La organización Amnistía Internacional declaró ayer a la abogada Ruth Eleonora López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez como personas «presas de conciencia», un estatus que otorga a personas que fueron privadas de libertad «específicamente por sus ideas, ejercer sus derechos» sin violencia y sin haber incitado al odio.
En un nuevo comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, ana Piquer, consideró que El Salvador «atraviesa un punto de quiebre». «La comunidad internacional debe actuar con firmeza», exhortó.
Según, Piquer, el gobierno busca consolidar «el silenciamento sistemático de la disidencia» a través de «procesos opacos y nuevas normativas», mediante una «arquitectura institucional y normativa» para criminalizar la pobreza y la disidencia.
La entidad urgió a las autoridades salvadoreñas «liberar de forma inmediata e incondicional» a estas personas y dejar de usar indebidamente el sistema penal «para perseguir a quienes ejercen pacíficamente sus derechos» y exigió la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, el régimen de excepción y la restitución del debido proceso y la independencia judicial. «Ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal», indicó.
López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue capturada el 18 de mayo de 2025, bajo la acusación inicial de peculado en X y de enriquecimiento ilícito en el proceso formal; su caso ha sido declarado bajo reserva. Henríquez y Pérez fueron arrestados luego de su participación en una protesta contra un desalojo a la comunidad El Bosque. Fueron acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que las tres detenciones «orman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública» y lo considera como «clara señal de alerta» del desmantelamiento del espacio cívico en El Salvador.
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