La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, espera que el gobierno cumpla el acuerdo financiero que ha alcanzado con el «Fondo Monetario Internacional (FMI)» del programa de Servicio Ampliado (SAF) y cuya primera revisión liberaría $120 millones.
Una de las condiciones es aprobar una «Ley de Sostenibilidad Fiscal», para lo cual la diputada de oposición, dijo, votaría.
«El gobierno debe cumplir sus compromisos porque el «Fondo Monetario Internacional» es serio y se debe hacer lo posible por cumplir. Tengo entendido que se está esperando que se existiese una «Ley de Responsabilidad Fiscal», que eso ya venció el plazo que ellos habían pedido para poder ser aprobada en nuestra Asamblea Legislativa y vamos a ver si se presenta en los próximos días», dijo Villatoro.
La diputada advirtió que, en los próximos meses, se verán «recortes en presupuestos» y estarán a la expectativa si «hay despidos», ya que rebajar la grasa del Estado es parte de las condiciones que ha puesto el FMI.
En la información que difundió el Fondo, adelantó que el gobierno prepara planes para reformar el sistema de servicio civil (Ley de Servicio Civil) y los sistemas de pensiones, a fin de «apuntalar el ajuste más allá de este año». Estas medidas incluirán una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está «prevista próximamente».
«Creo que es importante una Ley de Responsabilidad Fiscal con la que se supervise cómo está funcionando el Estado y que los recursos ingresen de forma adecuada, que no se dispersen y que funcione todo económicamente bien para nuestro país. Por su puesto que una Ley de Responsabilidad Fiscal contará con nuestro apoyo», dijo Villatoro.
El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19; aunque, el 27 de mayo, luego de la primera revisión del plan SAF, el FMI señaló que el programa ha tenido un sólido desempeño por parte de El Salvador.
Según el acuerdo, El Salvador debe incrementar los requisitos de liquidez bancaria, a la vez que se fortalecerá la supervisión bancaria y de cooperativas.
Con la «Ley Anticorrupción», el gobierno se ha comprometido a garantizar su «aplicación adecuada y oportuna» para «mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general».
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