Todos los miembros de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) en pleno y sacerdotes representativos de las diócesis entregaron la mañana de este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa, para reiterar su petición de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 por Nuevas Ideas y sus aliados a petición del presidente Nayib Bukele.
«Agradecidos por la respuesta inmediata que el pueblo ha manifestado. En cuanto a qué va a suceder, si van a aceptar la petición nuestra o no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí estamos pidiendo y pidiéndole a Dios, por eso hicimos una jornada de oración y ayuno el 7 de febrero, y eso no ha parado. El Señor, esperamos, que va a mover las voluntades y que va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo», dijo esta mañana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.
Obispos de la iglesia católica entregaron este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para que derogue la Ley general de minería metálica aprobada en diciembre de 2024.
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Monseñor Escobar aseguró que las iglesias evangélicas se unieron a la petición presentada a los diputados; parte de las firmas entregadas provienen de iglesias evangélicas y de todas las parroquias católicas, incluidas las 175 parroquias de la arquidiócesis de San Salvador y ocho diócesis.
Thelma de Mejía, de la parroquia Jesús de la Misericordia, acompañó la petición. «Eso va a traer mucha contaminación, enfermedades, más pobreza, más problemas. A nuestro país no le conviene», expresó la feligrés.
Los obispos iniciaron una jornada de oración el 7 de febrero junto a una campaña de recolección de firmas no solo de católicos, sino de otros sectores de la sociedad, jornada que concluyó el 18 de marzo de 2025, es decir, durante un mes y 11 días.
«Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables… estas firmas expresan la voluntad del pueblo que sobre cualquier interés económico privilegia la vida humana», expresaron los obispos, en un comunicado firmado por los monseñores José Luis Escobar Alas, José Elías Rauda Gutiérrez, William Ernesto Iraheta Rivera y Óscar Álvarez Orellana, como representantes de la CEDES.
Estamos haciendo un llamado a la Asamblea, en su conciencia, para que hagan el bien pero la Iglesia no está para sancionar; todo lo contrario, es un llamado pacífico, humilde». Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, ante la inquietud sobre una posible sanción a funcionarios que promuevan este tipo de iniciativas.
La Conferencia Episcopal anunció el 25 de enero la recolección de firmas para pedir la derogatoria de la Ley general de minería metálica aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024 y cuya vigencia inició el 7 de enero de 2025. La recolección de firmas se realizó en diferentes parroquias católicas del país al finalizar las misas correspondientes a cada templo.
Ese día, la iglesia católica también inició una jornada de oración y ayuno ante el «posible desastre» que causaría la reactivación de la minería en El Salvador. Los obispos de la Conferencia Episcopal aseguraron en un comunicado que «no podemos mantenernos pasivos» ante las consecuencias de la explotación minera.
La iglesia católica participó en 2017 junto a movimientos sociales y universidades para que se aprobara la prohibición de la minería en El Salvador.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a mediados de enero durante una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería», sino que estarían contaminados «por otra cosa», aunque un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hasta mediados del siglo XX hubo explotación minera en San Sebastián, La Unión.
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