El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, instaló el martes la audiencia única abierta en contra de 163 personas capturadas durante el régimen de excepción, acusadas de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a los imputados se les atribuye al menos 13 delitos, entre estos por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Los imputados fueron detenidos en marzo de 2022, en diferentes sectores del departamento La Libertad. Según indicaron los procesados cometieron los delitos en los distritos de San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán y algunas zonas de Santa Tecla.
La representación fiscal destacó que entre los procesados hay pandilleros con rangos de homeboys, paros, colaboradores, observadores y otros cargos que figuran dentro de la estructura pandilleril.
La FGR sostuvo que cuenta con abundante prueba documental, pericial y testimonial para demostrar la participación y pertenencia de los 163 pandilleros a la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS), de la MS-13. No detalló cuántos tienen tatuajes alusivos a las pandillas.
Las audiencias únicas abiertas consisten en agrupar a varios imputados, presuntamente vinculados a pandillas, dentro de un mismo proceso judicial, de modo que, en caso de ser declarados responsables, se les aplique la misma sentencia a todos los procesados.
Esta sería de las primeras audiencias que llegan a los Tribunales de Crimen Organizado en contra de las personas detenidas en el marco del régimen de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022. Actualmente, se reportan más de 90,000 personas detenidas en dicha medida que estarían enfrentando audiencias colectivas.
Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) acudieron a las afueras del Centro Judicial contra el Crimen Organizado, en Soyapango, para denunciar las audiencias masivas que se realizan en contra de los detenidos, las cuales aseguran permiten condenas colectivas en contra de personas inocentes. «Capturas arbitrarias sin el debido proceso, sin derecho a un abogado defensor sin derecho a la presunción de inocencia eso es lo que estamos denunciando. Movir a puesto recursos de inconstitucionalidad del régimen por ilegal, por ilegítimo, por improcedente», declaró el vocero de la organización, Samuel Ramírez, en las afueras del centro judicial.
Durante la concentración, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta por la retención arbitraria, acoso e intimidación contra el periodista Carlos Hernández, que colabora con la Revista Elementos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras realizaba fotografías a una patrulla que transportaba a un grupo de detenidos.
Los tribunales contra el crimen organizado fueron creados para la atención de casos relacionados a grupos pandilleriles, narcotráfico y agrupaciones ilícitas.
En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, que permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales. Ese mismo año, la Fiscalía también solicitó la extensión al plazo de la detención provisional por dos años. La “Audiencia Única Abierta” fue instaurada en una reforma de agosto de 2025 para realizar una audiencia en un plazo no mayor a 60 días que permanecerá abierta “mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar” hasta un periodo de dos años.
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