La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos para el funcionamiento del Programa del Cuerpo de Paz en El Salvador.
El acuerdo fue firmado el pasado 7 de septiembre de 2023 luego de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera restablecer las operaciones del Cuerpo de Paz (Peace Corps) en El Salvador, después de siete años de haberse retirado por la violencia que vivía el país por las pandillas.
El jefe del departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó a los diputados el acuerdo “contempla algunos aspectos de “algunas exenciones de impuestos” y que entrará en vigor hasta que los dos gobiernos se intercambien sus correspondientes notas.
Solo para fines de ilustración, detalló que deja de surtir efecto 90 días después de una denuncia por parte de uno de los dos países pero aclaró a los legisladores del partido cian que “no es lo que se busca”.
El acuerdo del Programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en El Salvador se estableció en 1962 pero se retiró en dos ocasiones, en 1979 por la guerra y en 2016 por la violencia en El Salvador, y se restableció en 2023.
La Asamblea Legislativa no publicó el acuerdo, sino solo un resumen ejecutivo de dos páginas que dice que el acuerdo tiene 10 artículos y que determina “las responsabilidades de ambos gobiernos” sobre “supervisión, capacitación, protección, financiamiento y facilidades administrativas, migratorias, tributarias y aduaneras necesarias” para el funcionamiento del programa.
¿Contrapartida o gastos?: las preguntas
La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, dijo que era una iniciativa bastante interesante y que El Salvador recibirá “bastantes beneficios”.
El diputado Raúl Chamagua, del mismo partido, aseguró que “la línea de política exterior” del presidente Nayib Bukele “siempre necesita estar siempre fuerte, seguirse robusteciendo para obtener mejores beneficios” con socios estratégicos como Estados Unidos.
Chamagua dijo que en El Salvador “existe una libertad de expresión bastante abierta, exageradamente abierta diría yo” y agregó que sabe que en este acuerdo hay compromisos financieros “de ambas partes”. Preguntó cuáles serían los compromisos financieros para el establecimientos del cuerpo de paz en el país. Aseguró, después de la pregunta, que los votos serán “evidentemente a favor”.
El representante de Cancillería explicó que es “el gobierno mismo de Estados Unidos que otorga el financiamiento para poder llevar el financiamiento para poder llevar a cabo los programas y la cooperación a través del voluntariado” y reiteró que implica algunas exenciones para ciertos trabajos específicos. Recordó que, en materia tributaria, hay reserva de ley, es decir, solo la Asamblea Legislativa puede eximir de impuestos.
La diputada Evelyn Merlos, también de Nuevas Ideas, preguntó cuáles son los beneficios del acuerdo y cuál es la base legal de su funcionamiento. Landaverde insistió en que la base legal es que es una agencia federal creada por ley en los años sesentas para promover la paz y la amistad mundial.
“Lo que hace es poner a disposición de diferentes países a ciudadanos estadounidenses capacitados como voluntarios para poder satisfacer necesidades dentro de estas comunidades para poder fortalecer las áreas comunitario, agricultura, educación, salud, medio ambiente y desarrollo de la juventud. El beneficio es ese, poder llevar las capacidades”, indicó el funcionario.
Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), detalló que en el artículo 1, literal 4, del acuerdo dice que El Salvador sufragará la parte de los costos. Preguntó si El Salvador tendrá que sufragar una contrapartida para el mantenimiento de dicho cuerpo de paz. “¿Es correcto o me equivoco?”, preguntó.
El representante de Cancillería contestó que, si hubiese sido una contrapartida, “hubiera quedado expresa”. “Pueden haber varias situaciones”, prosiguió. Luego, valoró la posibilidad de que se esté solicitando para la exención de impuestos en la importación de “implementos” para los proyectos. Eso “puede ser la sufragación de gastos” pero será “acordado entre ambos gobiernos”, indicó.
Luego, el diputado Chamagua leyó el dictamen favorable para ratificar el acuerdo y todos los diputados oficialistas votaron a favor.
