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  • Presupuestan $100 millones de préstamo del Banco Mundial para 11 entidades públicas

    Presupuestan $100 millones de préstamo del Banco Mundial para 11 entidades públicas

    Con 57 votos y con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa reformó nuevamente el presupuesto de 2026 para incorporar $100 millones para que instituciones del Estado puedan cumplir obligaciones en el último trimestre del año.

    Los fondos serán destinado a compras de medicamentos y otros en el Hospital Nacional El Salvador, a DoctorSV, Chivo Pets, proyectos de inversión pública, eventos turísticos y deportivos, publicidad y promoción turística, compra de semilla de frijol y maíz, así como funcionamiento y gastos operativos o funcionamiento en ministerios de Gobernación, Cultura, Trabajo y en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

    Recientemente los diputados también incorporaron $78 millones para cumplir obligaciones de ocho instituciones –Salud, Obras Públicas, Defensa, Presidencia, Relaciones Exteriores, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, y Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Conapina– pero provenientes de recaudación de impuestos como IVA y renta.

    Esta vez, los fondos de la nueva reforma presupuestaria provienen de un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $100 millones, aprobado y ratificado el 3 de septiembre de 2025 para “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desembolso diferido ante catástrofes”.

    El objetivo de este préstamo era proveer liquidez inmediata para atender emergencias derivadas de desastres naturales según el Banco Mundial y su desembolso solo puede ser activado tras declarar estado de emergencia según el sitio de la institución financiera.

    “Buscamos fortalecer la resiliencia mediante acciones que apoyan la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y mejores capacidades de respuesta ante emergencias, para que las comunidades vivan en entornos seguros y saludables”, es citada Carine Clert, gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, según el comunicado de prensa de la aprobación del préstamo por parte del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

    El objetivo es, según la carta del ministro de Hacienda, Jerson Posada, que diferentes instituciones del sector público puedan disponer de las asignaciones presupuestarias para “obligaciones estratégicas y prioritarias durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal de 2026”.

    ¿Cómo se distribuirán los $100 millones del préstamo del Banco Mundial para sostenibilidad y resiliencia con opción de desembolso diferido ante catástrofes?

    $30 millones para la Red Nacional de Hospitales (medicamentos, insumos médicos, material de laboratorio y apoyo institucional).

    $25 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT ($20 millones a proyectos de inversión pública y $5 a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, ANDRES).

    $17 millones para Salud: $7 millones para el Hospital Nacional El Salvador para funcionamiento, medicamentos e insumos médicos, mantenimiento de equipo médico y alimentación de pacientes, y $10 millones para DoctorSV.

    $7.8 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería: $6.4 millones para mejorar infraestructura e insumos de Chivo Pets; y $750,000 para compra de semilla de frijol y maíz, $685,000 para infraestructura, logística, transporte, alimentación.

    $7 millones para gastos operativos del Ministerio de Gobernación y sus adscritas.

    $5 millones para Ministerio de Cultura, específicamente para operatividad de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), Banda El Salvador, Escuela Nacional de Música “y otras dependencias del Ramo” y para iniciar readecuación de instalaciones del exzoológico nacional.

    $4 millones para Turismo: $1.8 millones se destinarán a “funcionamiento y eventos turísticos de noviembre y diciembre”.

    $2.7 millones para facilitación de inversiones, al Ministerio de Economía.

    $2.2 millones para eventos: a la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) para eventos deportivos, publicidad y promoción turística.

    $1.2 millones para funcionamiento del último trimestre del Ministerio de Trabajo.

    $160,000 para funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en diciembre.

  • Oficialismo de Costa Rica propone permitir reelección presidencial consecutiva

    Oficialismo de Costa Rica propone permitir reelección presidencial consecutiva

    El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este martes 27 de octubre una propuesta de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica, una iniciativa que necesitará el respaldo de diputados de oposición para conseguir su aprobación en la Asamblea Legislativa.

    La propuesta busca que un presidente pueda gobernar durante dos períodos consecutivos y tenga la posibilidad de competir nuevamente por el cargo después de permanecer cuatro años fuera del poder. Actualmente, la Constitución costarricense permite la reelección presidencial no consecutiva, pero exige que transcurran ocho años desde que el mandatario dejó la presidencia.

