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Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las instituciones de gobierno por el despido de más de 450 directivos sindicales desde octubre de 2024.
La UNT ya había reportado en diciembre que 58 sindicatos habían sido desarticulados.
El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, exigió el lunes al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que «inicie las inspecciones por los más de 4,450 directivos sindicales» despedidos desde el 19 de octubre, fecha en que se realizó la primera marcha blanca contra la reducción de presupuesto y plazas en instituciones de gobierno.
Zelaya aseguró que se trata de «persecución sindical» generalizada y reprochó al ministro Castro que haya iniciado inspecciones de oficio en empresas privadas y de construcción y cuestionó: «¿Por qué no ha hecho de oficio las inspecciones por todos los despedidos, directivos sindicales en el Estado que son cientos».
«Exigimos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que inicie las inspecciones por los más de 450 directivos sindicales que han sido cesados de sus trabajos a partir del 19 de octubre que se organizó la primera marcha blanca del año pasado. Esta persecución sindical se está generalizando, tenemos dos compañeros procesados del Sindicato de Trabajadores de salud, de Fosalud, que están siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil».
Erick Zelaya, secretario general de la UNT.
Zelaya indicó que han registrado dos casos de sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud), que estarían siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil del Tribunal de Servicio Civil. Al respecto, la secretaria de Sitrasalud, Silvia Navarrete, explicó a Diario El Mundo que los dos fueron acusados «de haber trabajado en otra institución con el tiempo que tenían para la labor sindical».
Navarrete dijo que ese proceso se desarrolló y que había demostrado que «no se había cometido esa falta» y había quedado «como cosa juzgada» pero que, luego de haber denunciado el despido de mujeres embarazadas, les caso se habría vuelto a abrir en su contra.
El lunes, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM) denunciaron violaciones a derechos laborales y sindicales, pues les restringen el tiempo de organización sindical y presionan para desafiliaciones.
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