Código Penal que acompaña la reforma constitucional de la pena de muerte establece que los condenados a la misma tendrán una revisión obligatoria de sus penas luego de cierto tiempo de estar presos.

Para los menores de edad, la pena perpetua se revisará luego de 25 años presos, para los adultos después de 30 años si solo fueron condenados por un delito, 35 años si tienen dos delitos o más, y 40 años si hay agravantes.