    El proyecto necesita una mayoría calificada de 38 votos, equivalentes a dos terceras partes de los 57 diputados que integran el Congreso. Sin embargo, el PPSO, de orientación conservadora, dispone únicamente de 31 legisladores y no mantiene alianzas con otras fuerzas políticas que le permitan alcanzar los votos necesarios.

    Ante este escenario, el diputado oficialista José Miguel Villalobos, cercano al expresidente Rodrigo Chaves, desafió a los opositores: «Yo le pregunto a la oposición si se van a oponer: ¿Tienen miedo?».

    La reforma abriría la posibilidad de que Chaves, quien gobernó Costa Rica entre 2022 y 2026, vuelva a competir por la presidencia en las elecciones de 2030 y pueda aspirar a dos mandatos consecutivos. Actualmente, el exmandatario ocupa los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda en el Gobierno de Laura Fernández, cuyo período presidencial comprende de 2026 a 2030.

    La oposición cuestiona las intenciones del oficialismo y sostiene que Chaves pretende concentrar el poder político. Entre los antecedentes señalados figura la campaña electoral de 2026, cuando el entonces presidente pidió elegir a 38 diputados «patriotas» para impulsar reformas profundas del Estado.

    Después del triunfo de Fernández y de que el oficialismo consiguiera la mayoría simple legislativa, Chaves afirmó que «el pueblo» había «recuperado» el poder Legislativo y el Ejecutivo, y que únicamente faltaba el Judicial.

    Oposición cuestiona reforma y señala a Chaves

    La diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, puso en duda que el oficialismo consiga los apoyos necesarios para modificar la Constitución. La legisladora calificó la propuesta como una apuesta incierta y afirmó que «es como soltar los dados al aire y ver qué cae», debido a que requiere 38 votos que «ellos no tienen en este momento y dudo mucho que los vayan a lograr».

    Gordienko también comparó la iniciativa con procesos políticos impulsados por otros mandatarios latinoamericanos y cuestionó que la reforma pueda favorecer la permanencia de Chaves en el poder.

    «Es una copia de lo que hemos visto en El Salvador de (Nayib) Bukele, en el Ecuador de (Rafael) Correa, en la Bolivia de Evo Morales, y si eso llegara a ocurrir aquí me parece que tiene nombre y apellido. Lo que quieren es mantener la inmunidad que tiene el ministro Chaves sobre el cual pesan una serie de acusaciones a las que tendría que responder en el momento que pierda la inmunidad», declaró Gordienko.

    El expresidente enfrenta acusaciones de la Fiscalía relacionadas con supuestas estructuras paralelas de financiamiento electoral y un presunto uso irregular de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Durante la anterior legislatura, la oposición no consiguió los votos para retirarle la inmunidad por el caso del BCIE, cuando todavía ejercía la presidencia.

    Tampoco prosperó una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para levantarle el fuero por presunta beligerancia política, relacionada con su intervención en la campaña electoral de 2026. Chaves conserva actualmente la inmunidad por su cargo ministerial en el Gobierno de Fernández, quien se presentó como la «heredera» del exmandatario y representante de la «continuidad» de su proyecto político.

     

  • Dictaminan incorporación de fondos de préstamos para becas, carreteras e inicio de un proyecto contra las inundaciones en presupuesto 2026

    Dictaminan incorporación de fondos de préstamos para becas, carreteras e inicio de un proyecto contra las inundaciones en presupuesto 2026

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes tres dictámenes favorables que presupuestan para este años fondos de tres préstamos del BID: dos reformas implican las primeras erogaciones de los créditos, y una –de mejoramiento de calles rurales– eroga más fondos de un crédito 59.9 % ejecutado.

    Con las reformas, que serían aprobadas en la sesión plenaria del miércoles, se incorporarán los primeros $9.98 millones de un préstamo de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al presupuesto 2026 para el financiamiento de 14,000 becas de jóvenes en situación de escasos recursos que cursan estudios en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas; y $30,000 para consultores, equipo informático y un equipo coordinador para ejecutar el programa.

