La organización Alianza Américas, red transnacional de defensa de los derechos de migrantes latinoamericanos, aseguró esta semana que el traslado de venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador supone «graves problemas legales y éticos» porque se desconoce el organismo que habría determinado la supuesta afiliación a pandillas.
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Más de 200 integrantes del Tren de Aragua llegaron este domingo a El Salvador
El gobierno salvadoreño informó el domingo que recibieron 238 presos de Estados Unidos acusados de pertenecer a la pandilla venezolana «Tren de Aragua» y de la MS13. Sin embargo, Alianza Américas sostiene que los venezolanos han sido detenidos «en circunstancias legales ambiguas» y acusó a El Salvador de ser «cómplice de un peligroso precedente: normalizar la represión y el abuso institucionalizado de las personas migrantes».
«El traslado de estas personas a otro país plantea graves problemas legales y éticos. Sigue sin estar claro qué organismos determinaron sus supuestas afiliaciones, bajo qué autoridad fueron deportados o las condiciones de su detención y posible puesta en libertad».
Alianza Américas en un comunicado divulgado esta semana.
Consideró que el despojo de los derechos de los presos, clasificarlos como terroristas «y subcontratar su encarcelamiento a un gobierno extranjero» es «una maniobra cruel» que parte de la política anti-inmigración y «no por la justicia o seguridad» de Estados Unidos.
La red también rechazó el uso del CECOT «para detener a miles de personas acusadas de pertenecer a pandillas» y señaló que la prisión salvadoreña ha sido cuestionada «por sus condiciones inhumanas de subsistencia».
Alianza Américas condenó «enérgicamente» la decisión del gobierno de Donald Trump de invocar la Ley de enemigos extranjeros de 1798 por considerar que constituye «un abuso de poder que socava la democracia, el debido proceso y los principios que Estados Unidos dice defender». Esta ley permite que un presidente estadounidense pueda detener y deportar a ciudadanos de lo que considera «una nación enemiga»; ha sido usada en 1812, 1942 y en 1946.
El fin de semana, el gobierno estadounidense informó que envió 238 miembros del Tren de Aragua fuera de Estados Unidos a cambio de una tarifa de $6 millones anuales a El Salvador, además de 23 pandilleros de la MS-13. La encargada de prensa de la Casa Blanca detalló que 101 deportados fueron expulsados bajo la ley migratoria Título 8.
Diputadas de la Asamblea Legislativa salvadoreña
han asegurado que no se siguió el proceso constitucional para traer los presos hacia El Salvador porque el artículo 131 señala que los tratados o pactos que suscriba el Ejecutivo con otras naciones deben ser ratificados por el Órgano Legislativo.
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