Las tarifas de consumo de agua en Nuevo Cuscatlán serán aprobadas por Ministerio de Economía

La alcaldía de La Libertad Este, presidida por la alcaldesa Milagro Navas, del partido Arena, reformó la ordenanza municipal que regula el servicio de agua potable en el municipio de Nuevo Cuscatlán, estableciendo que las tarifas de cobro mensual serán determinadas por el concejo municipal, pero deberán contar con el visto bueno del Ministerio de Economía (Minec).

La reforma fue aplicada al artículo 36 del decreto que da vida al Sistema de Acueductos de Nuevo Cuscatlán (SANC), una normativa que regula el cobro por el consumo de agua mediante un pliego tarifario municipal.

Antes de la reforma, el artículo establecía que la tarifa era fijada únicamente por el concejo municipal. Sin embargo, con la modificación publicada el pasado 4 de diciembre en el Diario Oficial, se incorpora la obligación de contar con la aprobación del Minec, como parte del procedimiento para establecer o modificar los montos a pagar por los usuarios.

“El servicio de agua que reciban los usuarios será cancelado a través de una tarifa mensual, por consumo de metros cúbicos, fijada en el pliego tarifario que emita el concejo municipal y aprobado por el Ministerio de Economía”, señala el nuevo texto del artículo reformado.

El cálculo de las tarifas seguirá siendo realizado con base en las lecturas de los medidores de agua instalados en las viviendas o establecimientos, como lo estipula la misma ordenanza.

La entrada en vigencia de esta disposición fue establecida para este viernes 12 de diciembre, por lo que a partir de esta fecha cualquier ajuste en las tarifas requerirá doble validación: concejo y Minec.

Con esta modificación, la comuna de La Libertad Este busca garantizar transparencia y control en la fijación de precios por servicios básicos, involucrando a la autoridad económica nacional como ente supervisor.

La alcaldesa Milagro Navas ha reiterado en ocasiones anteriores la necesidad de mantener la autonomía municipal, pero bajo esquemas de coordinación institucional, especialmente en servicios esenciales como el acceso al agua potable.