    El proyecto «Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador» se ejecutaría en 5 años con 12,000 becas anuales, transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, y atención a 1,000 personas retornadas con potencial de reintegración. Se desconoce si los beneficiarios son 60,000 jóvenes o son los mismos 12,000 que estudiarán los cinco años sus cursos vocacionales o carreteras universitarias o técnicas.

    Una segunda reforma incorporará $9.8 millones al presupuesto 2026 para mejorar las rutas del desvío El Nance, desvío Barrancones – Piedras Blancas, en el municipio de Pasaquina, La Unión; y el tramo Miramundo – Río Chiquito, distritos La Palma y San Ignacio, en Chalatenango, con fondos de un préstamo de $100 millones del BID de los cuales aún hay $40 millones disponibles.

    Una tercer reforma sí implica la erogación de los primeros fondos de un préstamo del BID para hacer obras que buscan prevenir las inundaciones. Sin embargo, la incorporación de $200,000 de un préstamo de $150 millones serviría para instalar la unidad ejecutora del proyecto. Este proyecto es el que promete hacer obras en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, y en la colonia Médica, de San Salvador, que eviten las inundaciones.

  • Avalan aumento de $50 millones a garantía crediticia del FSV ante BCIE para dar créditos hasta $45,000 o $100,000 para vivienda

    Avalan aumento de $50 millones a garantía crediticia del FSV ante BCIE para dar créditos hasta $45,000 o $100,000 para vivienda

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable que aumenta la garantía soberana del Estado en $50 millones a un préstamo del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de otorgar a los salvadoreños créditos para vivienda hasta por $45,000.

    La modificación será ratificada en la sesión plenaria del miércoles mediante el dictamen favorable 275 de la Comisión, aprobada hoy de manera unánime.

    Según Hacienda, los créditos hipotecarios para viviendas de interés social en los distintos programas financiados con fondos del BCIE tendrán plazos de pago que van desde los 25 hasta los 30 años.

    De acuerdo con la subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, el crédito del BCIE será de $103.7 millones para préstamos de vivienda con precios de hasta $45,000 o hasta $100,000 en sus distintos programas:

    Vivienda nueva: para sector formal ofrece un plazo de 30 años; y para familias con ingresos variables, un plazo de hasta 25 años.

    Crédito Casa Joven: para vivienda nueva o usada a jóvenes entre 18 y 35 años, con un plazo hasta 30 años. Puede ser hasta de $100,000 según Reyes. Financia hasta el 100 % del precio de la vivienda, gastos de escrituración.

    Vivienda cercana: dirigido a los salvadoreños en el extranjero, el plazo de hasta 25 años.

    Casa Mujer: a mujeres solteras, viudas y vulnerables, jefas de hogar, entre 26 y 50 años, para vivienda nueva o usada, con un plazo de hasta 30 años.

    Vivienda en altura: financia apartamentos, nuevos o usados, a un plazo de hasta 30 años. El monto del financiamiento puede ser hasta $100,000.

    El BCIE ya aprobó el aumento del crédito al FSV a inicios de este año.

    La subdirectora Reyes detalló que se está aumentando la línea de crédito 2178 del FSV y que la autorización para modificar el contrato de garantía soberana se aprobó mediante el decreto legislativo del 23 de septiembre de 2026. Dicha modificación fue suscrita el 19 de octubre. Reyes aseguró que esta aprobación es importante porque el acceso a la vivienda digna es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias.

    Los requisitos para obtener un crédito del FSV son ser empleado activo con 6 meses mínimo de cotizaciones al sistema de ahorro para pensiones o trabajadores del sector ingreso variable con un mínimo de 2 años de actividad económica, tener un máximo de 69 años de edad, sujeto a seguro de deuda, tener capacidad de pago, buen récord crediticio en el sistema financiero y estar solvente con el Ministerio de Hacienda, según el FSV.

