En una columna anterior reflexioné sobre si la salud pertenece al ámbito técnico o político. Mis argumentos se inclinaban hacia este último. Sin embargo, los actuales líderes de salud del gobierno —al menos según sus decisiones— parecen empeñados en confinarla al terreno técnico, limitándola a cuestiones clínicas y relegando su dimensión social, política y ética.
Elementos como el acceso a servicios, la prevención, el financiamiento, la equidad y la calidad de atención son tan cruciales como los aspectos médicos. La mayoría de las especialidades médicas se centra en el paciente individual, pero existe una disciplina fundacional para todo sistema: la salud pública, que permite a la ciudadanía prevenir enfermedades, mantener el bienestar o recuperar la salud.
Su relevancia solo se reconoció ampliamente durante la pandemia de COVID-19, cuando la sociedad entendió que proteger la salud colectiva es la base de la individual. Pero para proteger y mantener la salud colectiva, el liderazgo político en el área de la salud debe tener no solo capacidad, sino también la autoridad en la toma de decisiones pertinentes a ese campo. Como se atribuye a Amit Kalantri: «Los sistemas fallan cuando las personas con capacidad no tienen autoridad, y las que tienen autoridad carecen de capacidad».
La salud pública se discute principalmente cuando falla: faltan medicamentos, las citas se postergan indefinidamente o una emergencia revela las grietas del sistema. Rara vez se debate como decisión política cotidiana que define quién accede a la atención, con qué calidad y a qué costo social. No se trata de hospitales, sino de prioridades nacionales.
El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del MINSAL prioriza cuatro áreas: salud materna e infantil; embarazo adolescente; mortalidad prematura (enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, enfermedad renal crónica y trastornos mentales); y enfermedades transmisibles (VIH, tuberculosis, hepatitis B y vectores).
Este documento de 25 páginas parece elaborado solo por personal del MINSAL, sin evidencia de participación intersectorial o de la sociedad civil. El proceso de priorización es opaco, sin justificar inclusiones o exclusiones. Sorprende la aparente ausencia de expertos en salud pública; en cambio, lo lideran cirujanos, como el ministro y el viceministro de Gestión y Desarrollo, ellos según sus estudios y experiencia documentada en su historial académico y de trabajo, al parecer carecen de estudios o experiencia en salud pública. Kalantri lo advertía.
Un análisis revela que estas prioridades no reflejan las causas principales de mortalidad. De las cuatro áreas, solo la mortalidad prematura califica como tal. En 2025, las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) —cardiovasculares, cáncer y diabetes— representaron cerca del 61% de las muertes, patrón estable desde 2024. Destacan infartos, eventos cerebrovasculares, tumores malignos, diabetes mellitus y enfermedades respiratorias crónicas. Las transmisibles (dengue, neumonía, diarreas) generan menos muertes, pese a su potencial epidémico. Debido a la falta de transparencia en la información relacionada con la salud del ciudadano salvadoreño por parte del ente rector de nuestra salud, es difícil tener una imagen completa de la salud general del pueblo salvadoreño. Sin embargo, existen otras fuentes de información, que al parecer el MINSAL no consideran parte del área de la salud.
Una de esas causas críticas que pasa desapercibida son los siniestros viales. En 2024 hubo más de 1.100 fallecidos (distracción al volante, exceso de velocidad, invasión de carril como principales factores); en 2025, la cifra subió a 1.238, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Estos representan una de las primeras causas de muerte en edad productiva (18-59 años): entre enero y julio de 2025, de 630-644 víctimas viales, 452-462 eran de este grupo (70-72%).
En El Salvador, priorizar la salud pública exige reconocer la carga real de mortalidad: ENT como líderes absolutos, seguidos de siniestros viales en población productiva. El Plan MINSAL 2021-2025 falla al ignorar esta evidencia, optando por un enfoque técnico que evade lo político. Adicionalmente el MINSAL ignora y evade la participación de la sociedad civil, sino incluso excluye en su planificación otros sectores del gobierno que tienen directa implicación en salud. No hace mucho los impuestos para las bebidas alcohólicas fueron reducidos por la asamblea legislativa, con sus consecuencias directas en el consumo de bebidas alcohólicas por la población.
Este hecho singular e insólito tiene un efecto trascendental en la protección y mantenimiento de la salud del pueblo salvadoreño. Urge un proceso transparente, intersectorial y basado en datos —con liderazgo de salud pública— para alinear prioridades con la realidad. De lo contrario, los sistemas seguirán fallando, y las vidas perdidas por lo evitable persistirán como deuda nacional. Solo decisiones políticas audaces transformarán la salud en derecho efectivo, no en promesa técnica.
*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo, consultor internacional
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