El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha restringido el acceso a las resoluciones de períodos anteriores del organismo colegiado desde su Portal de Transparencia.
La institución también sumó nueve meses sin divulgar los acuerdos que los nuevos jueces electorales han tomado desde que asumieron sus cargos en septiembre pasado.
Las resoluciones emitidas por los magistrados del TSE no están disponibles en su Portal de Transparencia luego de la actualización que la entidad realizó en su sitio web en febrero de 2025.
El sitio estuvo en mantenimiento varios meses y se habilitó sin un acceso a las resoluciones del TSE.
Antes de la actualización, la última resolución publicada era de fecha 4 de julio de 2024, correspondiente a un informe presentado por la alcaldía de La Libertad Costa contra un concejal que no se había presentado a las reuniones de concejo por varios meses aunque se le convocaba. La resolución fue emitida por el colegiado del período 2019-2024.
«Está incumpliendo la ley el Tribunal si no tiene publicada esa información (resoluciones). Aquí lo que procedería es una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Con esta resolución, se suman nueve meses sin que se conozcan públicamente las resoluciones de los jueces electorales, en particular, no se conoce ninguno de los acuerdos tomados por los nuevos magistrados que asumieron sus funciones en septiembre de 2024, aunque en enero la Secretaría General aseguró que estaba «en proceso de elaboración» de las versiones públicas para divulgarlas.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró que, al no estar publicadas las resoluciones, «el Tribunal está incumpliendo» el artículo 15 literal de la Ley de acceso a la información pública porque le ordena «que las resoluciones emitidas estén publicadas como información oficiosa».
Las resoluciones tendrían que ser publicadas tratándose sobre peticiones, denuncias o recursos que interpongan los ciudadanos, partidos o colaciones» y señaló que lo que procede en esta situación es la interposición de una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o que el mismo instituto se activa de oficio contra esta actitud.
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