    De acuerdo al sitio web de la institución, para vivienda usada, la tasa de interés oscila entre el 7.5 % y el 10 % anual hasta 25 años plazo con una prima del 35 % sobre el precio de venta de un inmueble. Para vivienda nueva, la tasa de interés oscila entre el 4 % y el 8 % anual, dependiendo del monto.

  • Asamblea ratificó acuerdo comercial con Belice que favorece 422 productos salvadoreños

    Asamblea ratificó acuerdo comercial con Belice que favorece 422 productos salvadoreños

    La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó con 58 votos un acuerdo comercial de alcance parcial con Belice, que permitirá el ingreso de 422 productos salvadoreños al mercado de ese país bajo condiciones arancelarias preferenciales, con el objetivo de facilitar el intercambio de mercancías y ampliar las oportunidades comerciales entre ambas naciones.

    El convenio, suscrito el 13 de agosto de 2026, establece que 316 productos manufacturados salvadoreños podrán ingresar a Belice sin pagar aranceles, mientras que otros 106 tendrán reducciones parciales de impuestos. Estas disposiciones buscan mejorar la competitividad de las empresas nacionales y facilitar su participación en el mercado beliceño.

    Por su parte, El Salvador concederá beneficios arancelarios a 276 productos procedentes de Belice, de los cuales 194 estarán exentos del pago de impuestos de importación y otros 82 recibirán reducciones parciales. Las preferencias comerciales serán aplicadas de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría de mercancías.

    Entre los sectores salvadoreños que podrán aprovechar el acuerdo se encuentran la industria metalmecánica, las empresas químicas, la producción de papel y cartón, los textiles y la confección, así como los fabricantes de plásticos, cauchos y productos agroindustriales.

    Reducción de aranceles y nuevas oportunidades comerciales

    En el caso de las mercancías procedentes de Belice, las preferencias arancelarias beneficiarán a productos elaborados con pieles y cueros, manufacturas de piedra, muebles y artículos de madera, entre otros bienes incluidos en las listas negociadas por ambos países.

    El acuerdo contempla márgenes de preferencia arancelaria que oscilan entre el 25 % y el 100 %, dependiendo del producto y de su clasificación. Además, permite revisar, modificar y ampliar las listas de mercancías beneficiadas, lo que abre la posibilidad de negociar nuevas condiciones de acceso comercial en el futuro.

    El instrumento también incorpora disposiciones para simplificar los procedimientos aduaneros y establecer reglas de origen, mediante las cuales se determinará qué productos cumplen los requisitos para recibir las preferencias arancelarias. Estas medidas buscan facilitar las operaciones de importación y exportación entre El Salvador y Belice.

    Asimismo, el convenio promueve la inversión y la cooperación económica y técnica entre ambos países, mediante encuentros empresariales, intercambio de información, transferencia de tecnología y programas de capacitación. Estas iniciativas estarán orientadas a fortalecer la producción, impulsar las exportaciones y ampliar las oportunidades de participación de las empresas en nuevos mercados.

     

  • Aprueban prórroga 56 del régimen de excepción, gobierno detecta conductas sobre financiamiento de estructuras delictivas

    Aprueban prórroga 56 del régimen de excepción, gobierno detecta conductas sobre financiamiento de estructuras delictivas

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga 56 del régimen de excepción que mantiene suspendidos tres derechos constitucionales en el país relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones, tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas y derecho de defensa y a ser informado de la razón de la detención.

    Los artículos de la Constitución que, según el decreto, están suspendido son los 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

    El gobierno sostiene en su solicitud que en el trabajo reciente de investigación ha detectado “conductas orientadas al financiamiento y al apoyo logístico de estructuras delictivas” y “actividades de comunicación y reclutamiento destinadas a conservar vínculos entre sus integrantes”, “facilitar la ejecución” de delitos y “generar condiciones para su eventual reorganización”.

    También, en su solicitud, detalla que “se han identificado acciones aisladas” que reproducen “el modo de operar de las pandillas” dirigidas a “mantener mecanismos de vigilancia, identificación y control sobre determinados espacios o comunidades”.

    De acuerdo al Gobierno, esto evidencia “la persistencia de dinámicas criminales” que buscan la “continuidad, adaptación o rearticulación” de las pandillas.

