Los salvadoreños cubren el 26.7% del gasto total en salud con pagos directos de su bolsillo, según informe de CEPAL y OPS de 2024 (datos hasta 2021). En 2022, este gasto de bolsillo total de hogares alcanzó 995 millones USD para una población de unos 6.4 millones, lo que equivale a unos 155 USD per cápita anual. Aunque no existe un estimado oficial preciso y actualizado al 2026 del costo anual exclusivo de la práctica privada de medicina para el ciudadano salvadoreño promedio —ya que los datos se centran en el gasto de bolsillo total (público y privado, consultas y medicamentos)—, este representa alrededor del 26.7% del gasto total en salud y es mayoritariamente en el sector privado.
Uso del Sector Privado
El 22.1% de quienes reportan enfermedades acuden a clínicas o hospitales privados, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023. Una encuesta de 2024 indica un gasto promedio mensual de 126.57 USD en medicamentos —equivalente a ~1,520 USD anuales—, aunque solo el 25.1% destina presupuesto específico enfocado en farmacia. Las consultas privadas oscilan entre 39 y 70 USD cada una.
Disparidad Público-Privada
Existe una marcada disparidad: por cada médico público, hay 2.15 en el sector privado, reflejando una concentración en lo privado, aunque sin datos sobre superposiciones de empleo. No se ha encontrado un porcentaje oficial o estadística precisa sobre médicos del MINSAL que posean clínicas privadas o farmacias, información fundamental para detectar corrupción y planificar salud pública. La ausencia de estos datos por parte del MINSAL podría deberse a limitaciones regulatorias, falta de sistemas centralizados de registro o intereses políticos que evitan transparentar conflictos de interés.
Ejemplo Internacional: Malawi
Recientemente, el gobierno de Malawi prohibió a todo el personal médico estatal poseer u operar clínicas y farmacias privadas mediante una orden ejecutiva presidencial para combatir la corrupción en salud. La medida protege el acceso constitucional a servicios públicos gratuitos, respondiendo a denuncias de escasez de insumos, coerción para comprar en privados y pagos ilegales por servicios básicos. Si bien organizaciones civiles apoyan esta iniciativa, expertos advierten que no resuelve problemas estructurales sin rendición de cuentas, supervisión y mejoras salariales.
Contexto en El Salvador
En el país, es de conocimiento público que médicos del sector público ejercen en privado, generando críticas por conflictos de interés como recomendaciones a sus propios laboratorios o farmacias, aunque sin datos cuantitativos. Un proyecto de ley para la Red Nacional de Hospitales (2025) propone dedicación exclusiva para médicos contratados, prohibiendo consultas privadas salvo emergencias. No hay estadísticas oficiales centralizadas al 2026 sobre clínicas y farmacias privadas: se estiman ~2,000 farmacias (80% del mercado privado, con cadenas como Farmacia La Buena recibiendo contratos estatales por $5.8 millones en 2025) y 15-25 hospitales privados principales, concentrados en San Salvador, Santa Tecla y otras ciudades grandes. Personalmente he observado, la creación de hospitales pequeños en áreas rurales. Por ejemplo, en Intipucá, en los últimos años se han construido dos hospitales de tamaño mediano que brindan servicios de emergencia y encamado.
Esto de las farmacias “sin farmacéutico” es un histórico común en el país, especialmente en áreas rurales. La Ley de Farmacias y normativas de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) exigen que las farmacias cuenten con un profesional titulado en farmacia para su operación, quien debe estar inscrito como regente ante la DNM. Esto incluye un permiso sanitario del MINSAL y licencia municipal, verificando cumplimiento normativo. El MINSAL y la municipalidad extienden permisos y licencias para el funcionamiento de las farmacias que incluye la presencia de un profesional de farmacia. Me pregunto que estará haciendo el municipio de la Union Sur al respecto, o la municipalidad de San Salvador. Una invitación en Frente a Frente sería relevante a estos dos alcaldes para que nos expliquen. ¿No creen?
Conclusión
La opacidad en datos sobre el sector privado de salud en El Salvador agrava inequidades y riesgos de corrupción, similar a casos como Malawi, donde prohibiciones directas buscan frenar abusos. Reformas como dedicación exclusiva, registros unificados y mayor cobertura pública (ej. ISSS o Doctor SV) son urgentes para reducir la carga de bolsillo —estimada en 600-2,000 USD anuales por hogar— y garantizar acceso equitativo. Actualizar encuestas como EHPM 2025 vía DIGESTYC o BCR es clave para políticas basadas en evidencia.
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