Las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz cuestionaron este lunes por qué el Gobierno otorgó permisos de construcción de Ciudad Marsella en una zona que consideran es susceptible a inundaciones y que es protegida.
La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, criticó en sus redes sociales que el Gobierno haya autorizado proyectos habitacionales como Ciudad Marsella, en San Juan Opico, cuando son zonas naturales protegidas y áreas de captación de aguas lluvias.
Villatoro aseguró que la inundación ocurrida el sábado por la noche evidencia que la aprobación de esos permisos pone el riesgo la vida y patrimonio de las familias, así como el medio ambiente. Aseguró que las familias afectadas confiaron en que el Estado había «evaluado, autorizado y supervisado» el proyecto.
El sábado en la noche los habitantes del quartier 11 de Ciudad Marsella reportaron inundaciones que dañaron sus pertenencias. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) explicó el domingo que la inundación se provocó porque la empresa Salazar Romero entregó las viviendas cuando el proyecto aún no estaba terminado.
«Lo ocurrido en Ciudad Marsella II vuelve a evidenciar una realidad preocupante: en zonas naturales protegidas y áreas de captación de aguas lluvias no deben autorizarse proyectos habitacionales, porque se pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la vida y el patrimonio de las familias». Marcela Villatoro, diputada de Arena.
Las inspecciones revelaron que el complejo habitacional no tenía calles ni drenajes terminados, que había tierra y concreto arrastrados por la lluvia hacia el sistema de drenajes, por lo que se obstaculizó. El quartier 11 fue el afectado porque está en la parte más baja según dijeron las autoridades.
La diputada de derecha dijo que tomando en cuenta cómo ocurrió la terrible inundación, no se puede tomar como «un hecho aislado ni como un simple error técnico» y que exigió que el Gobierno garantice que las constructoras no entreguen obras sin estar terminadas.
Las autoridades anunciaron que la empresa desarrolladora Global Developers S.A. de C.V. será inhabilitada hasta que se concluyan las investigaciones tras concluir que la inundación del sábado fue «consecuencia de la negligencia» de la empresa. Asimismo, todos los proyectos de Salazar Romero serán verificados por las autoridades.
Por su parte, la legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, aseguró lo ocurrido no debe analizarse superficialmente, sino que se debe conocer qué pasó con los permisos entregados a la construcción y por qué se entregaron en «una zona donde podía pasar este tipo de situación».
«¿De qué sirven los discursos si las instituciones no están ahí para proteger el interés común, el interés público», cuestionó. Criticó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) presente como logro el aumento de permisos entregados.
«Las medidas que están tomando en esta administración para proteger a la población de este tipo de fenómenos son reactivas, son como lo que estamos viendo es reaccionar, es, perdonen, hacer el show de manejar la situación». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
En un reciente informe del Marn se conoció que la institución emitió 1,687 resoluciones ambientales que habían dado lugar a $2,000 millones de inversión con «enfoque de desarrollo ordenado y cumplimiento técnico».
«¿Qué hay que hacer para que no se vuelva a repetir?»
La diputada Ortiz preguntó qué deben hacer para que estos problemas no se vuelvan a repetir y dijo que esa respuesta debería ser el fondo del asunto en discusión porque el Estado debe asegurar la seguridad de los ciudadanos.
La diputada Villatoro también consideró indispensable que las autoridades «revisen con rigor los procesos de otorgamiento de permisos» y verifique el cumplimiento de «la normativa ambiental y urbanística», además de determinar las responsabilidades de empresas e instituciones encargadas.
Aseguró que la Asamblea Legislativa debe exigir transparencia, legalidad y respeto para los derechos de los ciudadanos y respaldar las denuncias correspondientes.
Mientras tanto, las autoridades han suspendidos los permisos de construcción de Salazar Romero y la empresa emitió un comunicado en el que asegura que se harán cargo de resarcir los daños ocasionados directamente por la inundación del sábado.