    En su solicitud de la prórroga 56, el Gobierno reporta 1,346 días sin homicidios durante el actual gobierno y la captura de 93,334 “personas vinculadas a estructuras criminales” durante el régimen de excepción. En anteriores solicitudes se han referido a los arrestados como “terroristas”.

    El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 luego de una matanza de 87 personas durante los días 25, 26 y 27 de marzo.

    El régimen de excepción es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que argumentan que también es una herramienta utilizada para la persecución política y con la cual se han cometido capturas arbitrarias, torturas y muertes de personas detenidos bajo custodia estatal.

    La prórroga 56 iniciaría su vigencia el 28 de octubre de 2026 hasta el 27 de noviembre de 2026.

    “Esto no va a ser todo el tiempo, esto va a terminar a la medida que la última polilla, que el último gusano que está en esa herida no esté. Esto no va a ser eterno”. Reynaldo López Cardoza (PCN).

  • Fiscalía registra 10,561 condenas contra pandilleros durante régimen de excepción

    Fiscalía registra 10,561 condenas contra pandilleros durante régimen de excepción

    Al menos 10,561 integrantes de estructuras criminales han recibido condenas judiciales desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022, informó este martes el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante una presentación ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    El funcionario explicó que la mayoría de los condenados pertenece a estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18. Los datos corresponden a los procesos judiciales desarrollados contra miembros de estas organizaciones y tienen como fecha de corte el 16 de octubre de 2026.

    «En el combate a las pandillas, la Fiscalía dirige la investigación y judicializa los casos. Hasta el 16 de octubre hemos obtenido 10,561 condenas contra miembros de estructuras criminales», informó Delgado durante su intervención ante los diputados.

    El fiscal general también señaló que el 98 % de los imputados cuyos procesos llegaron a la etapa de juicio recibió una condena, mientras que el porcentaje restante corresponde a personas que no fueron condenadas. Aclaró que esta proporción se refiere únicamente a los expedientes que ya fueron sometidos a una vista pública.

    «Del total de imputados con sentencia, el 98% ha sido condenado, es decir, solamente un pequeño margen de estas personas, son las que actualmente han quedado en libertad y esos números y estos porcentajes se refieren exclusivamente a los casos que ya pasaron a la etapa de de juicio o vista pública», explicó el titular de la Fiscalía.

     

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    De acuerdo con lo expuesto por Delgado, las estadísticas presentadas no comprenden la totalidad de las personas detenidas durante el régimen de excepción, sino exclusivamente los casos que avanzaron hasta obtener una resolución judicial. Delgado sostuvo que el número de condenas seguirá creciendo cuando los procesos judiciales sigan avanzando.

    El fiscal recordó que la institución tiene a su cargo la dirección de las investigaciones y la presentación de los casos ante los tribunales correspondientes.

    Las cifras fueron divulgadas durante una sesión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de presupuesto general de la nación para 2027.

    El presidente Nayib Bukele reveló el viernes 16 que unos 96,457 privados de libertad están relacionados con las pandillas. Según las cifras expuestas, 42,125 son considerados homeboys, es decir, miembros plenos de estas estructuras; otros 25,910 son integrantes que todavía no completaron su incorporación formal; 17,793 fueron identificados como paros o colaboradores habituales, mientras que 10,629 corresponden a personas señaladas como colaboradores ocasionales.

     

     

  • Academia de Policía ha graduado a más de 800 profesionales y técnicos este año

    Academia de Policía ha graduado a más de 800 profesionales y técnicos este año

    La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) contabiliza 893 profesionales policiales formados durante 2026, entre 469 técnicos policiales y 424 licenciados en Ciencias Policiales, informó este martes el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, en un informe ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    «Nuestra Academia Nacional de Policía no ha sido la excepción en esta modernización a la fecha en lo que va del año, tenemos 469 técnico policiales y 424 licenciado en ciencias policiales», informó durante su presentación ante los legisladores.

    Villatoro también informó que 1,382 agentes culminaron su formación para ascender a la categoría de cabo, como parte de los procesos de capacitación y desarrollo profesional dentro de la PNC. Esta cifra corresponde a personal que completó la preparación requerida para optar al ascenso, según los datos presentados ante los legisladores.

