El comisionado de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, defendió ante instancias internacionales al gobierno salvadoreño de denuncias de violaciones de derechos humanos en el régimen de excepción.
Guzmán Caballero publicó su renuncia a las 11:46 p.m. en X, 39 minutos después de que la Fiscalía salvadoreña anunciara la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, Ruth López, aunque no vinculó su renuncia a este hecho.
El exfuncionario aseguró que comunicaba su renuncia “con profunda tristeza” y que una “regla esencial del poder” es “saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia”.
El 20 de enero de 2025, Guzmán asistió al Examen Periódico Universal (EPU) realizado por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde recibió recomendaciones de 74 países y Estados. Ahí, Guzmán dijo haber aceptado las recomendaciones que le hicieron 74 Estados y aseguró que “falta mucho por hacer”, que luego de lograr ser el país “más seguro del mundo”, se debía ser “el país más justo”.
“Gracias a la implementación del Plan Control Territorial El Salvador se ha convertido en un referente global de seguridad ciudadana, nuestros logros han sido reconocidos por la comunidad internacional”.
“Hoy El Salvador tiene una misión clara, no solo ser el país más seguro del mundo, también ser el país más justo”.
“Mi país no busca excusas ni complacencias, aceptamos los retos, los señalamientos, porque sabemos que el camino hacia la justicia nunca es sencillo, pero también les pido que miren más allá de los titulares, que escuchen las historias de quienes han recuperado su libertad y entiendan el dolor que hemos enfrentado como nación”.
En audiencias como esta, Guzmán divulgó datos que el gobierno de El Salvador no publica sistemática ni oficiosamente:
-En El Salvador «se cuenta con centros penitenciarios para mujeres, extranjeras, enfermedades y el CECOT (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo) para miembros de pandillas».
-Dijo que en estos 23 centros penitenciarios «se asegura el acceso a los servicios básicos», «alimentación, agua, salud, recreación, programas y talleres».
-Reveló que hay 21,000 personas privadas en el plan «Cero Ocio» que trabajan en la fabricación de obras públicas, producción agrícola, muebles y calzado.
-En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 12 de julio de 2024, Guzmán reveló que había 107,997 personas privadas de libertad en El Salvador hasta el 25 de junio de 2024.
“Nosotros no vamos a guardar ningún tipo de tortura o malos tratos, sin importar qué hizo cada una de estas personas. La política del Estado es garantista, es una política basada en los derechos humanos. Hay que llegar a la institucionalidad, nosotros no nos escondemos. Lo defendemos porque lo hacemos bien”.
El 3 de mayo de 2025, Guzmán negó persecución contra los periodistas, luego de que El Faro alertara sobre órdenes de captura después de una publicación sobre negociación del gobierno con pandillas.
“Toda persona, sin distinción, puede ejercer su labor periodística sin temor a represalias, siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales”.
En abril de 2025, familiares de los venezolanos dijeron a la organización Human Right Watch que el comisionado no les había respondido a sus denuncias.
En marzo de 2025, Guzmán se reunió con Reporteros Sin Fronteras, luego de que la periodista Alba Amaya, de Deutsche Welle (DW) saliera de El Salvador por temor a su seguridad y denunciara que le expresó su temor a Guzmán no vio su interés.
“No he recibido ninguna denuncia formal por escrito de la periodista… El diálogo es el mejor camino para fortalecer la libertad de expresión”.
El 23 de agosto de 2023, Guzmán aseguró que en El Salvador no existen violaciones de derechos humanos en las prisiones, en una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, aunque reiteró en su afirmación de que había “mucho más trabajo qué hacer”.
“No existen violaciones de derechos humanos, que están dentro del momento que están pasando por sus vidas, están en condiciones dignas y en términos generales, que hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer, pues desde el punto de vista de derechos humanos, por ellos, pero que lo estamos haciendo bien”.
“Cuando yo leo un informe y me dicen que hay 120 periodistas amenazados, quiero hablar con ellos, quiero saber cuáles son las amenazas que tienen y quiero ayudarles. Ese es mi trabajo, pero la verdad es que no he tenido ni un solo periodista que me haya dicho que lo siguen o que lo persiguen, o que tiene miedo o que tiene algún tipo de amenaza que amerite estar ahí».
El colombiano Andrés Guzmán Caballero fue nombrado comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador desde el 24 de mayo de 2023 hasta 16 de mayo de 2025. El decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia asevera que fue «nombrado a partir del día 3 de junio de 2024», durante el segundo periodo presidencial de Nayib Bukele.
Ejecutivo de Adalid
De 2006 a 2022, durante 16 años, Andrés Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de Adalid Corp, una empresa que ofrece seguridad de la información y forenses y que fue contratada por la Defensoría colombiana para implementar un “Laboratorio Forense de Evidencia Digital” denunciado por sindicatos colombianos de espionaje. Guzmán fue durante seis meses hasta abril de 2023 delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Su perfil de LinkedIn incluye especialidad en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de BlockChain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.
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