La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó que la nueva Ley de Agentes Extranjeros no establece criterios «taxativos» para que el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) defina qué organizaciones o personas estarán «excluidos» del nuevo impuesto del 30 % sobre todas sus donaciones del extranjero, incluso si son en especie.
Ortiz indicó que, aunque la normativa establece exclusiones para algunas entidades o personas, “los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son absolutamente discrecionales y ambiguos». «Básicamente va a ser el gobierno el que va a decidir qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional va a estar sujeta a controles o al impuesto el 30% y cuáles no”, expresó.
Para la diputada de Vamos, las afectadas serán las organizaciones que denuncian actos de corrupción del gobierno.
“No sorprenderá, así como ustedes actúan, así como su gobierno actúa, que esos criterios se han aplicados solamente aquellos a quienes a ustedes les convienen y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder, a los que tratan de establecer límites al abuso que ustedes generan, a esos que no les son cómodos, entonces, se le va a aplicar discrecionalmente”, auguró la diputada de oposición.
«Herramienta autoritaria para la censura»
La legisladora consideró que la nueva Ley de Agentes Extranjeros es una “herramienta autoritaria para la censura”.
Aseguró que el artículo 20 de la ley genera inseguridad jurídica, ya que establece: “El presidente de la república podrá aprobar Cuántos reglamentos aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones cumplimiento de sus fines atribuciones y competencias”.
“El artículo 20, mejor lo hubieran titulado «artículo de la inseguridad jurídica» porque el artículo establece que el Ejecutivo puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación, para poder implementar esta ley. Esto le da una habilitación legal amplia y sin límites al Ejecutivo para desarrollar reglamentos… Esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no trate de engañar a la gente. Esta es una herramienta evidentemente de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”, aseveró Ortiz.
“Es una ley incompatible con la democracia con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión la libertad, de asociación. Pone límites y condiciones inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil».
Claudia Ortiz (Vamos).
También, cuestionó la vigilancia gubernamental a las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional. La Ley fue aprobada con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas, y los votos de sus aliados PDC y PCN.
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