La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó esta semana que el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado «por error» y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), es el ejemplo de lo que están viviendo «muchos otros salvadoreños inocentes capturados con el régimen».
«El caso de Kilmar Ábrego es el caso de miles de salvadoreños que durante los últimos tres años han estado bajo la custodia del Estado, muchos de ellos sin un debido proceso, muchos de ellos siendo inocentes, con enfermedades, sin atención médica, sufriendo torturas, sin poder conocer sus familiares su paradero o cuál es su condición jurídica o de salud, ese ha sido el estado de las cosas en El Salvador para todos los salvadoreños que estamos a la orden de un poder Ejecutivo que puede disponer de los derechos fundamentales como le da la gana», acusó la diputada.
Kilmar Armando Ábrego García llegó de forma ilegal a Estados Unidos en julio de 1995 que sin haber cumplido los 17, fue deportado a El Salvador a sus 29 años pese a que el tribunal de Baltimore suspendió su deportación en 2019 y la Corte Suprema estadounidense ordenó regresarlo a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo ha señalado públicamente de ser miembro de la pandilla MS-13, tal como aparece en una ficha de marzo de 2019 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
Su caso se ha vuelto el centro de una disputa política en Estados Unidos en la que relucen consignas de combate al crimen y a la migración irregular y el derecho al debido proceso que tendrían todas las personas antes de ser enviadas a prisión.
Ortiz dijo además que el caso de Kilmar Ábrego ha dejado en evidencia a nivel internacional cómo está funcionando la democracia, la división de poderes y el respeto al debido proceso en El Salvador.
«Hoy tocó a un hermano de la diáspora, pero puede tocarle a cualquier salvadoreño en cualquier momento desde hace tres años.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Los tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones están suspendidos por el régimen de excepción, que acumula más de 85,500 capturados.
El gobierno destaca que bajo el régimen de excepción, El Salvador ha tenido más de 700 días sin homicidios. Solo el 0.8 % de la población salvadoreña ve el régimen de excepción como un «problema del país» según la encuesta de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) publicada en enero de 2025. Esta encuesta pregunta a la población por qué cree que la situación del país ha mejorado, el 67.7 % responde la seguridad, el 13.9 % cree que por la gestión del presidente Nayib Bukele, el 7.3 % menciona la reducción de la denuncia y el 2.5 % el régimen de excepción.
La diputada cree que el Estado salvadoreño tiene «responsabilidad de reparación» y que la Asamblea Legislativa debe «legislar para una transición ordenada hacia un estado jurídico donde se respeten las garantías básicas fundamentales, donde el debido proceso se respete y donde exista finalmente una verdadera justicia.”
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