    A estos resultados se suman 12 nuevos subinspectores del Nivel Ejecutivo, incluidos entre los avances de formación de mandos policiales. El funcionario mencionó estas cifras al explicar los diferentes niveles de preparación que desarrolla la institución para fortalecer las capacidades de sus integrantes.

    La formación policial también incluye conocimientos del idioma inglés y el manejo de herramientas tecnológicas, entre ellas las aplicaciones ONI y CIR. Estos contenidos forman parte de la preparación que reciben los integrantes de la corporación policial, de acuerdo con la información proporcionada durante la presentación.

    Asimismo, Villatoro destacó que los agentes de la PNC cuentan con cursos de formación continua impartidos mediante modalidad virtual. Este mecanismo permite desarrollar actividades de capacitación dirigidas al personal policial como parte de los programas de actualización de conocimientos.

    El ministro adelantó que una nueva promoción de oficiales se encuentra próxima a ser juramentada, junto con otra promoción de alumnos que pasarán a integrar la Policía Nacional Civil.

     

     

  • Diputados inician estudio del proyecto de presupuesto del Estado para el año 2027

    Diputados inician estudio del proyecto de presupuesto del Estado para el año 2027

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició este viernes 9 de octubre el estudio del proyecto del proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2027, con la defensa del ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, sobre un plan de gastos de $12,421 millones.

    El presupuesto se financiará de $10,419.2 millones de ingresos corrientes, $32.1 millones de ingresos de capital y $1,969.8 millones de financiamiento externo, dentro de los cuales $515 millones se obtendrán de una nueva emisión de títulos valores que deberá autorizar la Asamblea junto a la ley de presupuesto.

    Hacienda explicó que para el próximo año proyectan $9,569 millones de ingresos tributarios, con un incremento de $1,220 millones. El funcionario destacó que «crecer a los niveles que estamos creciendo no es algo que se deba ver como algo menor».

    Al final de la sesión, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, mencionó que hay «un trabajo súper fuerte de recaudación fiscal».

    «Es un trabajo súper fuerte de recaudación fiscal, el hecho de que los salvadoreños están fortaleciendo sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos, hace también que los salvadoreños sean más responsables fiscalmente». Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

    El ministro de Hacienda detalló que el presupuesto 2027 tendrá un aumento de 1.9 % en las remuneraciones estatales, que los bienes y servicios se incrementan en un 28.3 %, los gastos financieros disminuyen en 16.4 %, que el programa de inversión pública aumenta en $940.1 millones, en un 45.9 % y que la amortización de la deuda interna aumenta 34.2 %.

    Durante la reunión, el ministro de Hacienda se comprometió a pagar los intereses adeudados por el Estado con el Fondo de Pensiones, ante una pregunta de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. El titular mencionó que seguramente se presentará ante la Asamblea Legislativa con los instrumentos para honrar el pago de los intereses que dejaron de cancelarse durante un periodo de gracia negociado para los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) entre el Estado y las AFP.

    «Las pensiones están garantizadas», prometió la diputada Callejas, por su parte. La legisladora dice que «esta reestructuración es lo que el país necesita para poder avanzar».

    Al final de la comisión, los diputados acordaron la siguiente calendarización para recibir a los siguientes ministerios e instituciones:

    • Fecha dos (próximo lunes 12 de octubre): Ministerios de Seguridad y Defensa y Fiscalía.
    • Fecha tres: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Nacional de Obras Municipales (DOM) y Ministerio de Desarrollo Local.
    • Fecha cuatro: Fondo de Conservación Vial (Fovial), Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente.
    • Fecha cinco: Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), Ministerio de Gobernación.
    • Fecha seis: Ministerio de Educación.
    • Fecha siete: Ministerio de Economía, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud.
    • Fecha ocho: Ministerio de Cultura, Corte de Cuentas de la República y Órgano Judicial.

     

    Durante la reunión, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, destacó el aumento presupuestario en el área de educación y aseguró que “antes había dinero para pactar con las pandillas”. Señaló que el gobierno actual está invirtiendo siete veces más que el gobierno de Francisco Flores, cuatro veces más que el gobierno de Mauricio Funes y tres veces más que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Soriano señaló que este año se invertirán “$940 millones más” en infraestructura respecto al año pasado. “Quien se oponga a este presupuesto no merece ninguna credibilidad”, dijo.

    Por su parte, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que grandes proyectos se están planificando para el país. “Hemos visto la cantidad de turismo que ha venido al país, un millón y pico de personas”, afirmó. Señaló que antes del gobierno de Nayib Bukele “la empresa privada había mermado en inversión”. Agregó que ha visto que el gobierno “ha estado” en San Salvador Norte con más de 10 proyectos de “Dos escuelas por día” y que “las clínicas y hospitales están revitalizados” en dicho municipio. “No es cierto que este país va en retroceso”, aseveró.

  • Ministro dice que acudirá a Asamblea en 2027 con instrumentos para pagar intereses adeudados al Fondo de Pensiones

    Ministro dice que acudirá a Asamblea en 2027 con instrumentos para pagar intereses adeudados al Fondo de Pensiones

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, prometió este viernes que el Estado salvadoreño honrará sus deudas con los ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) respecto a los intereses dejados de pagar durante cuatro años por un periodo de gracia renegociado a partir de la reforma de pensiones de 2022.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le preguntó al ministro el monto de la deuda previsional en estos intereses dejados de pagar y si el déficit fiscal del Estado incluye la deuda previsional.

    El funcionario respondió que la Ley integral de pensiones aprobada en 2022 “estableció un periodo de gracia” que vence el próximo año y que están “incorporando los pagos necesarios para atender esas obligaciones”.

    “Tenemos una Ley de sostenibilidad fiscal, en nuestras proyecciones fiscales estamos incorporando los recursos necesarios para atender esas obligaciones que vencen el próximo año”, afirmó.

    “El gobierno nunca ha dejado de atender esas obligaciones de deuda nacional, internacional, no lo hará el próximo año”, prometió el titular de Hacienda.

    Ortiz citó el informe del FMI para aseverar que se estima una deuda en intereses dejados de pagar por $2,327 millones y preguntó por qué en el presupuesto solo se han programado $250,000. El funcionario corrigió a Ortiz, confirmando que el presupuesto prevé $250 millones de gasto previsional para el 2027.

    “En cuanto a los $2,000 millones (de deuda estatal en intereses con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP), yo mencioné que está incorporado en nuestras proyecciones fiscales, que es diferente. Ahí están incorporadas todas las estimaciones necesarias para darle cobertura a esa deuda. El Gobierno no va a dejar de atender sus compromisos y en su momento, el próximo año, seguramente vendremos a esta Asamblea Legislativa con los instrumentos necesarios para poder atender a estos pagos, a estos compromisos”, reveló.

    La diputada de Vamos le preguntó cuál es la estrategia para honrar esa obligación previsional.

    El ministro le respondió que “el gobierno actualmente está en definición todavía” y que “lo único” que podía confirmar es que «se atenderá con responsabilidad y en tiempo las necesidades del Fondo de Pensiones y los recursos que sean necesarios para atender los compromisos del próximo año”.

    De acuerdo con el compromiso adoptado por el Estado salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe publicado el 1 de octubre en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Estado entregará un nuevo certificado a las AFP para pagar la mayoría de los intereses dejados de pagar durante ese periodo.

    Dicho certificado estatal será adquirido por las AFP, según el informe del FMI, y tendrá un plazo de 46 años, con cuotas semestrales a partir de octubre a una tasa anual del 7 % y sin periodo de gracia. El ministro no confirmó esta forma de pago que en la práctica se originaría de deuda.

    El funcionario no detalló si esta deuda previsional del Estado en intereses acumulados en el periodo de gracia otorgado por las AFP está incluida en el déficit fiscal del Estado.

    Lectura recomendada: Pensiones: Estado reconocerá $2,300 millones de intereses no pagados a las AFP, la mayoría en 46 años al 7 % de interés